Este artículo publicado en la Revista Polis parte señalando que, a diferencia de las grandes ciudades cuya demanda por agua es normalmente abastecida por empresas públicas o privadas, en las poblaciones rurales latinoamericanas se han creado sistemas de abastecimientos autónomos a partir de organizaciones comunitarias, algunas ya existentes, y otras creadas específicamente con ese propósito. En la actualidad, estas organizaciones comunitarias de agua potable rural se encargan de la administración y del mantenimiento de los sistemas de agua potable rurales y/o del saneamiento. Citando registros de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento el autor destaca la existencia de más de 80 000 organizaciones formales quienes entregan agua potable a más de 40 millones de personas

Especialmente se mencionan las Juntas de Agua y Comités de Desarrollo Comunitario de El Salvador, las Juntas Administradores de Acueductos Rurales de Panamá, las Asociaciones de Acueductos Comunales de Costa-Rica, las Juntas administradoras de Agua Potable de Ecuador, o las comunidades de agua de Venezuela forman una alternativa a sistemas municipales y públicos. En México, Honduras, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y República Dominicana los sistemas comunitarios, coexisten con sistemas privados, públicos o municipales. En Chile, los comités y cooperativas de Agua Potable Rural (APR) representan una alternativa a la privatización de zonas urbanas y demuestra en qué aspectos los sistemas comunitarios constituyen una alternativa de producción del agua potable con respecto a los sistemas públicos, municipales o privados.

A partir del caso chileno, el artículo intenta demostrar que los sistemas comunitarios rurales se fundamentan en una economía substantiva que genera una territorialización y patrimonialización del agua. En un contexto de privatización y mercantilización, los comités se ven afectados o transformados, asimilándose a modos de administración capitalistas privados. Sin embargo, estrategias y campañas de solidaridad impulsadas por organizaciones locales, nacionales y transnacionales, emergen para defender su forma alternativa de producir el agua potable.

Las organizaciones comunitarias son organizaciones sin fines de lucro, conformadas por los habitantes de una localidad rural concentrada, cuyo objetivo es abastecer en agua potable a sus miembros, respectando los criterios de calidad, continuidad y asequibilidad del servicio. La directiva de las organizaciones tiene que captar, potabilizar y administrar el servicio de distribución, y en algunos casos recaudar y tratar las aguas servidas -aunque es mayoritario el uso de un pozo negro o fosas sépticas-. Su particularidad reside en el funcionamiento democrático interno: las decisiones se toman en asamblea, la cual elige a un directorio por un mandato anual. La tarifa del agua, fijada por la asamblea o la directiva, permite cubrir los gastos en inversiones de mantenimiento y extensión de redes. Poseen una concesión de uso de los recursos hídricos, respetando los códigos de agua o leyes de agua nacionales. Los sistemas son creados bajo una iniciativa colectiva local, un programa nacional o una Organización No Gubernamental (ONG). Las formas de gestión son muy variables en función de las capacidades de funcionamiento internas, las realidades sociales y culturales de la comunidad y sus condiciones de formalidad o informalidad.

La economía substantiva esta empotrada en las reglas sociales, culturales y políticas que rigen ciertas formas de producción y de circulación de los bienes y servicios. Este acoplamiento se diluye cuando se produce un proceso de excesiva mercantilización de la economía.

En la esfera del agua los procesos de mercantilización y de privatización son el producto de la aplicación de una definición formal de la economía . El artículo analiza el caso chileno, el cual ilustra el proceso de privatización llevado a cabo en la mayoría de las ciudades latinoamericanas en los años 1990 y un proceso de mercantilización de los más extremos del continente.

Para el autor, la constitución del agua como una mercancía ficticia comienza en 1977 y alcanza su paroxismo con la proclamación del código de aguas de 1981