Mes: junio 2022

En la sesión de la Mesa Nacional del Agua realizada el 14 de agosto de 2020 el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa, CIESCO de la Universidad de Santiago expuso sobre los desafíos estratégicos que podría enfrentar el sector sanitario rural a finales de la presente década. El documento identifica, en primer lugar, seis tendencias generales que estarían impactando al sector sanitario rural en Chile.

En primer lugar, se destaca el creciente aumento de la demanda de agua cuyas causas son una mayor población y el propio crecimiento económico.

La segunda tendencia son los cambios globales en el sistema terrestre asociados a la contaminación del agua dulce, que se produce por efectos tanto de la actividad industrial como humana, a lo que se agrega los efectos del cambio climático que se manifiesta en aumentos de la temperatura, cambios en el patrón de precipitaciones y disminución de fuentes de agua.

En tercer lugar, el documento destaca la prolongación e intensificación de período de sequía. La cuarta tendencia es la inmovilización del sistema político para las modificaciones institucionales en torno al agua. En quinto lugar, CIESCOOP identifica una mayor conflictividad social y política en torno al uso del agua y finalmente, la irrupción de nuevas tecnologías para el agua, de uso de la información y las comunicaciones.

En relación a los escenarios posibles para el sector sanitario rural para el año 2030, utilizando información de la Fundación Chile sobre escenarios hídricos, se mencionan los siguientes:

a) Cambio en uso de suelos;

b) Expansión minera en zona centro sur;

c) Crecimiento industria forestal en desmedro del bosque nativo;

d) Alza demanda energética de tipo hidroeléctrica;

e) Desaparición de sistemas acuáticos por pérdida de caudal ecológico;

f) Escasa información sobre recursos hídricos;

g) Lenta implementación de planes de gestión hídrica;

h) Aumento en la frecuencia de eventos críticos;

i) Descoordinación entre usuarios de cuenca;

j) Uso creciente e intensivo de acuíferos;

k) Continuo deterioro de la calidad de agua;

l) Aumento de demanda de agua en la agricultura.

Finalmente, el documento concluye con la identificación de los siguientes desafíos estratégicos para el sector sanitario rural al 2030:

a) Mejorar las capacidades de los sistemas sanitarios rurales y actores del sector rural.

b) Fortalecer la asociatividad y la cultura colaborativa de los actores, particularmente de los SSR y Municipios.

c) Generar una gobernanza inclusiva y prospectiva territorial con mandato que garantice el derecho humano al agua.

d) Modernización del sistema para la gestión de la infraestructura del sector sanitario.

e) Aumentar la capacidad prospectiva, de gestión del conocimiento e Innovación.

Este documento se elaboró en el marco del proyecto Triple-S y contiene los resultados del estudio sobre modelos de provisión de servicios de agua en Colombia. Presenta una caracterización de distintas estrategias de apoyo a la provisión de servicios de agua para la zona rural del país. Igualmente analiza el nivel de coordinación entre estas estrategias. Para efectuar el análisis se consideraron dos departamentos de Colombia, Valle del Cauca y Caldas, en los cuales se caracterizaron en total seis modelos de provisión de servicios de agua rurales, y se complementó con la caracterización de tres modelos de aplicación nacional.

La selección de los modelos se llevó a cabo teniendo en cuenta que las estrategias de apoyo se enfocaran en el abastecimiento de agua rural, considerando distintos ámbitos de intervención (nacional, regional y local), y que fueran iniciativas impulsadas por diferentes actores (gubernamentales, privados, comunitario, ONGs). Un aspecto relevante en el proceso metodológico fue la revisión del Marco analítico del proyecto Triple-S el cual sirvió para diseñar los instrumentos que permitieron documentar los modelos y definir las variables a analizar en cada uno.

Otra actividad relevante para el análisis fue el taller nacional de socialización de la investigación donde se discutieron aspectos clave de los modelos como su sostenibilidad, replicabilidad y la coordinación institucional entre ellos.

En la zona rural de Colombia existe una larga tradición de prestación del servicio de agua por parte de las comunidades organizadas que se inicia desde finales de la década del 60. A pesar de que el proceso de descentralización y la normativa del sector de agua y saneamiento le han dado un papel definitivo a los municipios como garantes de los servicios, el apoyo a la gestión comunitaria de sus áreas rurales ha tenido limitaciones de personal técnico y carencia de recursos económicos, y aun hoy no se han logrado crear las instancias técnicos-administrativas que permitan apoyar a las comunidades en la organización de sus servicios. Sin embargo, la presencia de diferentes instancias tanto gubernamentales como no gubernamentales ha llevado al desarrollo de varios mecanismos y modelos de apoyo que se caracterizan en este estudio.

Se describen experiencias según el nivel de las instituciones que apoyan iniciativas de la gestión comunitaria de agua.

En el Nivel Nacional, se analiza el Programa de Fortalecimiento y Asistencia Técnica de Municipios menores del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT.  En el Plano Internacional, las intervenciones comienzan en 1990 e inicialmente el componente de agua y saneamiento se centraba fundamentalmente en construir unidades sanitarias en las viviendas donde habitaban niños apadrinados por organizaciones internacionales de carácter humanitario. Sin embargo, desde el 2005 la estrategia de trabajo tiene una orientación hacia el desarrollo comunitario, por lo cual sus intervenciones son realizadas a escala no solo individual sino local. En el Nivel Regional, el estudio describe y analiza el Programa de Abastecimiento de Agua Rural-PAAR que nace en el año 2003 y surge de una iniciativa de la Gobernación del Valle del Cauca respaldada por distintas instituciones de carácter público y privado de la región, así como de los municipios. El propósito del PAAR es mejorar la calidad de vida de la población rural del departamento, incrementando la cobertura en abastecimiento de agua. Para ello se han aunado esfuerzos institucionales y financieros orientando los recursos de manera conjunta, planificada y estructurada. Este es uno de los factores de éxito del modelo, así como el proceso metodológico que se fundamenta en el trabajo con la comunidad y los principios de sostenibilidad.

Esto ha hecho que el programa sea un referente para otras iniciativas similares a emprender en otras regiones de Colombia.

Aunque la estrategia del PAAR tiene efectos significativos en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales, en el programa no se han contemplado soluciones integrales que incluyan los aspectos de saneamiento e higiene. Adicionalmente, el haber tenido ejecutores diferentes ha representado cambios en las políticas del mismo y la no existencia de una estructura del Programa formalmente definida en el organigrama del Departamento, representa un riesgo para su continuidad.

Finalmente, en el Nivel Local se destaca la iniciativa denominada Mesas de concertación en salud para la zona rural, cuyo origen se remonta al año 2000, donde se definió el marco para la planificación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico rural para el Municipio de Santiago de Cali. En el marco de este proceso de planificación se hizo evidente la necesidad de un espacio de encuentro para identificar soluciones integrales para los servicios de agua y saneamiento. La MCS funciona desde el año 2001 con la participación de las comunidades organizadas e instituciones. Estas discuten con la Secretaría de Salud y otras organizaciones sus necesidades, propuestas y proyectos para concertar en conjunto la viabilidad de las soluciones.

Entre las principales conclusiones del estudio se destaca la existencia de una gran demanda de apoyo por parte de las organizaciones comunitarias, y también diferentes tipos de respuesta que desde las entidades de gobierno y de la sociedad civil se ha dado a estas demandas.

Los modelos que se describen en el estudio funcionan de forma casi autónoma, en cuanto a que tienen la posibilidad de establecer sus propias metas, procesos o ciclos de intervención, actividades en las cuales se centra el apoyo. Igualmente cuentan con formas de financiamiento de la intervención, métodos para la evaluación y seguimiento, y herramientas de apoyo para los procesos que realizan.

Sin embargo, se advierte que se carece de una coordinación tanto horizontal, esto es, entre los modelos que intervienen al mismo nivel, como vertical, es decir entre los modelos que operan en distintos niveles.

Además, un tema crítico en todos los modelos es el manejo de información pues no existe una plataforma única y apropiada para prestadores de la zona rural. En consecuencia,  cada modelo hace uso de una serie de indicadores propios y estrategias de seguimiento mediante los cuales intenta conocer la situación de los prestadores rurales.

Finalmente, se concluye que los principales socios para la realización de inversiones en la zona rural son los municipios. En este sentido, el estudio advierte que la política de los Planes Departamentales de Agua PDA que actualmente existe en Colombia puede convertirse en una fuerte limitante para los modelos de apoyo por la posible orientación de los recursos hacia las zonas urbanas de los municipios.

Este documento, publicado por la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL de contiene cuatro estudios. El primer se refiere al sistema de administración del agua en Chile, el segundo, describe y analiza el proceso de la formulación de la política hídrica en Ecuador, el tercero aborda el proceso de planificación y administración hídrica en Perú y el cuarto, se refiere a la planificación y administración hídrica en seis países de Centroamérica, específicamente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Todos los estudios están centrados en aspectos administrativos y del ordenamiento jurídico, y también en la evolución de la institucionalidad que se observa en los países que comprende el estudio.

Este Manual, elaborado por encargo del BID, contribuye a relevar la importancia del derecho humano al agua y constituye una muestra del compromiso y responsabilidades del BID con el marco integral de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, DHAS, lo cual debe ser tomado en cuenta en cada una de las etapas de la cooperación para el desarrollo y también  para que los estados miembros cumplan el compromiso construir y mantener un adecuado sistema de provisión de agua y saneamiento de carácter universal.

El documento consta de cuatro capítulos y se inicia con una sección introductoria donde se explica brevemente el proceso de reconocimiento de estos derechos, destacando la procedencia de su contenido y las obligaciones que se derivan de los mismos. En las secciones que siguen, los derechos humanos al agua y saneamiento se desglosan en cinco criterios (disponibilidad, calidad y seguridad, aceptabilidad, dignidad y privacidad, y asequibilidad;) y cuatro principios de derechos humanos (no discriminación e igualdad, acceso a la información y transparencia, participación, rendición de cuentas, sostenibilidad). A diferencia de los criterios, los principios no son tan conocidos por el sector. Sin embargo, son los que permitirán a las personas ejercer su derecho sobre estos servicios. Finalmente, en el capítulo cuatro, se trata de visualizar y comprender cuál es la situación de cumplimiento actual de estos criterios y principios en LAC para cada una de las diferentes áreas; y cuáles son los más críticos de manera general.

El manual también desglosa las obligaciones o implicaciones legales para los Estados titulares de obligaciones que también se han ido aclarando en los distintos informes de los relatores especiales para cada una de las temáticas abordadas. Es importante destacar que existen obligaciones específicas y obligaciones de carácter general con respecto a estos derechos. Así mismo algunos componentes de los DHAS son sujetos a una realización progresiva y otros deben ser de efecto inmediato.

Aun cuando el manual establece las obligaciones respecto del DHAS de manera general y universal, esto es, aplicables a cualquier persona o grupos de personas independiente del lugar donde habitan, el texto distingue entre áreas urbanas formales, esto es, las que se refieren a las ciudades, y áreas urbanas informales. Del mismo modo, se identifican los déficit y desafíos de las áreas rurales concentradas y desconcentradas.   En las áreas rurales concentradas el criterio de calidad presenta grandes retos. En materia de agua por la ausencia de controles de calidad necesarios para verifica su salubridad, y su falta de capacidad técnica y equipos necesarios para tratarla adecuadamente. En saneamiento, es necesario garantizar que las personas que disponen de las instalaciones sigan haciendo uso de las mismas, se gestionen sus aguas residuales y lleven a la práctica acciones de higiene adecuadas. Todavía muchas personas siguen sin disponer de instalaciones sanitarias en muchos casos porque se han estropeado o se les ha dado un uso distinto. Las cifras indican que sólo en torno al 64% de la población rural dispone de instalaciones sanitarias mejoradas en la región, frente al 88% de la población urbana.

En las áreas rurales dispersas existen aún mayores retos ya que la mayor parte de las personas no disponen de ninguno de los servicios (criterio de disponibilidad). A diferencia de las áreas rurales concentradas, no existen normalmente organizaciones comunitarias que gestionen los servicios de agua, y son las personas de forma individual las que los gestionan (autoabastecimiento). A esto se unen circunstancias de ubicación compleja por estar lejos de las municipalidades o de las fuentes de agua, su alta dispersión, situados incluso en las montañas. Y otras de tipo social, como la falta de alfabetización de las personas o peculiaridades culturales (población indígena). Esto ha supuesto que las soluciones sean precarias y no satisfagan las cantidades suficientes para todos sus usos. El saneamiento adecuado es prácticamente inexistente, por lo que la defecación al aire libre se presenta como una solución

Este estudio, desarrollado por encargo del BID, tiene como principal objetivo elaborar un diagnóstico sobre la situación de la calidad del agua en sistemas de agua potable rural en Chile, proceder con una discusión de los hallazgos obtenidos particularmente  de la relevancia de las causas o determinantes de la calidad y proponer recomendaciones respecto de  posibles acciones en relación con la gobernanza así como sobre ajustes metodológicos que pudieran ser de utilidad para aplicar el presente estudio a otros países de la Región.

El estudio está organizado en cuatro secciones y se inicia con una recopilación y análisis de la legislación y normativa aplicable a la calidad del agua en comunidades rurales. La segunda sección entrega una detallada recopilación, consolidación y depuración de antecedentes referentes a los Servicios de Agua Potable Rural existentes en el país.  Basado en datos obtenidos desde distintas fuentes se entregan antecedentes sobre análisis de calidad del agua con ubicación de los abastos por Región, población abastecida, tipo de fuente de agua utilizada, equipamiento y tecnología de tratamiento utilizada y tipo de administración, Comité o Cooperativa. A lo anterior se agrega información detallando, en cada caso, cobertura según tipo de solución adoptada (individual o sistema de alcantarillado), manejo de las aguas servidas (tipo de tratamiento) y condiciones y estado de funcionamiento de las soluciones implementadas). Finalmente, se analiza la calidad, validez y compatibilidad de los datos encontrados provenientes de las diferentes fuentes de información.

En la tercera sección se analiza la información obtenida, definiendo posibles indicadores de frecuencia y otros parámetros útiles para identificar problemas que afecten al sector rural concentrado. También se determinan los principales problemas de calidad del agua para la bebida que afectan a la población, distinguiendo entre las distintas macro zonas del país.  Así, por ejemplo, a diferencia de lo que se observa en las zonas norte y centro norte del país, en que se presentan problemas de calidad química relacionados con arsénico, en las zonas centro y centro sur se aprecia la existencia de problemas de calidad química de agua relacionados principalmente con nitratos, nitritos, hierro y manganeso.

La sección concluye con un análisis y discusión de posibles causas o determinantes que puedan estar influyendo según tipo de problemas de calidad del agua. Entre las determinantes identificadas se menciona el tipo de fuente de agua utilizada, ubicación geográfica, tipo de administración, carencia técnica y restricciones económicas.

La última sección analiza los hallazgos obtenidos y formula recomendaciones de posibles acciones en relación con la gobernanza que pudieran incidir positivamente en la gestión de la calidad del agua para la bebida suministrada por los sistemas de agua potable rural del país, incluyendo aquellas cuestiones referentes a los procedimientos de vigilancia sanitaria, seguimiento y penalización de incumplimientos. Entre las recomendaciones, se destaca aquella que propone Implementar de forma efectiva del derecho humano al agua y el saneamiento, y de esta manera, asegurando al mismo tiempo la provisión de agua tanto en cantidad como en calidad.

Entre otras recomendaciones, se pueden mencionar las siguientes: a) establecer una institucionalidad fuerte definiendo roles sectoriales complementarios y capaz de aprovechar sinergias, dotada de personal suficiente e idóneo y de adecuado financiamiento; b) adaptar la actual normativa sanitaria en materia de agua potable a la realidad y posibilidades del sector rural sin incrementar los niveles de riesgo para la salud de la población: c) establecer programas reforzados de fiscalización, inspección, monitoreo, vigilancia sanitaria integrando además las funciones de asesoría técnica y de capacitación.

Finalmente, se enumeran algunas recomendaciones relacionados con aspectos metodológicos, específicamente en términos de la recopilación y procesamiento de la información, que permitan replicar este estudio en otros países de la Región,

Según el Banco Mundial, mejorar el acceso y la sostenibilidad de los servicios de suministro de agua y saneamiento (SAS) para el 40 por ciento más pobre de la población en los países en desarrollo es esencial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los servicios SAS contribuyen a resolver muchos otros desafíos para el desarrollo, dado que impactan favorablemente a la salud pública, educación, crean nuevas oportunidades de generación de ingreso y favorecen el medio ambiente. Hoy en día, en América Latina y el Caribe, 21 millones de los 33 millones de personas sin acceso a una fuente de agua corriente viven en áreas rurales. Si bien varios estudios indican que las comunidades rurales tienen poca capacidad de operar y mantener los sistemas que albergan, algo que muchas veces resulta en el colapso del sistema, las inversiones siguen enfocándose en la construcción de infraestructuras, subestimando la necesidad de apoyo continuo y de reconstrucción con el correr del tiempo.

En esta publicación del Banco Mundial se explica el objetivo y enfoque que tiene el programa denominado Consolidación, Ampliación y Mejora del Sistema de Información para Agua y Saneamiento Rural (SIASAR). El programa apoya a los países en la generación de evidencia respecto al acceso y sostenibilidad del SAS y en el desarrollo de un ambiente institucional y operativo favorable que permita la prestación sostenible de servicios SAS en áreas rurales. SIASAR apunta a fortalecer la prestación de SAS en más de 22.000 comunidades rurales de ocho países.

El objetivo de esta iniciativa es diseñar políticas mejor informadas y mejorar la sostenibilidad y calidad del servicio de agua y de saneamiento en áreas rurales de América Latina. Estos objetivos se lograrán consolidando, mejorando, fortaleciendo y ampliando el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural.

Con este fin, se diseñó y promulgó un subsidio del Banco para (i) asistir a los países a formular recomendaciones técnicas, conceptuales y de implementación para hacer más efectivo el SIASAR, en base a una lista de recomendaciones que se están consensuando y priorizando entre los países participantes; (ii) proporcionar a las instituciones participantes (incluidas instituciones regionales) la capacidad necesaria para identificar futuras oportunidades de financiamiento y de llevar a cabo estas recomendaciones a futuro; y (iii) abrir el sistema a más países, mejorando de esta manera su credibilidad, viabilidad y funcionalidad.

Desde su puesta en marcha, el sistema SIASAR ha avanzado de manera significativa hacia la concreción de sus objetivos:

El sistema SIASAR ha sido establecido en ocho países: Honduras, Nicaragua, Panamá, la República Dominicana, Costa Rica, el estado mexicano de Oaxaca, Perú y el estado brasileño de Ceará.

En esos ocho participantes, 22.752 comunidades rurales, representando una población rural de 11 millones, han ingresado datos al sistema.

Más de 200 instituciones a nivel nacional, estatal y municipal han comenzado a utilizar información del SIASAR en sus procesos de políticas y planeamiento. Algunos ejemplos incluyen a la República Dominicana, en donde 37 sistemas desconectados fueron reparados; Honduras, donde se elaboraron perfiles SAS rurales (SASR) en 28 municipios; Nicaragua, donde se prepararon 61 planes SASR municipales mediante datos del SIASAR para priorizar a las comunidades más vulnerables; o Panamá, donde los datos de las comunidades indígenas sirven para orientar la elaboración del Plan Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Los participantes aprovecharon los datos generados por el SIASAR para mejorar el diseño de proyectos y movilizar fondos para la implementación de operaciones SAS financiadas por el Banco Mundial, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo en Nicaragua, Honduras, Panamá y el estado brasileño de Ceará.

Según estimaciones del Banco Mundial, en América Latina, cerca de la mitad de la población que vive en áreas rurales, no tiene acceso a servicios de saneamiento mejorado y aproximadamente un 20% aún no cuenta con agua potable. Dar respuesta a esta situación resulta crucial para la agenda del desarrollo económico y social de la región.

En 1999, con el propósito de identificar algunas buenas prácticas en el área rural, el Banco Mundial realizó el seminario-taller “Mejoramiento de la sostenibilidad de proyectos de agua y saneamiento en el área rural” en Cusco, Perú. Durante este seminario, uno de los temas claves que se consideró fue entender el alcance y la contribución de un enfoque basado en la demanda para la sostenibilidad de los servicios. Diez años después, en mayo del 2010, se tuvo una nueva oportunidad para revisar las lecciones aprendidas, los avances y los nuevos retos para el agua y saneamiento rural, dentro del marco del seminario, “Los desafíos del agua y saneamiento rural: una década después” también realizado en Cusco. En este segundo encuentro, bautizado como Cusco +10 se identificaron cinco desafíos que se consideraron cruciales para la década que se iniciaba que podrían ayudar a alcanzar la sostenibilidad de la provisión de los servicios de agua y saneamiento en el área rural.

En primer lugar, continúa el desafío de buscar la sostenibilidad del saneamiento básico rural. En respuesta a este desafío, se recomendó articular una visión integral entre inversiones en saneamiento básico con otras inversiones de agua potable y protección ambiental, al mismo tiempo que se busque contar con un menú de opciones de soluciones sanitarias para las familias sin acceso.

Segundo, se identificó el desafío de pensar más allá del ciclo del proyecto en cuanto al enfoque en base a la demanda.

Las virtudes del enfoque en la demanda son aceptadas para el ciclo del proyecto. Pero en varios contextos, no solo existen oportunidades para perfeccionar el enfoque en la demanda (procurando mayor inclusión de poblaciones marginalizadas, por ejemplo), sino también la posibilidad de incluir el enfoque en base a la demanda en decisiones estratégicas municipales de medio y largo plazo.

Tercero, existe el desafío de maximizar los procesos de la descentralización municipal para apoyar los servicios en áreas rurales. Se recomendó una mayor participación de la autoridad municipal en la promoción de la demanda y en la contribución de finanzas municipales; en la facilitación de asistencia técnica; y en el seguimiento y monitoreo de los servicios y la calidad de los recursos hídricos que afectan más de una comunidad rural.

Cuarto, se coincidió que uno de los desafíos pendientes es precisar políticas sectoriales y políticas financieras para el agua y saneamiento rural. Por lo tanto se recomendó buscar mecanismos para posicionar los temas del agua y saneamiento rural dentro del sector, promocionando una coherencia y alineación entre esfuerzos nacionales y de cooperación internacional.

Y quinto, se concordó sobre la importancia de apuntar a la sostenibilidad a largo plazo y los sistemas de monitoreo. En este sentido se precisó sobre la importancia de la sostenibilidad financiera para viabilizar metas a corto, mediano y largo plazos (por ejemplo, administración-operación-mantenimiento reposición- ampliación), como también la importancia de la sostenibilidad ambiental. El análisis de Cusco+10 coincidió que una pieza fundamental para esta sostenibilidad a largo plazo son los sistemas de monitoreo que siguen siendo escasos en la región.

Finalmente, la discusión durante Cusco+10 coincidió en cinco tendencias transversales que han aparecido durante los últimos años y que tendrán que ser parte de las estrategias para enfrentar los desafíos del próximo decenio. Estas tendencias transversales incluyen: (i) reconocer que existe una demanda diversificada; (ii) la importancia del manejo de los recursos hídricos; (iii) la importancia de la coordinación inter-sectorial; (iv) la gestión financiera de los servicios con una mirada al mediano y largo plazo; y (v) las alianzas público-privado-social como una herramienta para mejorar las sinergias.

En esta presentación del Banco Mundial (BM) se destacan algunos importantes logros en el cumplimiento con los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), pero surgen nuevos desafíos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en términos de cobertura, calidad y sostenibilidad. También se destacan los avances de los países de América Latina y el Caribe, aunque se reconoce la existencia de mucha desigualdad.

Para alcanzar los ODS se propone desarrollar y fortalecer las instituciones que puedan implementar las medidas se debe avanzar en acuerdos que contribuyan a lograr la sostenibilidad junto con promover activamente la Inclusión

A juicio del BM existen herramientas y experiencias claves para consolidar la agenda de desarrollo de agua rural en ALC y proyectarla globalmente.

En relación con las metas del milenio el BM sostiene que gran parte de ellas se cumplieron el año 2010. Entre estas se destacan las siguientes: 147 países han cumplido con la meta de agua potable del ODM, noventa y un por ciento de la población global usa agua mejorada, dos mil seiscientos millones de personas han obtenido acceso desde 1990 y hasta la entrega de este informe, sólo tres países tenían cobertura de menos de 50%– comparado con veintitrés que había en 1990.

Sin embargo, el problema de acceso al agua está lejos de resolverse. Los datos que reflejan los déficits son elocuentes: 663 millones, esto es uno de cada diez personas carece de acceso a fuentes de agua segura; ocho de cada 10 de este conjunto de personas viven en áreas rurales; los niveles de cobertura más bajo se encuentran en los 48 países menos desarrollados. Además, se agrega un acceso inequitativo respecto de los quintiles de ingreso, desigualdades por género y también respecto del origen étnico afectando específicamente a la población indígena. El cambio climático y la competencia por los recursos hídricos tienen como efecto que mantener el acceso al agua está bajo una amenaza que se vuelve cada vez más permanente. Las cifras para América Latina son igualmente preocupantes: se estima en 36 millones las personas sin acceso al agua y 110 millones sin saneamiento. Aun así, comparada con otras regiones del mundo las cifras para América Latina son sustancialmente mejores: el 68% de las personas que viven en zonas rurales en esta región tiene acceso a agua entubada, que se compara favorablemente con el 17% que se observa en el Sudeste Asiático o el 5% que se registrar para el Sub Sahara Africano.

Respecto de la desigualdad en el ingreso vis a vis acceso al agua se registran diferencias significativas entre el quintil más rico y el quintil más pobre. Por ejemplo, en Perú se registra una diferencia entre ambos quintiles de 57% en perjuicio del quintil más pobre, Paraguay 39%, México 17%, Chile 5%, Argentina 4% y Uruguay registra una diferencia de sólo 2%.

Finalmente, el documento expone sobre las principales limitantes que podrían constituirse en obstáculos para cumplir con los ODS.

La primera limitación se refiere a la institucionalidad en el sentido que no existe una base institucional para la provisión de “agua rural.”

La segunda limitante está relacionada con el principio del aseguramiento de la sostenibilidad. Según el BM existe un enfoque cuyo eje está en la construcción de infraestructura y no en la provisión de servicios de manera permanente en términos de calidad y cantidad. A lo anterior se agrega que no existen definiciones multidimensionales, medidas o estándares de desempeño que sean globalmente aceptados. Que pudieran orientar la sostenibilidad.

Por último, la tercera limitación se refiere a la inclusión. Las inversiones no incluyen a los pobres o no favorecen los pobres o hay poca innovación para incluir a los pobres. Tampoco se consideran los patrones culturales de los pueblos originarios, por ejemplo, el respeto por los usos y costumbres ancestrales y la incorporación de la cosmovisión durante el ciclo de los proyectos que se propongan.