Este estudio fue elaborado por el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, de la Universidad de Chile por encargo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G. (Andess A.G.)

El objetivo principal del estudio busca conocer el estado actual de las organizaciones y de los sistemas de Agua Potable Rural a nivel nacional considerando las zonas norte, centro y sur del país, respecto a su condición para operar en el nuevo marco institucional y para desarrollar un servicio efectivo. Se identifican las fortalezas y el nivel de desarrollo de las organizaciones para gestionar los sistemas de manera autónoma, ética y rentable. Junto con ello se detallan los factores que podrían incidir en el funcionamiento de las organizaciones con la aplicación del nuevo marco normativo. Particularmente se analizó la sostenibilidad de los sistemas respecto de su solvencia y reinversión a partir de un sistema tarifario efectivo y el estado del arte o conservación de la infraestructura sanitaria de agua potable y aguas servidas en concordancia con la normativa medio ambiental.

Desde el punto metodológico el estudio se basa en información recabada y procesada utilizando los siguientes mecanismos: i) información bibliográfica, ii) información primaria cualitativa, e iii) información primaria cuantitativa descriptiva e inferencial. De esta manera fue posible establecer el estado actual de las organizaciones en los puntos señalados en el objetivo.

A continuación, se resumen los principales resultados:

i) Respecto de las fortalezas y el nivel de desarrollo de las organizaciones para gerenciar los sistemas de manera autónoma ética y rentable se concluye que es en el análisis sistémico donde se observa un menor nivel de desarrollo de las organizaciones de APR puesto que tanto su desempeño en la realización efectiva de sus tareas como en la dependencia que se observa respecto de las instituciones externas no permite evidenciar una capacidad real para gerenciar de manera autónoma y rentable sus sistemas. Estructuralmente hay un sistema de gobernanza conformado en gran parte de las organizaciones de APR del país, con posibles mejoras pero que en general describen un escenario aceptable. Existe estructuralmente un nivel de desarrollo que permite asumir la tarea de entrega de agua potable, pero con un espacio de mejora en especial en el caso de las organizaciones más pequeñas, que representan actualmente un 63,5% de las APR (considerando aquellas organizaciones de menos de 250 arranques). El rol del directorio de transferencia de información y transparencia de su gestión con sus socios, exponen una condición de insuficiencia en gran parte de las organizaciones de APR, transformándose estas características en una debilidad ética de las organizaciones de APR. La buena evaluación que las organizaciones de APR hacen de las Unidades Técnicas y de DOH es reflejo del desempeño de ambas instituciones, pero a su vez la posición mayoritaria de las APR respecto de que deben seguir cumpliendo el rol de apoyo que desempeñan actualmente sugiere una visión de dependencia de estas instituciones externas, que puede ser conceptualizada como paternalista, complejizando el desafío futuro de autosuficiencia en el desempeño de las funciones y mantención de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento.

ii) En segundo lugar, respecto del objetivo de identificar y detallar los factores que podrían incidir en el funcionamiento de las organizaciones con la aplicación del nuevo marco normativo la revisión de los factores críticos o de riesgos permiten estimar que estas organizaciones no se encuentran en una situación crítica frente al proyecto de ley, sino más bien se encuentran en una situación de desventaja dependiendo principalmente del tipo de organización y su tamaño. De esta forma, las organizaciones bajo la figura de cooperativas y de mayor tamaño tienden a cumplir más con los aspectos que contempla el proyecto de nueva ley.

El nuevo proyecto de ley pone a la gran mayoría de las organizaciones en una situación vulnerable, dado que, los datos arrojados dejan al descubierto la baja capacidad de respuesta si no existe una capacitación que desarrolle el capital humano al interior de las organizaciones que permitan entender el contenido de la ley, las implicancias para la organización, los nuevos desafíos en los aspectos administrativos y de operación. Incluso las organizaciones más grandes de tipo cooperativas podrían presentar problemas en la implementación, pudiendo tornarse débiles si no se realiza una buena inducción de las implicancias de la nueva ley.

iii)        La tercera conclusión está relacionada con la sostenibilidad de los sistemas respecto de su solvencia y reinversión a partir de un sistema tarifario efectivo. Los ingresos de las organizaciones están principalmente determinados por el cobro de tarifa a los socios que se encuentra estrechamente relacionado con el tamaño de la organización, así las organizaciones de mayor tamaño están mejor preparadas para solventas gastos que las organizaciones pequeñas. Al observar los beneficios y los fondos acumulados por tramo de arranques, la relación parece estar directamente relacionada con el tamaño de la organización y no con la capacidad de gestión de la organización. Sin embargo, la capacidad económica condiciona la capacidad de gestión de una organización, por medio de la capacidad de administrar y de adquirir bienes, contratar y administrar personal, y operar y mantener el sistema de APR. Todas estas tareas requieren de recursos económicos, en donde generalmente se evidencia que a medida que éstos escasean se precariza la capacidad de gestión de la organización. Esta situación obliga a buscar mecanismos que ayuden a mejorar la asignación tarifaria con el fin de asegurar que las organizaciones – especialmente las de menor tamaño – puedan auto solventar sus gastos en los que incurre, sin tener que acudir al Estado por ayuda

1. iv) Finalmente, respecto del estado del arte o conservación de la infraestructura sanitaria de agua potable y aguas servidas en concordancia con la normativa medio ambiental se concluye que las organizaciones logran tener operativo casi la totalidad de los componentes del sistema de agua potable. Sin embargo, las organizaciones necesitan realizar mantenimiento y/o mejoras en sus sistemas de manera constante para asegurar un buen funcionamiento y entregar un servicio de calidad a la población.

En general, la mayoría de las organizaciones cuentan con plan de mantenimiento y/o mejoramiento, lo que les permitiría disminuir los problemas que se generan, principalmente en la red y en la infraestructura de captación y acumulación. Sin embargo, casi la mitad de las organizaciones señalan que durante los últimos seis meses (del año 2016) se ha cortado el suministro por algún motivo diferente a una catástrofe natural o de fuerza mayor, lo que deja ver que los esfuerzos realizados no son suficientes para asegurar el suministro de agua, que se atribuyen principalmente a fallas de equipos y de matriz, evidenciando un deterioro en la infraestructura existente.

En el caso de la infraestructura sanitaria de aguas servidas los problemas radican principalmente en la falta de organizaciones con este tipo de infraestructura. De los datos recabados por las fichas, un 11% de las organizaciones cuenta con sistema de alcantarillado, y un 9,45% cuenta con un sistema de tratamiento de aguas servidas en funcionamiento, este último no considera los tratamientos de tipo individual. Además, no todas están en operación actualmente y de las que lo están, la mitad ha presentado algún tipo de problema con el sistema, ya sea por rebalse o por presentar mal olor.