En esta presentación realizada por el Sub Director de Agua Potable Rural se abordan distintas áreas de la evolución, la historia institucional del programa de APR, se entregan datos estadísticos de la inversión pública realizada en la última década, se describe la forma en que operan los convenios con las empresas sanitarias que proveen de asistencia técnica y se describen los principales desafíos que enfrentan los sistemas de APR y los que se establecen para la propia institución encargada de administrar la nueva ley 20.998 que crea los Servicios Sanitarios Rurales.

El informe destaca que al inicio de década de los años sesenta sólo el seis por ciento de los habitantes de las localidades rurales contaba con agua potable. El origen del programa lo sitúa en 1964 cuando el Gobierno de la época adopta el Plan Básico de Saneamiento Rural.

Se señala que diferentes organismos estatales han tenido a su cargo el Programa Nacional de Agua Potable Rural Entre otros Dirección de Obras Sanitarias Servicio Nacional de Obras Sanitarias y el Departamento de Programas Sanitarios del Ministerio de Obras Públicas, el cual pertenecía a la Dirección de Planeamiento. A partir del año 2003 pasa a formar parte de la Dirección de Obras Hidráulicas y el 2011 se crea la Subdirección de Agua Potable Rural.

Uno de los aspectos relevantes que se destacan del Programa APR es que ha operado sobre la base de todos los habitantes beneficiados participen de manera responsable y permanente para que sea la propia comunidad organizada, a través del organismo comunitario, quien efectúe la operación, administración y mantención del servicio una vez construido

La comunidad está representada por los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural, que corresponden a las organizaciones de la comunidad que administran y mantienen los Sistemas de Agua Potable Rural construidos por el Gobierno, dentro de un esquema o modelo de autogestión y participación comunitaria.

La infraestructura de agua potable rural se construye con fondos públicos provenientes principalmente del Ministerio de Obras Públicas, pero también se financia con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior y con fondos municipales. Respecto de los cobros asociados con la provisión de agua potable, se explicita que la tarifa sólo cubre los gastos operacionales, administrativos y de mantenimiento y por lo tanto no incluye los costos relacionados con la recuperación de inversión.

Mediante Convenios con las Empresas Sanitarias, las Unidades Técnicas realizan la Gestión de los Proyectos de Inversión y entregan Asesoría y Asistencia a los Comités y Cooperativas para operación, administración y mantención de los sistemas.

También se destaca que el Ministerio de Obras Públicas hoy no tiene las facultades para invertir ni prestar asesoría en saneamiento rural.

Hasta 2018 en el país existían 1.876 Sistemas de APR que beneficiaban a 1.726.319 personas. Con la implementación de la Ley 20.998 los Servicios Sanitarios Rurales deberán enfrentar nuevos desafíos respecto de las dificultades para asegurar la disponibilidad de agua, los efectos del cambio climático y los servicios adicionales que tendrán que proveer a la comunidad, especialmente los relacionados con el tratamiento y recolección y disposición de las aguas servidas.