Descarga aquí el documento

Según Naciones Unidas, la presión sobre el recurso hídrico a nivel global está aumentando considerablemente, por lo que resulta urgente actuar. Esta presión creciente se debe a factores como el aumento de la población, patrones de crecimiento más intensivos en el uso del agua, cambio climático, entre otros. A nivel global, las proyecciones sugieren que el planeta podría enfrentarse a un déficit del 40% en la disponibilidad de agua para el año 2030. Chile, por su parte, enfrenta la sequía de más larga duración desde que existen registros instrumentales y posiblemente una de las peores de los últimos mil años. Desde el año 2010 la zona comprendida entre las regiones de Coquimbo y de La Araucanía ha experimentado un déficit de precipitaciones cercano al 30%. Aparte de la sequía, que está afectando las fuentes para el abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales en diferentes localidades de este territorio, otros eventos relevantes que han afectado la disponibilidad y calidad de agua para consumo humano registrados en el último tiempo incluyen eventos como aluviones, turbiedad, prolongados cortes de suministro por contaminación y la descarga de aguas servidas a cuerpos lacustres en períodos de lluvias intensas, todos los cuales también han afectado a un importante número de habitantes de zonas urbanas.

Durante los últimos 50 años, Chile ha presentado una consolidación de sus sistemas sanitarios, alcanzando en las zonas urbanas concesionadas estándares de cobertura y calidad de servicio de nivel mundial. Sin embargo, el escenario económico, social y ambiental actual es muy distinto al de años atrás, en especial considerando la situación de estrés hídrico y cambio climático; haciendo necesario plantearse una nueva visión para el sector en el mediano y largo plazo. Para ello la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) inició el año 2017 un proceso participativo amplio, en donde se han convocado a más de 700 participantes en nueve regiones del país, representantes del mundo de la sociedad civil, empresarial, académico, sector público y del propio sector sanitario.

Luego de dos años de trabajo, se presenta aquí la Agenda del Sector Sanitario al 2030, la cual condensa las inquietudes y prioridades levantadas durante el proceso de construcción.

En relación a los Servicios Sanitarios Rurales, la Agenda señala lo siguiente: Alrededor de dos millones de habitantes de las áreas rurales del país, se abastecen de agua potable a través de los sistemas de agua potable rural. En este sector también ha habido un avance considerable en las coberturas de agua potable, a través de un programa de inversiones de larga data liderado por el Ministerio de Obras Públicas.

Dicho programa es ejecutado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y ha contado con distintas fuentes de financiamiento a lo largo de su historia.

En cuanto a la gestión y operación de los APR, éstos son entregados a las comunidades para ser auto gestionados, las que se organizan bajo la forma de Comités o Cooperativas, que permiten operar los servicios, recaudar las tarifas y cubrir los costos de operación. Paralelamente, ha habido importantes inversiones en saneamiento (alcantarillado y tratamiento de aguas servidas), sin embargo, no han existido mecanismos eficaces que permitan su adecuada operación y mantención. Las APR muchas veces no cuentan con las competencias técnicas necesarias y el traspaso de subvenciones a los beneficiarios más vulnerables se realiza a través de los municipios los que frecuentemente no gestionan adecuadamente los fondos.

Las normas de calidad de agua potable en muchos casos son difíciles de cumplir cuando se tratan aguas que previamente han sido contaminadas o que su calidad está muy lejos de la norma. Las importantes inversiones que requieren muchos comités de APR que tienen beneficiarios dispersos, y que requieren de una mayor red de distribución y por tanto de mayores costos, no pueden ser abordadas por los usuarios, ocurriendo que los servicios que logran financiar las APR sean precarios, con baja presión y, en varios casos, sin lograr cumplir las normas de calidad.

Además, y quizás lo más difícil de sortear, varios comités de APR no cuentan con derechos de agua efectivos y deben ser abastecidos con camiones aljibes, como consecuencia de la falta de prioridad de uso del agua potable.

En este contexto, recientemente se aprobó la Ley de Servicios Sanitarios Rurales que amplía el programo de agua potable rural incorporando el saneamiento, creando una Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales en la DOH y entregando también responsabilidades a la Superintendencia en materia de fiscalización y tarificación.

Se está a la espera de la dictación del reglamento de la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que entregará un nuevo impulso en materia de agua potable y particularmente en materia de saneamiento a los sistemas rurales.

En este ámbito, el programa del gobierno señala la necesidad de instalar una Política Nacional de Desarrollo Rural a nivel de cada región, asignando responsables e instancias de coordinación con miras a igualar las oportunidades con el mundo urbano al año 2026. El Programa busca así implementar la nueva institucionalidad de los servicios sanitarios rurales y dotar de agua potable, seguridad sanitaria y condiciones básicas de desarrollo a todas las personas que viven en localidades rurales, avanzando progresivamente en un plan a ocho años.

Para abordar este desafío con miras al 2030, se ha concebido el proyecto Estándares de Calidad en Sistemas Rurales. Los servicios sanitarios rurales tienen desafíos muy claros en cuanto a las necesidades de derechos de agua, infraestructura, especialmente de saneamiento, y de fortalecimiento de las capacidades técnicas de las comunidades a cargo de su operación.

En el futuro también se necesitará avanzar en soluciones más resilientes, a través de una mayor interconexión y la consideración de los servicios rurales en los proyectos de infraestructura hídrica del país. Por lo anterior, dentro de las competencias de la SISS:

1. i) Se colaborará activamente en la definición de los estándares de calidad de servicio que deberá alcanzar cada uno de los sistemas.
2. ii) Se apoyará y participará en las iniciativas que busquen fortalecer las capacidades técnicas de las cooperativas y comités de servicios rurales. Ej: horas profesionales para capacitación, boletín de difusión de las mejores prácticas, reconocimiento de buenas prácticas, etc.

iii) Se ayudará a la materialización de soluciones innovadoras para las necesidades de los servicios rurales.

iv) Se colaborará con el MOP y en especial la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, para la implementación de la nueva Ley de SSR y su difusión.