Según estimaciones del Banco Mundial, en América Latina, cerca de la mitad de la población que vive en áreas rurales, no tiene acceso a servicios de saneamiento mejorado y aproximadamente un 20% aún no cuenta con agua potable. Dar respuesta a esta situación resulta crucial para la agenda del desarrollo económico y social de la región.
En 1999, con el propósito de identificar algunas buenas prácticas en el área rural, el Banco Mundial realizó el seminario-taller “Mejoramiento de la sostenibilidad de proyectos de agua y saneamiento en el área rural” en Cusco, Perú. Durante este seminario, uno de los temas claves que se consideró fue entender el alcance y la contribución de un enfoque basado en la demanda para la sostenibilidad de los servicios. Diez años después, en mayo del 2010, se tuvo una nueva oportunidad para revisar las lecciones aprendidas, los avances y los nuevos retos para el agua y saneamiento rural, dentro del marco del seminario, “Los desafíos del agua y saneamiento rural: una década después” también realizado en Cusco. En este segundo encuentro, bautizado como Cusco +10 se identificaron cinco desafíos que se consideraron cruciales para la década que se iniciaba que podrían ayudar a alcanzar la sostenibilidad de la provisión de los servicios de agua y saneamiento en el área rural.
En primer lugar, continúa el desafío de buscar la sostenibilidad del saneamiento básico rural. En respuesta a este desafío, se recomendó articular una visión integral entre inversiones en saneamiento básico con otras inversiones de agua potable y protección ambiental, al mismo tiempo que se busque contar con un menú de opciones de soluciones sanitarias para las familias sin acceso.
Segundo, se identificó el desafío de pensar más allá del ciclo del proyecto en cuanto al enfoque en base a la demanda.
Las virtudes del enfoque en la demanda son aceptadas para el ciclo del proyecto. Pero en varios contextos, no solo existen oportunidades para perfeccionar el enfoque en la demanda (procurando mayor inclusión de poblaciones marginalizadas, por ejemplo), sino también la posibilidad de incluir el enfoque en base a la demanda en decisiones estratégicas municipales de medio y largo plazo.
Tercero, existe el desafío de maximizar los procesos de la descentralización municipal para apoyar los servicios en áreas rurales. Se recomendó una mayor participación de la autoridad municipal en la promoción de la demanda y en la contribución de finanzas municipales; en la facilitación de asistencia técnica; y en el seguimiento y monitoreo de los servicios y la calidad de los recursos hídricos que afectan más de una comunidad rural.
Cuarto, se coincidió que uno de los desafíos pendientes es precisar políticas sectoriales y políticas financieras para el agua y saneamiento rural. Por lo tanto se recomendó buscar mecanismos para posicionar los temas del agua y saneamiento rural dentro del sector, promocionando una coherencia y alineación entre esfuerzos nacionales y de cooperación internacional.
Y quinto, se concordó sobre la importancia de apuntar a la sostenibilidad a largo plazo y los sistemas de monitoreo. En este sentido se precisó sobre la importancia de la sostenibilidad financiera para viabilizar metas a corto, mediano y largo plazos (por ejemplo, administración-operación-mantenimiento reposición- ampliación), como también la importancia de la sostenibilidad ambiental. El análisis de Cusco+10 coincidió que una pieza fundamental para esta sostenibilidad a largo plazo son los sistemas de monitoreo que siguen siendo escasos en la región.
Finalmente, la discusión durante Cusco+10 coincidió en cinco tendencias transversales que han aparecido durante los últimos años y que tendrán que ser parte de las estrategias para enfrentar los desafíos del próximo decenio. Estas tendencias transversales incluyen: (i) reconocer que existe una demanda diversificada; (ii) la importancia del manejo de los recursos hídricos; (iii) la importancia de la coordinación inter-sectorial; (iv) la gestión financiera de los servicios con una mirada al mediano y largo plazo; y (v) las alianzas público-privado-social como una herramienta para mejorar las sinergias.
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