El objetivo de esta publicación es presentar el marco jurídico del agua potable rural en Chile, destacando el rol protagónico de la gestión comunitaria. Para ello se describe, en primer lugar, la historia del agua potable rural en Chile; luego, se expone el marco institucional y normativo del área comentada; y, finalmente los autores concluyen con algunas reflexiones finales.

Desde el origen del Programa de Agua Potable Rural, la administración y distribución del agua en los territorios que no son abastecidos por las empresas de servicios sanitarios de las áreas urbanas son las cooperativas o comités de agua potable rural. Estas son organizaciones sin fines de lucro, que tienen por objeto el abastecimiento de agua potable en aquellas zonas donde las empresas sanitarias no operan. Se regulan en base a estatutos internos y tienen un actuar auto gestionado; sin perjuicio que en materia de calidad de aguas y distribución deben someterse a la normativa vigente.

En esta medida, los comités y cooperativas de agua potable rural son organizaciones que basan su gestión en la acción colectiva; y, en la experiencia propia y de otras organizaciones del mismo tipo. Al momento de publicarse este artículo el congreso estaba legislando sobre el proyecto de Ley que tenía como principal objetivo de sustituir los actuales sistemas de agua potable rural y crear y regular los Servicios Sanitarios Rurales (Boletín N°6252-09). El proyecto, además, estaba orientado a proporcionar un estatuto jurídico uniforme a estas organizaciones, resguardar la gestión comunitaria, fijar derechos y deberes y robustecer la institucionalidad pública vinculada con la materia.

El trabajo describe con amplio detalle el contexto institucional en que se desenvuelve el Programa de Agua ptable Rural.  Como ya es ampliamente conocido el organismo principal encargado del programa es la Subdirección de Agua Potable Rural, que se encuentra bajo la Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección dependiente del MOP. Sin embargo, existe una serie de instituciones públicas con competencias públicas en la materia. Algunas de ellas tienen también dependencia del MOP, como es el caso de la Dirección General de Aguas. Mientras tanto, otras dependen de otros Ministerios del Gobierno Central, como el caso del

Servicio de Salud o las subsecretarías de Desarrollo Regional. Finalmente, un tercer grupo, de nivel local, en donde se pueden agrupar tanto a los Municipios como a los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural (APR). Los autores describen especialmente el rol que juegan las unidades técnicas que es una organización privada que actúa a nombre del Estado y es responsable de la ejecución, diseño y puesta en marcha de las soluciones de ingeniería, junto con asistir técnica y administrativamente a las organizaciones operadoras del servicio de agua potable. Generalmente, son las Empresas Concesionarias de Servicios Sanitarios (Empresas privadas que operan en los sectores urbanos) que operan como Unidades Técnicas Regionales entregando asesoría y asistencia comunitaria, técnica, administrativa, contable y legal a los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes y llevando a cabo la gestión técnica y administrativa de los proyectos de agua potable rural, cuya ejecución le es encomendada mediante Convenios bienales por la Dirección de Obras Hidráulicas, con los recursos sectoriales asignados por la Ley de Presupuestos.

Después de repasar todo el entramado jurídico y el marco legal en que se desenvuelven las modalidades que permitan operar los sistemas de APR, los autores concluyen con un análisis descriptivo de los alcances del nuevo ordenamiento legal que surge del proyecto que crea los servicios sanitarios rurales. Finalmente concluyen que los sistemas de agua potable rural y el programa que actualmente los rige – que busca ser reformado por el proyecto de ley- han sido exitosos en su ejecución entre los diversos organismos estatales y los actores locales, como lo son las cooperativas y comités de agua potable rural. Tanto éstos como su gestión colectiva han sido claves en la mantención de más de 50 años de Programa de Agua Potable Rural.