Autor: Patricia

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Según Naciones Unidas, la presión sobre el recurso hídrico a nivel global está aumentando considerablemente, por lo que resulta urgente actuar. Esta presión creciente se debe a factores como el aumento de la población, patrones de crecimiento más intensivos en el uso del agua, cambio climático, entre otros. A nivel global, las proyecciones sugieren que el planeta podría enfrentarse a un déficit del 40% en la disponibilidad de agua para el año 2030. Chile, por su parte, enfrenta la sequía de más larga duración desde que existen registros instrumentales y posiblemente una de las peores de los últimos mil años. Desde el año 2010 la zona comprendida entre las regiones de Coquimbo y de La Araucanía ha experimentado un déficit de precipitaciones cercano al 30%. Aparte de la sequía, que está afectando las fuentes para el abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales en diferentes localidades de este territorio, otros eventos relevantes que han afectado la disponibilidad y calidad de agua para consumo humano registrados en el último tiempo incluyen eventos como aluviones, turbiedad, prolongados cortes de suministro por contaminación y la descarga de aguas servidas a cuerpos lacustres en períodos de lluvias intensas, todos los cuales también han afectado a un importante número de habitantes de zonas urbanas.

Durante los últimos 50 años, Chile ha presentado una consolidación de sus sistemas sanitarios, alcanzando en las zonas urbanas concesionadas estándares de cobertura y calidad de servicio de nivel mundial. Sin embargo, el escenario económico, social y ambiental actual es muy distinto al de años atrás, en especial considerando la situación de estrés hídrico y cambio climático; haciendo necesario plantearse una nueva visión para el sector en el mediano y largo plazo. Para ello la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) inició el año 2017 un proceso participativo amplio, en donde se han convocado a más de 700 participantes en nueve regiones del país, representantes del mundo de la sociedad civil, empresarial, académico, sector público y del propio sector sanitario.

Luego de dos años de trabajo, se presenta aquí la Agenda del Sector Sanitario al 2030, la cual condensa las inquietudes y prioridades levantadas durante el proceso de construcción.

En relación a los Servicios Sanitarios Rurales, la Agenda señala lo siguiente: Alrededor de dos millones de habitantes de las áreas rurales del país, se abastecen de agua potable a través de los sistemas de agua potable rural. En este sector también ha habido un avance considerable en las coberturas de agua potable, a través de un programa de inversiones de larga data liderado por el Ministerio de Obras Públicas.

Dicho programa es ejecutado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y ha contado con distintas fuentes de financiamiento a lo largo de su historia.

En cuanto a la gestión y operación de los APR, éstos son entregados a las comunidades para ser auto gestionados, las que se organizan bajo la forma de Comités o Cooperativas, que permiten operar los servicios, recaudar las tarifas y cubrir los costos de operación. Paralelamente, ha habido importantes inversiones en saneamiento (alcantarillado y tratamiento de aguas servidas), sin embargo, no han existido mecanismos eficaces que permitan su adecuada operación y mantención. Las APR muchas veces no cuentan con las competencias técnicas necesarias y el traspaso de subvenciones a los beneficiarios más vulnerables se realiza a través de los municipios los que frecuentemente no gestionan adecuadamente los fondos.

Las normas de calidad de agua potable en muchos casos son difíciles de cumplir cuando se tratan aguas que previamente han sido contaminadas o que su calidad está muy lejos de la norma. Las importantes inversiones que requieren muchos comités de APR que tienen beneficiarios dispersos, y que requieren de una mayor red de distribución y por tanto de mayores costos, no pueden ser abordadas por los usuarios, ocurriendo que los servicios que logran financiar las APR sean precarios, con baja presión y, en varios casos, sin lograr cumplir las normas de calidad.

Además, y quizás lo más difícil de sortear, varios comités de APR no cuentan con derechos de agua efectivos y deben ser abastecidos con camiones aljibes, como consecuencia de la falta de prioridad de uso del agua potable.

En este contexto, recientemente se aprobó la Ley de Servicios Sanitarios Rurales que amplía el programo de agua potable rural incorporando el saneamiento, creando una Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales en la DOH y entregando también responsabilidades a la Superintendencia en materia de fiscalización y tarificación.

Se está a la espera de la dictación del reglamento de la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que entregará un nuevo impulso en materia de agua potable y particularmente en materia de saneamiento a los sistemas rurales.

En este ámbito, el programa del gobierno señala la necesidad de instalar una Política Nacional de Desarrollo Rural a nivel de cada región, asignando responsables e instancias de coordinación con miras a igualar las oportunidades con el mundo urbano al año 2026. El Programa busca así implementar la nueva institucionalidad de los servicios sanitarios rurales y dotar de agua potable, seguridad sanitaria y condiciones básicas de desarrollo a todas las personas que viven en localidades rurales, avanzando progresivamente en un plan a ocho años.

Para abordar este desafío con miras al 2030, se ha concebido el proyecto Estándares de Calidad en Sistemas Rurales. Los servicios sanitarios rurales tienen desafíos muy claros en cuanto a las necesidades de derechos de agua, infraestructura, especialmente de saneamiento, y de fortalecimiento de las capacidades técnicas de las comunidades a cargo de su operación.

En el futuro también se necesitará avanzar en soluciones más resilientes, a través de una mayor interconexión y la consideración de los servicios rurales en los proyectos de infraestructura hídrica del país. Por lo anterior, dentro de las competencias de la SISS:

1. i) Se colaborará activamente en la definición de los estándares de calidad de servicio que deberá alcanzar cada uno de los sistemas.
2. ii) Se apoyará y participará en las iniciativas que busquen fortalecer las capacidades técnicas de las cooperativas y comités de servicios rurales. Ej: horas profesionales para capacitación, boletín de difusión de las mejores prácticas, reconocimiento de buenas prácticas, etc.

iii) Se ayudará a la materialización de soluciones innovadoras para las necesidades de los servicios rurales.

iv) Se colaborará con el MOP y en especial la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, para la implementación de la nueva Ley de SSR y su difusión.

El artículo se inicia con el reconocimiento por parte de Naciones Unidas el año 2010 del derecho humano al agua y saneamiento. La resolución de la Asamblea General   fue suscrito por Chile por lo que satisfacer este derecho requiere de seguridad hídrica, que se entiende como la posibilidad de suplir agua en cantidad, continuidad y calidad adecuada. De acuerdo con Naciones Unidas, esto requiere de una gobernanza con un mandato claro, así como de recursos financieros y humanos. Para ello, según los autores de este trabajo, la institucionalidad y legislación debe considerar las diferencias entre asentamientos urbano y rural, este último considerando al sector concentrado, semiconcentrado y rural disperso.

El documento señala que nuestro país, los sistemas de Agua Potable Rural han sido exitosos en aumentar la cobertura de agua potable en zonas aisladas, y en mejorar los índices de mortandad y morbilidad. El artículo revisa los desafíos actuales del sistema, entre los que se encuentra mejorar aspectos que aún se encuentran débiles a nivel administrativo y financiero, cuidando conservar su característica clave de estos sistemas referida a la autogestión.

Se describe el funcionamiento de Sistemas de Agua Potable Rural y los componentes del programa, esto es: i) proveer infraestructura ii) rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de los sistemas de APR, y iii) fortalecimiento de los Comités y Cooperativas de APR, a través de asesorías técnicas, financieras y de gestión. Los autores describen con detalle el marco institucional y los múltiples beneficios que han generado los sistemas de APR para Chile. También se identifican los principales desafíos en materia de provisión de agua potable y alcantarillado rural, particularmente aquellos que deberán enfrentar los tradicionales APR como resultado de la aprobación e implementación de la Ley 20.889 que regula regular la entrega de los Servicios Sanitarios Rurales.

En el documento se revisa la nueva legislación que regula los servicios sanitarios rurales, la cual, además de ofrecer un marco regulatorio en la materia e incorporar una planificación de largo plazo, intenta obtener un mayor conocimiento y control de la red actual.

Finalmente, el artículo concluye que pese a incorporar aspectos relevantes, quedan otros pendientes, como la seguridad hídrica de los sistemas, previsión de la red ante emergencias climáticas, aspectos ambientales, o elementos de control de extracciones.

En esta presentación realizada por el Sub Director de Agua Potable Rural se abordan distintas áreas de la evolución, la historia institucional del programa de APR, se entregan datos estadísticos de la inversión pública realizada en la última década, se describe la forma en que operan los convenios con las empresas sanitarias que proveen de asistencia técnica y se describen los principales desafíos que enfrentan los sistemas de APR y los que se establecen para la propia institución encargada de administrar la nueva ley 20.998 que crea los Servicios Sanitarios Rurales.

El informe destaca que al inicio de década de los años sesenta sólo el seis por ciento de los habitantes de las localidades rurales contaba con agua potable. El origen del programa lo sitúa en 1964 cuando el Gobierno de la época adopta el Plan Básico de Saneamiento Rural.

Se señala que diferentes organismos estatales han tenido a su cargo el Programa Nacional de Agua Potable Rural Entre otros Dirección de Obras Sanitarias Servicio Nacional de Obras Sanitarias y el Departamento de Programas Sanitarios del Ministerio de Obras Públicas, el cual pertenecía a la Dirección de Planeamiento. A partir del año 2003 pasa a formar parte de la Dirección de Obras Hidráulicas y el 2011 se crea la Subdirección de Agua Potable Rural.

Uno de los aspectos relevantes que se destacan del Programa APR es que ha operado sobre la base de todos los habitantes beneficiados participen de manera responsable y permanente para que sea la propia comunidad organizada, a través del organismo comunitario, quien efectúe la operación, administración y mantención del servicio una vez construido

La comunidad está representada por los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural, que corresponden a las organizaciones de la comunidad que administran y mantienen los Sistemas de Agua Potable Rural construidos por el Gobierno, dentro de un esquema o modelo de autogestión y participación comunitaria.

La infraestructura de agua potable rural se construye con fondos públicos provenientes principalmente del Ministerio de Obras Públicas, pero también se financia con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior y con fondos municipales. Respecto de los cobros asociados con la provisión de agua potable, se explicita que la tarifa sólo cubre los gastos operacionales, administrativos y de mantenimiento y por lo tanto no incluye los costos relacionados con la recuperación de inversión.

Mediante Convenios con las Empresas Sanitarias, las Unidades Técnicas realizan la Gestión de los Proyectos de Inversión y entregan Asesoría y Asistencia a los Comités y Cooperativas para operación, administración y mantención de los sistemas.

También se destaca que el Ministerio de Obras Públicas hoy no tiene las facultades para invertir ni prestar asesoría en saneamiento rural.

Hasta 2018 en el país existían 1.876 Sistemas de APR que beneficiaban a 1.726.319 personas. Con la implementación de la Ley 20.998 los Servicios Sanitarios Rurales deberán enfrentar nuevos desafíos respecto de las dificultades para asegurar la disponibilidad de agua, los efectos del cambio climático y los servicios adicionales que tendrán que proveer a la comunidad, especialmente los relacionados con el tratamiento y recolección y disposición de las aguas servidas.

Este documento, elaborado por la Sub Dirección de Agua Potable Rural el año 2016, mientras la ley que crearía los Servicios Sanitarios Rurales se encontraba en plena discusión en el Congreso, entrega antecedentes sobre el origen, la evolución del programa y el estado en que se encontraban hasta ese año, así como la institucionalidad vigente a esa fecha.

Adicionalmente se describen los distintos formatos y la estructura física de los Sistemas de Agua Potable Rural dependiendo de la topografía del lugar y el tipo de fuente de agua que será utilizada.

En relación al rol y las principales funciones que desempeña la Subdirección de Agua Potable Rural se sintetizan en las siguientes: a) Gestión Técnica y Administrativa para la ejecución de estudios, diseños y obras, cuyo financiamiento proviene de los recursos sectoriales asignados al Programa por Ley de Presupuestos; b) Proveer asesoría y asistencia comunitaria, técnica, administrativa y financiera-contable a las organizaciones que administran, operan y mantienen los sistemas adscritos al Programa.

Respecto del período de transición, el proyecto señalaba que la obligación de las Empresas Sanitarias establecida en el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.549 termina al entrar en vigencia la Ley. De acuerdo al informe de DIPRES, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales entraría completamente en régimen al tercer año de entrada en vigencia de la Ley. En relación a los Convenios vigentes con las empresas sanitarias se señala que estos se deberían ampliar en plazos que permitan a cada región contratar el personal necesario para lograr una adecuada implementación de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.

Finalmente se entregan antecedentes financieros relacionados con la puesta en marcha del nuevo régimen institucional que de acuerdo a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda debería ser implementado gradualmente en un plazo de tres años, posterior a la publicación de la nueva Ley.

Este informe entrega los principales resultados de la evaluación realizada por un panel de expertos del Programa de Agua Potable Rural, específicamente en su componente de infraestructura realizada entre enero y agosto de 2015 por la DIPRES. Esta evaluación se realizó en el marco del Programa de Evaluación de programas e instituciones y como parte del Sistema de Evaluación y Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos que provee información de desempeño para apoyar la toma de decisiones durante el ciclo presupuestario, mejorando la eficiencia en la asignación y en el uso de los recursos públicos, y con ello la calidad del gasto y la gestión de las instituciones públicas.

En el informe se destaca que el objetivo del Programa, a nivel de fin, es “contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población rural”. A nivel de propósito, con la incorporación de la Población Rural Semi-concentrada, es que la “población residente en localidades rurales concentradas y semi-concentradas accede a un sistema de agua potable rural que provee un servicio en cantidad, calidad y continuidad en conformidad a la normativa vigente”. A través del Programa se provee de infraestructura de agua potable rural (APR) a localidades rurales concentradas y semi-concentradas, cumpliendo los requisitos establecidos en la metodología de formulación y evaluación de proyectos de agua potable rural del Ministerio de Desarrollo Social. Dicha infraestructura es entregada para su administración, operación y mantención a los respectivos comités o cooperativas de APR pre-existentes o constituidos al efecto.

el Programa de APR produce los bienes y servicios que entrega, organizándolos en torno a los siguientes tres componentes. El primer componente ha sido formulado como “Infraestructura de agua potable entregada a localidades rurales que no cuentan con un servicio de APR”. A través suyo, se “provee de un sistema de abastecimiento de agua potable de carácter colectivo. Comprende obras de captación, conducción, almacenamiento, desinfección y distribución; con sus respectivas conexiones domiciliarias y medidores, las que reemplazan a los sistemas de abastecimiento artesanal”

El segundo componente es “Mejoramiento, ampliación y conservación de infraestructura de APR”, y cuenta con dos sub-componentes, el (a), de “Infraestructura de agua potable ampliada y/o mejorada parcial o integralmente para población rural con abastecimiento de agua potable”, y el (b), de “Infraestructura de agua potable con obras de conservación o de reposición de equipos para población rural” con abastecimiento de agua potable. El subcomponente (a), en materia de ampliación, consiste en “una infraestructura de ampliación que incrementa la oferta máxima del sistema de abastecimiento de agua potable”, mientras que “el mejoramiento se refiere al aumento en la calidad del servicio (presión, calidad del agua y cantidad) y/o disminuir las pérdidas”. Por su parte, el subcomponente (b), de conservación, “comprende la ejecución de obras menores y/o de reposición de equipos, hasta por un monto máximo de 2.000 UTM10, que permita mantener operativo el sistema, sin que ello implique la renovación total o parcial de las obras existentes y en operación.

El tercer componente es que los Comités y Cooperativas, ambas entidades responsables de la administración, operación y mantención de los Sistemas de APR, son supervisados y asesorados, por medio de sus dirigentes y trabajadores, en aspectos técnicos, administrativos, financieros y comunitarios” (…), “funciones que cumple directamente en la Región una Unidad Técnica, y, constituida al interior de la respectiva empresa sanitaria y subsidiariamente por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, en los casos en que no exista un Convenio entre la Dirección y la empresa sanitaria.

Aun cuando en sus orígenes el programa de APR tuvo como objetivo atender a poblaciones rurales, en los últimos años, al redefinirse el concepto de ruralidad el Programa APR también ha empezado a atender a aquella otra población, ubicada en localidades concentradas que, aunque sean consideradas “urbanas” en otras definiciones; habrían quedado sin atención y provisión de este servicio básico, por encontrarse fuera de las áreas de concesión de las respectivas concesionarias sanitarias. Esto, si bien no fue buscado o planificado por el Programa, tuvo el efecto positivo de llenar un vacío de política que, de no corregirse con otras medidas, habría dejado a miles de familias sin mecanismos institucionalizados de acceso de agua potable.

En dicho sentido, el panel de evaluación concluye que el Programa ha permitido cubrir la brecha que en esta materia se habría producido y, para todos los efectos, el Sistema de APR sigue siendo “rural”, en el sentido amplio de la expresión. En consecuencia, el Programa APR tiene ahora por población potencial, al conjunto de la población rural, o de la población que habita localidades rurales en su sentido amplio, la que es un poco mayor que la considerada “rural” según la definición oficial (INE) generalmente ocupada, entre otros, por el MDS para las encuestas de Caracterización Socio Económica (CASEN), habitualmente usadas para todo tipo de estudios, evaluaciones y diseños de política e instrumentos de política.

La evaluación considera aspectos presupuestarios, en que se destaca el acelerado crecimiento de recursos orientados al programa en los últimos años. Revisa los antecedentes históricos que justifican la existencia del Programa, que surge a partir de la constatación, a inicios de la década de los sesenta, de que gran parte de la población rural no tenía agua potable disponible para consumo, acarreando esto importantes consecuencias en el ámbito de la salud pública.

El informe constata la dispersión en las capacidades técnicas, financieras y de gestión de los comités y cooperativas. A pesar que todos los comités tienen la obligación estatuaria de contar con herramientas de planificación, tales como un balance financiero anual y un plan anual de actividades, la gran mayoría no cuentan con un plan anual de actividades. Al revisar los principales desafíos de sustentabilidad que enfrenta el programa el Panel también analiza la iniciativa legal que estaba en el Parlamento de transformar los sistemas de agua potable rural en Servicios Sanitarios Rurales.

La evaluación del desempeño del Programa contempla aspectos de eficacia y calidad tanto a nivel de resultados intermedios como de los resultados finales, que el panel define como evaluación del cumplimiento de objetivos de propósito y fin. A lo anterior se agrega la evaluación de eficacia a nivel de componentes, esto es, a la producción de bienes o servicios de los cuales el sistema es responsable. También se evalúa la Cobertura y nivel de focalización del programa.

Otro componente de la evaluación se refiere a la calidad del servicio, definida como la satisfacción de los beneficiarios efectivos, la oportunidad del servicio entregado y su comparación respecto a un estándar.

Los aspectos económicos se analizan en función de fuentes y uso de recursos financieros, el nivel de ejecución presupuestaria, aportes de terceros y recuperación de gastos.

La eficiencia del programa se evalúa en función del nivel de resultados intermedios y finales, en el nivel de actividades y/o componentes y en los gastos de administración del programa, que de acuerdo al panel entre los años 2011 y 2014 bordea el 12,5% en promedio

Finalmente, el panel concluye que el Programa ha sido efectivo en reducir el problema que justificó su inicio. A través del Programa APR, la cobertura total de agua potable para la población rural, que el año 1970 era de 31%, había crecido hasta el 53% en el año 2014.

A pesar del logro alcanzado, el panel también observa algunos desafíos que deberán enfrentar los sistemas de APR. Así, por ejemplo, se evidencia un deterioro y envejecimiento de los sistemas de APR, lo que ha incidido negativamente en la capacidad de entregar agua potable en cantidad, calidad y continuidad. Habiéndose prácticamente alcanzado plena cobertura de agua potable para población rural concentrada, y avanzándose para la semi-concentrada, se valora la ampliación de la población objetivo, incorporando a la población rural dispersa al ejercicio del derecho de agua potable en cantidad, calidad y regularidad como el resto de la población del País. Ello supone nuevos desafíos dado que, mientras más dispersa sea la población que se atienda, más pequeños serán los núcleos de población que en cada caso se atiendan, lo que demandará nuevas e innovadores sistemas de agua potable rural.

Para superar las deficiencias observadas se formulan un conjunto de recomendaciones, tanto en el plano de los procedimientos y sistemas de administración, como de las competencias de los encargados de la gestión de los servicios que debe proveer el programa de APR. Específicamente, se propone que las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural y sus respectivos/as dirigentes/as, adquieren las competencias mínimas requeridas para gestionar técnicamente, administrativamente y sustentablemente de manera de asegurar una entrega de agua potable en cantidad, calidad y continuidad.

Este estudio, presentado como un trabajo de tesis en la Universidad Técnica Federico Santa María, surge a partir de las dificultades para  los residentes de las distintas localidades de  la Comuna de San Juan de la Costa ubicada en la X Región de Chile, en relación al limitado acceso al agua potable, el cual se vuelve más complejo año tras año debido a los cambios climáticos y los cambios en la naturaleza de los suelos dado por las plantaciones de especies introducidas, que sin duda han incrementado la sequía de ríos y esteros. Ante esto, los más afectados son quienes viven alejados de las grandes fuentes de agua, y su único acceso a este recurso eran los pequeños esteros que hoy en día se encuentran secos, provocando que se tenga que proveer de agua potable a través de camiones aljibes.

En la zona es posible observar residentes que se abastecen de agua de manera independiente y también mediante Comités de Agua Potable Rural (APR). Se han identificado cuatro APR en la comuna, los cuales están encargados de distribuir agua potable a gran parte de las localidades concentradas y que presentan algunas dificultades a nivel de calidad y continuidad del servicio, llegando a dejar algunos sectores sin acceso a agua potable por varias horas y de manera frecuente.

El propósito del estudio busca proponer mejoras a los APR de la Comuna de San Juan de la Costa, correspondientes a los de Maicolpué, Bahía Mansa, Pucatrihue y Puaucho, para que puedan mantenerse de manera óptima en el largo plazo y responder ante las nuevas exigencias que vayan surgiendo. Para esto, se ha estudiado su funcionamiento actual y se han identificado sus fortalezas y debilidades, para posteriormente relacionarlas a un modelo de gestión óptimo de agua potable rural. Es importante mencionar que estas recomendaciones estarán alineadas con la nueva normativa de Servicios Sanitarios Rurales pronta a entrar en vigencia.

La nueva Ley de SSR trae consigo nuevos retos para los APR, ya que se plantean exigencias que requerirán de un alto nivel organizacional para su cumplimiento, generando inconvenientes en algunos comités. Con el objetivo de enfrentar esta problemática se desarrolla un modelo de gestión para los APR, el cual utiliza como pauta inicial los desafíos establecidos en el manual de las buenas prácticas publicado por la FESAN en 2019 y los relaciona y complementa con el sistema administrativo Balanced Scorecard, Sistemas de Gestión de Calidad, el Cooperativismo, los sistemas de gestión de micro organizaciones rurales de agua en otros países.

El objetivo general de este estudio fue diagnosticar la situación actual de cobertura de agua potable en los sectores rurales, visibilizando un problema que está oculto y que no ha sido evaluado en todas sus dimensiones e impactos.

Para comenzar a entender el problema del agua potable rural de Chile, en las primeras secciones de este informe se explica por qué hay chilenos que viven sin agua, cuál es la relación de esta realidad con la pobreza y cómo estas comunidades sin acceso consiguen abastecimiento. Luego se profundiza en el diagnóstico en las zonas rurales, se detallan cuáles son los principales problemas de abastecimiento y cuál es la visión que tienen los propios comités de APR sobre estos problemas. Más adelante se incorporan al análisis los efectos del cambio climático y su relación con el funcionamiento de los APR, para finalizar con las proyecciones futuras en relación al agua rural, considerando el cambio climático y las proyecciones de crecimiento de los APR que tiene el Estado

Este documento busca mostrar la realidad en forma detallada de las condiciones del agua potable del Chile rural. La inquietud nace de una pregunta muy básica: ¿Cuántas personas en Chile no tienen agua? El análisis de la información del Censo 2017 concluye que 383.204 viviendas en Chile son carentes de agua potable. En el mundo rural, el 47,2% de la población se abastece de pozos, ríos, vertientes, esteros o camiones aljibes. Adicionalmente, la encuesta Casen 2017 presenta un aumento en la carencia de servicios básicos desde el año 2015 al 2017.

El objetivo general de este estudio es diagnosticar la situación actual de cobertura de agua potable en los sectores rurales, visibilizando un problema que está oculto y que no ha sido evaluado en todas sus dimensiones e impactos.

Uno de los objetivos específicos que se plantearon para este estudio fue priorizar y planificar futuras intervenciones en agua potable rural de la Fundación Amulén.

El informe de la Fundación destaca también las consecuencias que tiene para una comunidad no tener acceso al agua en cantidad y calidad adecuada. Informes internacionales han señalado que las comunidades carentes de servicios básicos ven afectado su desarrollo en múltiples dimensiones: en lo económico, educación, salud y equidad de género. La primera es quizás la más clara: la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que por cada dólar invertido en suministro de agua potable se ahorran entre tres y 34 en sanidad. En relación a la educación, los menores pasan largas horas transportando este recurso básico en vez de asistir a sus establecimientos educacionales.

Finalmente, la equidad de género se ve afectada, pues son las mujeres las que suelen cargar con el peso de proveer a sus comunidades, tras interminables recorridos en busca de pozos o ríos. Por ende, sin acceso al agua potable no hay desarrollo ni salida de la pobreza.

El documento permite cuantificar de manera muy desagregada la situación del agua potable rural en Chile, y establece la estrecha correlación que se observa en muchas localidades rurales en el país entre niveles de pobreza y dificultades o carencias en el suministro y acceso al agua potable.

Utilizando el Indicador de Falkenmark, que establece que una disponibilidad hídrica per cápita por debajo de los 1.700 m3/hab/año se considera como situación de estrés hídrico, con fallas frecuentes en el abastecimiento de agua para las diversas actividades, sobre todo en zonas con altas probabilidades de sufrir sequías, como es el caso de la zona norte de Chile. Más aún cuando este indicador de disponibilidad está por debajo de 1.000 m3/hab/año las consecuencias pueden ser más severas y comprometer la disponibilidad de agua para consumo humano, producción de alimentos y la superación de la pobreza.

El 47,2% de la población rural que no cuenta con un abastecimiento formal de agua potable se concentra principalmente en la macrozona sur, siendo las regiones que poseen una mayor proporción de población rural con fuentes informales: La Araucanía (71%), Biobío (68%), Los Lagos (64%) y Los Ríos (62%). La población rural sin abastecimiento formal tiene acceso a agua a través de las siguientes fuentes informales: agua superficial (río, vertiente, estero o lago), subterránea (pozos) y camiones aljibes, en aquellos casos en los cuales no hay fuentes superficiales o subterráneas disponibles.

Muchas de las localidades concentradas y semiconcentradas se abastecen por los tradicionales sistemas de agua potable rural (APR). Este programa, que se inició en 1960, ha sido exitoso en proveer de infraestructura de agua potable rural (APR) a localidades rurales concentradas  y semiconcentradas, logrando aumentar la cobertura de la población rural con agua potable rural desde un 6% el año 1960 a un 53% el año 2018, que para ese año representaba 1.787.916 beneficiarios, con positivos impactos en el ámbito de la salud pública y la superación de la pobreza.

El informe señala que, dado que la población rural “concentrada” alcanzó cobertura universal, a partir del 2010 se agrega también la población semiconcentrada al Programa APR del MOP. A la fecha de término del informe, las localidades semiconcentradas cuentan con un 41% de cobertura. El Programa de Agua Potable Rural tiene un plan de inversión para los próximos 10 años, con el cual se estima alcanzar una cobertura universal en las localidades semiconcentradas. Es importante señalar que existen dificultades para aumentar las localidades semiconcentradas en un periodo más breve, debido a los requisitos metodológicos que impone el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) puesto que mientras más dispersa sea la población que se atienda, mayores serán los costos de estas soluciones, lo que demandará propuestas innovadoras que vayan más allá de las tradicionales soluciones aplicadas a poblaciones concentradas o semiconcentradas.

Sin embargo, el porcentaje de cobertura de abastecimiento de agua potable en zonas rurales es heterogéneo en todo el territorio nacional, variando desde un mínimo de 28,8% en la Región de La Araucanía a un máximo de 86,2% en la Región de O’Higgins.

La macro-región central presenta la cobertura promedio más alta, con 69,5%, seguida por la macro-región norte, con 53,8%. La macro-región sur presenta la menor cobertura promedio de agua, alcanzando un 39,4%. Cabe destacar que las regiones con las menores coberturas, como La Araucanía, presentan, además, menores densidades poblacionales. Esto implica que aumentar las coberturas en estas regiones requerirá de soluciones innovadoras, ya que los sistemas tradicionales no son viables por costo.

El Programa APR estableció normas técnicas que todos los sistemas nuevos deben cumplir para que, al menos en sus inicios, se proporcione agua potable en cantidad, calidad y continuidad de acuerdo con las regulaciones actuales. En términos generales,

las organizaciones de APR funcionan si se evalúa su capacidad para entregar con éxito el agua a los usuarios. A nivel nacional, un 80% de los APR cuentan con una alta continuidad en el servicio, cumpliendo así con el objetivo de suministrar agua potable en continuidad. Por ende, el programa ha logrado en un alto porcentaje su objetivo de suministrar agua potable en cantidad y continuidad a la población rural de localidades concentradas y semiconcentradas.

No obstante, con el tiempo los APR han presentado interrupciones en el suministro de agua, afectando a aproximadamente 350.000 personas. La gran mayoría de estos son cortes no programados, debido, principalmente, a razones operacionales, tanto por gestión interna como por razones externas, como cortes de electricidad. En cinco regiones se presentan cortes no programados en más de un 40% de los APR: Valparaíso (60%), Tarapacá (51%), Arica-Parinacota (46%), Antofagasta (40%) y Atacama (40%).

Se ha evidenciado que los problemas de continuidad del suministro de agua potable se deben mayoritariamente a fallas operativas, provocadas por la falta de mantenimiento y mejoras, derivados de problemas de financiamiento y falta de planes de mediano y largo plazo. Este problema de subfinanciamiento está directamente relacionado con la escala de operación; la capacidad de los APR para financiar sus gastos recurrentes y no operacionales. Esto representa un importante desafío, ya que, en la actualidad, aproximadamente un 63% de los sistemas de APR son pequeños sistemas de APR, cuya escala no permite recabar los recursos suficientes.

El documento destaca que las debilidades de los servicios de abastecimiento de agua potable están más relacionadas a la gestión propia de los comités o cooperativas que a los factores directos de producción de agua o de su calidad. Por lo anterior, para asegurar la sustentabilidad de los beneficios del Programa es preciso abordar las debilidades de gestión de estas organizaciones; es decir, se requiere aumentar la competencia en gestión y administración de los comités y cooperativas.

Adicionalmente, del estudio en terreno realizado se desprende que sí existe una asociación entre la cantidad de tiempo en que se encuentra un APR en condición de sequía con la cantidad de fallas que presenta. Podemos destacar el alto número de cortes por sequía en relación con el número total de cortes por razones climáticas en las regiones de Valparaíso, Biobío, Maule y La Araucanía.

Frente a las proyecciones de cambio climático, es de interés evaluar cuál es la situación esperada respecto del abastecimiento de agua potable en las localidades rurales para un periodo futuro cercano. Con este fin, se realizó un análisis de sequías utilizando como periodo histórico el intervalo de años 1985-2015 y como periodo futuro 2030-2060. Se evidencia que la mayoría de los modelos proyectan reducciones en las precipitaciones prácticamente en todo el territorio chileno (con excepción de algunas zonas del Norte Grande); además, para la temperatura también, prácticamente en todo Chile (con excepción de la zona austral), los modelos prevén aumentos de temperatura de al menos 1°C. Por ende, el pronóstico respecto de la disponibilidad hídrica impone importantes desafíos al suministro de agua potable. Finalmente, en este estudio se puede evidenciar que la escasez hídrica agrava y afecta la situación del agua potable rural, pues un número importante de sistemas de APR han presentado fallas por condición de sequía. Asimismo, se observa cómo el mundo rural y, principalmente, comunidades dispersas carecen de infraestructura para contar con el acceso al agua potable en sus viviendas y, por lo mismo, les resulta cada vez más difícil y lejano disponer de este recurso básico, lo que genera altos costos para estas familias.

El objetivo de este manual es poner a disposición de líderes comunitarios, directivos y operadores de los SSR (Servicios Sanitarios Rurales) una guía para la capacitación e implementación de un método de evaluación y selección de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, PTAS. apropiada para una localidad rural, basado en las recomendaciones y métodos de trabajo presentados en los talleres de capacitación realizados por FESAN.

Bajo la premisa que todos los tipos de plantas de tratamiento cumplen su objetivo de depurar las aguas servidas, cumpliendo las normas de descarga a cuerpos de agua superficial y subterránea, en la medida que se opera y mantiene de forma adecuada, no siempre se elige la tecnología apropiada para una zona rural.

La historia ha demostrado que por lo general las soluciones de saneamiento y la selección del tipo de PTAS están basadas solo en consideraciones técnicas y de costos. Sin embargo, se dejan fuera del análisis otros aspectos de evaluación que para una comunidad rural si son de importancia, como aspectos sociales, culturales y territoriales, propias de cada localidad. Consecuencia de ello es que existe un gran porcentaje de PTAS, en Chile 49%, que funcionan mal o simplemente no funcionan.

El objetivo del presente manual es poner a disposición de líderes comunitarios, directivos y operadores de los SSR una guía para la capacitación e implementación de un Sistema de Gestión comunitaria de agua potable y saneamiento rural que permita y culmine con la elaboración de un Plan de Desarrollo de un SSR, basado en las recomendaciones y métodos de trabajo presentados en los talleres participativos de capacitación, que son parte del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de FESAN

La capacitación participativa se sustenta en 2 pilares básicos:  i) Gobernanza adecuada basada en una estructura como empresa social sin fines de lucro y una gestión de calidad y ii) avanzar hacia una gestión de conocimiento de necesidades del cliente

El Manual está orientado principalmente a cambios en la gestión para lo cual se identifican los siguientes desafíos:

1. Satisfacer las necesidades de los clientes.
2. Gestión de procesos y estándares operacionales y de servicio.
3. Rol y capacidades comerciales.
4. Rol y capacidades de las instalaciones operacionales.
5. Comportamiento de las instalaciones operacionales.
6. Grado de vulnerabilidad de las instalaciones.
7. Optimización de la operación

Para cada uno de estos desafíos, el Manual, que los autores definen como una guía para capacitar tanto para el estamento directivo, gerencia, administrativos y operarios de los SSR, desde el punto de vista metodológico, se ejecuta proponiendo un conjunto de respuestas que resuelven tres preguntas básicas: 1. ¿Qué hacer?  2. ¿Cómo hacer?  y 3. El material de apoyo que ayuda a resolver las preguntas.

Los autores concluyen que el manual tiene como principal objetivo enfrentar lo que sería el principal desafío (“el reto) para los SSR y es que cómo “lograr una organización (empresa) social autosustentable, sin fines de lucro y que en forma permanente satisfaga las necesidades de los clientes, socios o vecinos”. Este reto es un proceso que requiere de un acuerdo de todos los involucrados en una organización. Requiere de tiempo de planificación y de ejecución. Son procesos constantes y que requieren de un tiempo prolongado de ejecución.

De acuerdo a sus autores, este documento de trabajo “es un instrumento que identifica los desafíos vigentes, analiza literatura nacional e internacional, resalta las lecciones aprendidas y mejores prácticas de los últimos años, y establece directrices y líneas de acción para el desarrollo del sector en los próximos cuatro años”. Está organizado en dos capítulos de los cuales el primero se orienta a describir cómo, históricamente, se ha organizado la provisión del agua potable y saneamiento en el mundo rural en Chile, cuáles son los desafíos que deberá enfrentar esta forma de gestión comunitaria del agua, especialmente respecto de la sostenibilidad y cómo debería ser el proceso de desarrollo del saneamiento bajo la nueva ley SSR. Especialmente se mencionan los desafíos de gestión interna, que para los autores están estrechamente asociados con la permanencia de los principios sociales y asegurar una gestión eficiente para lo cual necesariamente deberán adaptarse a los cambios externos, tales como los efectos del cambio climático y las exigencias que les impone la nueva ley de Servicios Sanitarios Rurales.

El segundo capítulo, que los autores identifican con “la acción” y para ello sostienen que el principal y más eficiente medio de acción es el fortalecimiento de las capacidades de sus dirigentes y trabajadores. Para lograrlo, se propone un Programa Nacional de Capacitación en Agua y Saneamiento Rural, PNFC cuyo principal objetivo es fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias, preservando fundamentalmente su carácter social y participativo. En síntesis, “capacitar para asegurar una gestión comunitaria mejorada junto al Estado, capacitar para prosperar”

La propuesta reafirma la convicción de sus autores de que el programa nacional entregará conocimientos, experiencias y herramientas que potencien capacidades técnicas, legales, operativas, administrativas, financieras y habilidades conductuales y sociales; y concluye con la siguiente afirmación:” Así, todas estas organizaciones contaran con planes a corto, mediano y largo plazo de desarrollo de infraestructura, inversión, y proyectos de recolección y tratamiento de aguas residuales.”