El artículo se inicia con el reconocimiento por parte de Naciones Unidas el año 2010 del derecho humano al agua y saneamiento. La resolución de la Asamblea General   fue suscrito por Chile por lo que satisfacer este derecho requiere de seguridad hídrica, que se entiende como la posibilidad de suplir agua en cantidad, continuidad y calidad adecuada. De acuerdo con Naciones Unidas, esto requiere de una gobernanza con un mandato claro, así como de recursos financieros y humanos. Para ello, según los autores de este trabajo, la institucionalidad y legislación debe considerar las diferencias entre asentamientos urbano y rural, este último considerando al sector concentrado, semiconcentrado y rural disperso.

El documento señala que nuestro país, los sistemas de Agua Potable Rural han sido exitosos en aumentar la cobertura de agua potable en zonas aisladas, y en mejorar los índices de mortandad y morbilidad. El artículo revisa los desafíos actuales del sistema, entre los que se encuentra mejorar aspectos que aún se encuentran débiles a nivel administrativo y financiero, cuidando conservar su característica clave de estos sistemas referida a la autogestión.

Se describe el funcionamiento de Sistemas de Agua Potable Rural y los componentes del programa, esto es: i) proveer infraestructura ii) rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de los sistemas de APR, y iii) fortalecimiento de los Comités y Cooperativas de APR, a través de asesorías técnicas, financieras y de gestión. Los autores describen con detalle el marco institucional y los múltiples beneficios que han generado los sistemas de APR para Chile. También se identifican los principales desafíos en materia de provisión de agua potable y alcantarillado rural, particularmente aquellos que deberán enfrentar los tradicionales APR como resultado de la aprobación e implementación de la Ley 20.889 que regula regular la entrega de los Servicios Sanitarios Rurales.

En el documento se revisa la nueva legislación que regula los servicios sanitarios rurales, la cual, además de ofrecer un marco regulatorio en la materia e incorporar una planificación de largo plazo, intenta obtener un mayor conocimiento y control de la red actual.

Finalmente, el artículo concluye que pese a incorporar aspectos relevantes, quedan otros pendientes, como la seguridad hídrica de los sistemas, previsión de la red ante emergencias climáticas, aspectos ambientales, o elementos de control de extracciones.