Este informe entrega los principales resultados de la evaluación realizada por un panel de expertos del Programa de Agua Potable Rural, específicamente en su componente de infraestructura realizada entre enero y agosto de 2015 por la DIPRES. Esta evaluación se realizó en el marco del Programa de Evaluación de programas e instituciones y como parte del Sistema de Evaluación y Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos que provee información de desempeño para apoyar la toma de decisiones durante el ciclo presupuestario, mejorando la eficiencia en la asignación y en el uso de los recursos públicos, y con ello la calidad del gasto y la gestión de las instituciones públicas.

En el informe se destaca que el objetivo del Programa, a nivel de fin, es “contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población rural”. A nivel de propósito, con la incorporación de la Población Rural Semi-concentrada, es que la “población residente en localidades rurales concentradas y semi-concentradas accede a un sistema de agua potable rural que provee un servicio en cantidad, calidad y continuidad en conformidad a la normativa vigente”. A través del Programa se provee de infraestructura de agua potable rural (APR) a localidades rurales concentradas y semi-concentradas, cumpliendo los requisitos establecidos en la metodología de formulación y evaluación de proyectos de agua potable rural del Ministerio de Desarrollo Social. Dicha infraestructura es entregada para su administración, operación y mantención a los respectivos comités o cooperativas de APR pre-existentes o constituidos al efecto.

el Programa de APR produce los bienes y servicios que entrega, organizándolos en torno a los siguientes tres componentes. El primer componente ha sido formulado como “Infraestructura de agua potable entregada a localidades rurales que no cuentan con un servicio de APR”. A través suyo, se “provee de un sistema de abastecimiento de agua potable de carácter colectivo. Comprende obras de captación, conducción, almacenamiento, desinfección y distribución; con sus respectivas conexiones domiciliarias y medidores, las que reemplazan a los sistemas de abastecimiento artesanal”

El segundo componente es “Mejoramiento, ampliación y conservación de infraestructura de APR”, y cuenta con dos sub-componentes, el (a), de “Infraestructura de agua potable ampliada y/o mejorada parcial o integralmente para población rural con abastecimiento de agua potable”, y el (b), de “Infraestructura de agua potable con obras de conservación o de reposición de equipos para población rural” con abastecimiento de agua potable. El subcomponente (a), en materia de ampliación, consiste en “una infraestructura de ampliación que incrementa la oferta máxima del sistema de abastecimiento de agua potable”, mientras que “el mejoramiento se refiere al aumento en la calidad del servicio (presión, calidad del agua y cantidad) y/o disminuir las pérdidas”. Por su parte, el subcomponente (b), de conservación, “comprende la ejecución de obras menores y/o de reposición de equipos, hasta por un monto máximo de 2.000 UTM10, que permita mantener operativo el sistema, sin que ello implique la renovación total o parcial de las obras existentes y en operación.

El tercer componente es que los Comités y Cooperativas, ambas entidades responsables de la administración, operación y mantención de los Sistemas de APR, son supervisados y asesorados, por medio de sus dirigentes y trabajadores, en aspectos técnicos, administrativos, financieros y comunitarios” (…), “funciones que cumple directamente en la Región una Unidad Técnica, y, constituida al interior de la respectiva empresa sanitaria y subsidiariamente por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, en los casos en que no exista un Convenio entre la Dirección y la empresa sanitaria.

Aun cuando en sus orígenes el programa de APR tuvo como objetivo atender a poblaciones rurales, en los últimos años, al redefinirse el concepto de ruralidad el Programa APR también ha empezado a atender a aquella otra población, ubicada en localidades concentradas que, aunque sean consideradas “urbanas” en otras definiciones; habrían quedado sin atención y provisión de este servicio básico, por encontrarse fuera de las áreas de concesión de las respectivas concesionarias sanitarias. Esto, si bien no fue buscado o planificado por el Programa, tuvo el efecto positivo de llenar un vacío de política que, de no corregirse con otras medidas, habría dejado a miles de familias sin mecanismos institucionalizados de acceso de agua potable.

En dicho sentido, el panel de evaluación concluye que el Programa ha permitido cubrir la brecha que en esta materia se habría producido y, para todos los efectos, el Sistema de APR sigue siendo “rural”, en el sentido amplio de la expresión. En consecuencia, el Programa APR tiene ahora por población potencial, al conjunto de la población rural, o de la población que habita localidades rurales en su sentido amplio, la que es un poco mayor que la considerada “rural” según la definición oficial (INE) generalmente ocupada, entre otros, por el MDS para las encuestas de Caracterización Socio Económica (CASEN), habitualmente usadas para todo tipo de estudios, evaluaciones y diseños de política e instrumentos de política.

La evaluación considera aspectos presupuestarios, en que se destaca el acelerado crecimiento de recursos orientados al programa en los últimos años. Revisa los antecedentes históricos que justifican la existencia del Programa, que surge a partir de la constatación, a inicios de la década de los sesenta, de que gran parte de la población rural no tenía agua potable disponible para consumo, acarreando esto importantes consecuencias en el ámbito de la salud pública.

El informe constata la dispersión en las capacidades técnicas, financieras y de gestión de los comités y cooperativas. A pesar que todos los comités tienen la obligación estatuaria de contar con herramientas de planificación, tales como un balance financiero anual y un plan anual de actividades, la gran mayoría no cuentan con un plan anual de actividades. Al revisar los principales desafíos de sustentabilidad que enfrenta el programa el Panel también analiza la iniciativa legal que estaba en el Parlamento de transformar los sistemas de agua potable rural en Servicios Sanitarios Rurales.

La evaluación del desempeño del Programa contempla aspectos de eficacia y calidad tanto a nivel de resultados intermedios como de los resultados finales, que el panel define como evaluación del cumplimiento de objetivos de propósito y fin. A lo anterior se agrega la evaluación de eficacia a nivel de componentes, esto es, a la producción de bienes o servicios de los cuales el sistema es responsable. También se evalúa la Cobertura y nivel de focalización del programa.

Otro componente de la evaluación se refiere a la calidad del servicio, definida como la satisfacción de los beneficiarios efectivos, la oportunidad del servicio entregado y su comparación respecto a un estándar.

Los aspectos económicos se analizan en función de fuentes y uso de recursos financieros, el nivel de ejecución presupuestaria, aportes de terceros y recuperación de gastos.

La eficiencia del programa se evalúa en función del nivel de resultados intermedios y finales, en el nivel de actividades y/o componentes y en los gastos de administración del programa, que de acuerdo al panel entre los años 2011 y 2014 bordea el 12,5% en promedio

Finalmente, el panel concluye que el Programa ha sido efectivo en reducir el problema que justificó su inicio. A través del Programa APR, la cobertura total de agua potable para la población rural, que el año 1970 era de 31%, había crecido hasta el 53% en el año 2014.

A pesar del logro alcanzado, el panel también observa algunos desafíos que deberán enfrentar los sistemas de APR. Así, por ejemplo, se evidencia un deterioro y envejecimiento de los sistemas de APR, lo que ha incidido negativamente en la capacidad de entregar agua potable en cantidad, calidad y continuidad. Habiéndose prácticamente alcanzado plena cobertura de agua potable para población rural concentrada, y avanzándose para la semi-concentrada, se valora la ampliación de la población objetivo, incorporando a la población rural dispersa al ejercicio del derecho de agua potable en cantidad, calidad y regularidad como el resto de la población del País. Ello supone nuevos desafíos dado que, mientras más dispersa sea la población que se atienda, más pequeños serán los núcleos de población que en cada caso se atiendan, lo que demandará nuevas e innovadores sistemas de agua potable rural.

Para superar las deficiencias observadas se formulan un conjunto de recomendaciones, tanto en el plano de los procedimientos y sistemas de administración, como de las competencias de los encargados de la gestión de los servicios que debe proveer el programa de APR. Específicamente, se propone que las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural y sus respectivos/as dirigentes/as, adquieren las competencias mínimas requeridas para gestionar técnicamente, administrativamente y sustentablemente de manera de asegurar una entrega de agua potable en cantidad, calidad y continuidad.