En el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) vigente al año 2014, que entre otros objetivos estaba orientada a disminuir la vulnerabilidad hídrica y de infraestructura para el desarrollo integral de las localidades aisladas de la RMS,  el Gobierno Regional encargó la elaboración de este extenso estudio (233 páginas) cuyo objetivo principal fue generar un diagnóstico y propuestas de solución para la definición de un plan de inversión regional en saneamiento sanitario, agua potable y alcantarillado, para las localidades rurales de la Región Metropolitana de Santiago. Adicionalmente se plantearon los siguientes objetivos específicos: 1) Actualizar y completar la información del déficit en materia de agua potable y alcantarillado en las localidades rurales de la región, y estimar los requerimientos futuros acorde a las proyecciones de población y económicas con horizonte al año 2020; 2) Relacionar la información del déficit de saneamiento sanitario con diversas variables de carácter socioeconómico, psicosocial, comunitario (entorno organizacional, por ejemplo), e institucional (municipios, empresas concesionarias, etc.) que pudiesen incidir en la formulación y ejecución de las inversiones, como también en la futura gestión y mantención de las soluciones propuestas. 3) Proponer escenarios y alternativas de inversión en las localidades de estudio, considerando aspectos jurídicos y normativos, técnicos, sociales, económicos, así como estimaciones sobre el tiempo y costos para las etapas pre y post inversión.

La etapa de diagnóstico, se realizó con los stakeholders involucrados: municipios, fiscalizadores, usuarios, operadores y la unidad técnica y concluyó con que los sistemas de APR en la RMS funcionan de manera adecuada, independiente de los problemas que pudieron detectarse.

Respecto de la infraestructura sanitaria existente en el sector rural, así como el nivel de cobertura tanto en agua potable como en alcantarillado y saneamiento, este estudio concluye que dista de los niveles alcanzados por los operadores que actúan en las zonas urbanas de la Región Metropolitana. Con el objeto de revertir o al menos mitigar este efecto, el trabajo entrega un diagnóstico de la situación actual de los comités y cooperativas de agua potable rural de la región Metropolitana de Santiago con el fin de identificar y dimensionar los requerimientos de inversión para los próximos 20 años.

Durante la etapa de diagnóstico se consultó información disponible en el INE, DOH, Municipalidades, DGA, GORE RMS, SUBDERE y la Unidad Técnica de Aguas Andinas. También se levantó información en terreno, lo que permitió caracterizar el funcionamiento operativo, administrativo, financiero, social y cultural de los comités y cooperativas de APR. Se visitaron 49 de los 104 APR existentes en la RMS, distribuidos en 20 comunas rurales. Junto con lo anterior, se efectuaron 150 encuestas a usuarios, cinco entrevistas a municipalidades además de entrevistas en profundidad a la UT de AA, DOH, DGA, SEREMI de Salud, GORE RMS y la directiva nacional de APR.

Entre algunos aspectos relevantes se observó que la situación de los derechos de agua en la RMS es delicada, pues gran parte de los acuíferos se encuentra sin disponibilidad para solicitar nuevos derechos. Un 28,6% de los sistemas de APR en la RMS no cuenta con derechos de agua constituidos. Esto refleja una situación precaria en términos de la seguridad en la explotación de la infraestructura de producción de los sistemas. El estudio propone avanzar con celeridad en el proceso de constitución de los derechos de agua.

En general los sistemas de APR cumplen con las normas de calidad del agua, siendo bastante riguroso en éste ámbito. Los problemas de calidad del agua informados están asociados con presencia de arsénico en Colina y Lampa, nitratos en Pudahuel, agua dura en María Pinto y Colina y turbiedad en San José de Maipo.

Uno de los principales problemas detectados es la incertidumbre sobre la continuidad del servicio, seguido de problemas de presión y en tercer término la disponibilidad de agua cruda.

Los sistemas de APR de la RMS en su mayoría cubren sus costos operaciones no dejando margen para el financiamiento de la reposición de la inversión, esto genera en problemas de rezago de inversiones y compromete la calidad de servicio.

El financiamiento de las inversiones de los sistemas de APR descansa en los subsidios a la oferta provenientes del Estado, con los rezagos propios del proceso de generación y ejecución de la cartera de proyectos que en este ámbito se dan.

Se detectó que existen comités y cooperativas que desconocen los programas de financiamiento para la reposición de equipos y ampliación de infraestructura, ni tampoco cómo postular a ellos.

Los bajos márgenes de operación dan cuenta entre otros aspectos, de un bajo nivel tarifario, junto con problemas de manejo de la cartera de cobranza y eficiencia en la administración.

El nivel de profesionalización del recurso humano en los sistemas rurales de la RMS es bajo, requiriéndose entre otros aspectos un plan de capacitación activo para las labores básicas que requiere una administración adecuada.

La política de corte de suministro por no pago maneja un rango de 60 días, por lo cual esto obliga a un mayor capital de trabajo para la operación.

Los sistemas carecen de un plan de mantenimiento estructurado y programado, lo que afecta el estado de conservación de la infraestructura y por tanto el nivel de servicio.

La planificación de las inversiones en los sistemas rurales es limitada y escasa. En el ámbito de la generación, éstos responden a un horizonte de mediano plazo no permitiendo absorber requerimientos de largo plazo, lo que implica que en el corto y mediano plazo no haya factibilidad técnica para absorber el crecimiento.

La DOH, a través de la UT de AA, cumple un rol de apoyo técnico operacional y de gestión a los sistemas de APR mediante visitas anuales o bianuales de profesionales que instruyen a la directiva en aspectos técnicos, facturación, contabilidad, prevención de riesgos y asistencia social y legal. Existen opiniones divididas en cuanto a la efectividad de la UT de AA, pues algunos de los sistemas manifestaron disconformidad con el servicio y el objetivo de la visita.

Del punto de vista de los APR los requerimientos más frecuentes en términos de infraestructura y equipamiento, dice relación con el cambio y ampliación de matrices, construcción de pozos, derechos de agua, bombas impulsoras, regularización y disponibilidad de terrenos, estanques, válvulas de corte, ampliación y cambios de redes.

A nivel de usuarios, el principal requerimiento está enfocado en la necesidad de disponer un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas de aguas servidas, lo que, desde el punto de vista técnico de los APR, es un requerimiento poco factible de entregar.

De total de los sistemas visitados, sólo seis tienen alcantarillado y soluciones de tratamiento de aguas servidas. En todo caso estas soluciones abarcan una porción mínima de la población abastecida en estos sistemas y respondieron a desarrollos inmobiliarios de viviendas sociales que fueron construidos con redes de alcantarillado y soluciones particulares de tratamiento, las cuales fueron entregadas como aportes de terceros a los sistemas rurales para su operación y mantenimiento.

En términos generales la relación de los comités de APR con la comunidad es buena pero distante, por ello su calificación de regular. La gente no asiste a las reuniones organizadas por la directiva sino se le aplican multas.

Los APR como comités y cooperativas son organizaciones autónomas que no dependen del municipio, sin embargo, pertenecen a la comunidad. Esta misma independencia hace que en general no existan puntos importantes de fricción. Sin embargo, esta misma independencia, hace que la relación sea más lejana.

La unidad técnica de Aguas Andinas, contrata por la DOH, están constantemente en contacto con los comités y cooperativas de APR. Sin embargo, la experiencia en general es clasificada como regular. Está internalizada la sensación de que Aguas Andinas, al ser un operador consolidado, quiere absorberlos para que sean parte del área operacional de la empresa, y así lucrar de ello.

La relación con la DOH se da básicamente por la financiación de los planes de inversión requeridos por los comités de APR, los cuales constituyen un subsidio directo a la inversión. Es por esta razón que la relación es particularmente positiva. No obstante, existe una queja generalizada en cuanto a la lentitud con que la DOH adjudica los fondos necesarios para ejecutar los planes de obras de mejoramiento y ampliación de los sistemas de APR, con los consecuentes efectos adversos en la calidad de servicio para con los usuarios.

A diferencia de la DOH, el GORE RM canaliza los recursos a través de los municipios, en este contexto se ha podido detectar que es una identidad desconocida por parte de los comités de APR.

En lo referente a los resultados de la encuesta efectuada a los usuarios de los sistemas de APR de la RMS, se puede concluir lo siguiente:

La mayor parte de los usurarios no percibe problemas de continuidad de servicio. En términos de las obras de infraestructura más necesarias y urgentes, la comunidad considera que en primer lugar es necesario la incorporación de alcantarillado y saneamiento, en segundo lugar, pavimentación y vialidad y en tercera mención obras de agua potable.

Los usuarios no perciben problemas relevantes de corte o suspensión periódica del suministro. Cerca del 90% de los usuarios considera que la calidad del agua potable es regular o buena. En general la población tiene una percepción aceptable de las gestión de los sistemas de APR. La encuesta revela que en términos de pecios cobrados el agua es más cara donde es más difícil obtenerla y los precios disminuyen donde es más fácil captarlas, lo que ocurre en las partes más bajas de la cuenca.

El total de las inversiones requeridas para satisfacer las necesidades de recursos de los sistemas de APR de la RMS, alcanza a $376.441 millones. Este monto incluye necesidades de adquisición de derechos agua; inversiones pertinentes para absorber las necesidades de capacidad instalada requeridas para el crecimiento de la demanda en infraestructura de producción y distribución de agua potable; reposición de instalaciones y equipos existentes por vida útil; y recursos para el desarrollo de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en un período de previsión de 20 años. Cabe hacer notar que esta cifra corresponde a la suma lineal de requerimientos de inversión para dicho período y no está expresada en valor presente.

Los montos de inversión abarcan las necesidades de ampliación y mejoramiento para los 104 sistemas rurales constituidos en la RMS más los recursos necesarios para constituir 34 nuevos sistemas de APR para localidades semiconcentradas y 52 caseríos. En los APR no constituidos asociados a las localidades rurales semiconcentradas y caseríos, se estima una inversión necesaria de $29.745 millones.

Un valor del orden de $2.000 millones se requieren para adquirir nuevos derechos para afrontar las necesidades actuales y futuras de los sistemas rurales.

21 de los 104 sistemas de APR existentes, cuentan con proyectos de mejoramiento y habilitación de infraestructura en proceso de desarrollo por parte de la UT de AA por un monto de $15.975 millones.

Para 83 de los 104 sistemas de APR existentes en la RMS, se estima un volumen de inversión de $45.384 millones para los próximos 20 años en infraestructura asociada a la capacidad de los sistemas, tales como, construcción de estanques, redes de distribución y arranques de agua potable. Está inversión permite abordar las necesidades de actuales por conexión de la red de agua potable y las previstas en el futuro por los aumentos de población.

La inversión en reposición de infraestructura asciende a $56.297 millones y considera el reemplazo de instalaciones, tales como, pozos, bombas, estanques y redes por vida útil técnica agotada por un período de 20 años. Estas inversiones junto con una política de mantenimiento preventivo, permitirá mantener la correcta operación de los sistemas y la calidad del servicio.

Las inversiones en alcantarillado y tratamiento de aguas servidas se estiman en $211.299 millones, considerando un esquema no colectivo de tratamiento de las aguas. Se reconoce que la no existencia de tratamiento de las aguas servidas tiene un impacto negativo sobre la salud pública, pues conlleva una multiplicidad de enfermedades en la población, particularmente a niños menores de 5 años y adultos mayores, así como también efectos negativos en el desarrollo agrícola. Esto plantea la necesidad de la actuación del Estado para mitigar los efectos de mantener una provisión de estos servicios por debajo del aceptable socialmente

Finalmente se considera un total estimado de $7.843 millones para inversiones no operacionales, asociadas a vehículos, sedes, sistemas de información, computadores, capacitación y otros elementos esenciales para la adecuada operación de los sistemas rurales por un período de 20 años.

Para los efectos de la priorización de las inversiones, se percibe particularmente prioritaria la constitución de nuevos APR debido a que se trata de comunidades semiconcentradas que no cuentan con acceso a agua potable, siendo esta la principal urgencia. En segundo orden se encuentra la inversión en adquisición y regularización de derechos de aguas para dotar de mayor capacidad de agua a los APR existentes. En tercer orden se encuentra el déficit de capacidad instalada, pues se refiere al aprovisionamiento de agua de las nuevas familias que se van adhiriendo al sistema. Este problema deriva en una menor calidad, cortes de suministro y problemas de presión, sin embargo, a pesar de ello, se dispone del recurso para lo básico.

En cuarto orden está el equipamiento operacional, pues el existente, a pesar de su antigüedad, funciona y además los APR aplican mecanismos de operación y gestión para poder financiar un plan de reposición básico. En quinto orden se encuentra el equipamiento administrativo como apoyo a la gestión. En sexto lugar aparece la inversión en reposición de infraestructura y obras civiles.

En último orden se encuentra la inversión en sistema de saneamiento y alcantarillado. Que si bien es cierto, se trata de un aspecto fundamental en el cuidado del medio ambiente y salud de la población, no es menos cierto que del punto de vista técnico, la viabilidad de su implementación es prácticamente nulo, pues por una parte, en casi la totalidad de los casos, no existe el conocimiento técnico por parte de las directiva de los APR para poder administrar y operar esta fase del proceso, y por otro lado el tamaño de los sistemas no justificaría una solución a priori por las des economías de escala bajo el esquema de plantas de tratamiento y disposición.

Es importante destacar los recursos complementarios para una gestión óptima del sistema de APR de la RMS, indicados en la fila inferior del esquema anterior. Cada proyecto requiere recursos para estudios y diseños de mínimo $25 millones cada uno, que según las características del proyecto y las condiciones específicas aborda un promedio de 3 a 4 años. Por otra parte se debe considerar que cada proyecto de APR y la Operación misma del APR involucra asesorías por parte de la unidad técnica, lo que alcanza aproximadamente a 15,8% de la inversión.

Se mencionó que los sistemas de APR están concebidos como sistemas que abastecen de agua potable a las comunidades rurales, pero no han sido proyectados con capacidad para solucionar planes de emergencia de incendio, en cuanto a infraestructura de redes y capacidad de los estanques para abastecer grifos. A su vez se conoce de un proyecto especial orientado a la zona norte de la RMS que daría la opción de trasladar agua desde Llay Llay a Til Til, y que no necesariamente es parte del sistema de APR.

Por último, es necesario mencionar que el GORE RMS debiera asumir un rol más activo en la gestión cotidiana de los APR, particularmente en la orientación para postular a programas de subsidio estatal complementarios a los existentes y en la capacitación y orientación en áreas y temáticas que pudieran mejorar la gestión individual, tanto de los APR constituidos como en vías de constitución.

El estudio detectó la fuerte necesidad de los diversos comités y cooperativas, así como también de localidades aisladas, en contar con asesorías transversales en diversos aspectos de gestión y operacionales, como para postular los proyectos en cuestión, y que si bien son apoyados por los diversos municipios, estos apoyos en general son limitados, precisamente por la escases de los recursos involucrados. Lo anterior se ejemplifica con la necesidad de apoyar y asesorar en la regularización y fiscalización de derechos de agua, que constituye uno de los elementos prioritarios de viabilidad en el largo plazo de los sistemas de APR de la RMS.