Categoría: Bibliografía

Este estudio fue elaborado por el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, de la Universidad de Chile por encargo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G. (Andess A.G.)

El objetivo principal del estudio busca conocer el estado actual de las organizaciones y de los sistemas de Agua Potable Rural a nivel nacional considerando las zonas norte, centro y sur del país, respecto a su condición para operar en el nuevo marco institucional y para desarrollar un servicio efectivo. Se identifican las fortalezas y el nivel de desarrollo de las organizaciones para gestionar los sistemas de manera autónoma, ética y rentable. Junto con ello se detallan los factores que podrían incidir en el funcionamiento de las organizaciones con la aplicación del nuevo marco normativo. Particularmente se analizó la sostenibilidad de los sistemas respecto de su solvencia y reinversión a partir de un sistema tarifario efectivo y el estado del arte o conservación de la infraestructura sanitaria de agua potable y aguas servidas en concordancia con la normativa medio ambiental.

Desde el punto metodológico el estudio se basa en información recabada y procesada utilizando los siguientes mecanismos: i) información bibliográfica, ii) información primaria cualitativa, e iii) información primaria cuantitativa descriptiva e inferencial. De esta manera fue posible establecer el estado actual de las organizaciones en los puntos señalados en el objetivo.

A continuación, se resumen los principales resultados:

i) Respecto de las fortalezas y el nivel de desarrollo de las organizaciones para gerenciar los sistemas de manera autónoma ética y rentable se concluye que es en el análisis sistémico donde se observa un menor nivel de desarrollo de las organizaciones de APR puesto que tanto su desempeño en la realización efectiva de sus tareas como en la dependencia que se observa respecto de las instituciones externas no permite evidenciar una capacidad real para gerenciar de manera autónoma y rentable sus sistemas. Estructuralmente hay un sistema de gobernanza conformado en gran parte de las organizaciones de APR del país, con posibles mejoras pero que en general describen un escenario aceptable. Existe estructuralmente un nivel de desarrollo que permite asumir la tarea de entrega de agua potable, pero con un espacio de mejora en especial en el caso de las organizaciones más pequeñas, que representan actualmente un 63,5% de las APR (considerando aquellas organizaciones de menos de 250 arranques). El rol del directorio de transferencia de información y transparencia de su gestión con sus socios, exponen una condición de insuficiencia en gran parte de las organizaciones de APR, transformándose estas características en una debilidad ética de las organizaciones de APR. La buena evaluación que las organizaciones de APR hacen de las Unidades Técnicas y de DOH es reflejo del desempeño de ambas instituciones, pero a su vez la posición mayoritaria de las APR respecto de que deben seguir cumpliendo el rol de apoyo que desempeñan actualmente sugiere una visión de dependencia de estas instituciones externas, que puede ser conceptualizada como paternalista, complejizando el desafío futuro de autosuficiencia en el desempeño de las funciones y mantención de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento.

ii) En segundo lugar, respecto del objetivo de identificar y detallar los factores que podrían incidir en el funcionamiento de las organizaciones con la aplicación del nuevo marco normativo la revisión de los factores críticos o de riesgos permiten estimar que estas organizaciones no se encuentran en una situación crítica frente al proyecto de ley, sino más bien se encuentran en una situación de desventaja dependiendo principalmente del tipo de organización y su tamaño. De esta forma, las organizaciones bajo la figura de cooperativas y de mayor tamaño tienden a cumplir más con los aspectos que contempla el proyecto de nueva ley.

El nuevo proyecto de ley pone a la gran mayoría de las organizaciones en una situación vulnerable, dado que, los datos arrojados dejan al descubierto la baja capacidad de respuesta si no existe una capacitación que desarrolle el capital humano al interior de las organizaciones que permitan entender el contenido de la ley, las implicancias para la organización, los nuevos desafíos en los aspectos administrativos y de operación. Incluso las organizaciones más grandes de tipo cooperativas podrían presentar problemas en la implementación, pudiendo tornarse débiles si no se realiza una buena inducción de las implicancias de la nueva ley.

iii)        La tercera conclusión está relacionada con la sostenibilidad de los sistemas respecto de su solvencia y reinversión a partir de un sistema tarifario efectivo. Los ingresos de las organizaciones están principalmente determinados por el cobro de tarifa a los socios que se encuentra estrechamente relacionado con el tamaño de la organización, así las organizaciones de mayor tamaño están mejor preparadas para solventas gastos que las organizaciones pequeñas. Al observar los beneficios y los fondos acumulados por tramo de arranques, la relación parece estar directamente relacionada con el tamaño de la organización y no con la capacidad de gestión de la organización. Sin embargo, la capacidad económica condiciona la capacidad de gestión de una organización, por medio de la capacidad de administrar y de adquirir bienes, contratar y administrar personal, y operar y mantener el sistema de APR. Todas estas tareas requieren de recursos económicos, en donde generalmente se evidencia que a medida que éstos escasean se precariza la capacidad de gestión de la organización. Esta situación obliga a buscar mecanismos que ayuden a mejorar la asignación tarifaria con el fin de asegurar que las organizaciones – especialmente las de menor tamaño – puedan auto solventar sus gastos en los que incurre, sin tener que acudir al Estado por ayuda

1. iv) Finalmente, respecto del estado del arte o conservación de la infraestructura sanitaria de agua potable y aguas servidas en concordancia con la normativa medio ambiental se concluye que las organizaciones logran tener operativo casi la totalidad de los componentes del sistema de agua potable. Sin embargo, las organizaciones necesitan realizar mantenimiento y/o mejoras en sus sistemas de manera constante para asegurar un buen funcionamiento y entregar un servicio de calidad a la población.

En general, la mayoría de las organizaciones cuentan con plan de mantenimiento y/o mejoramiento, lo que les permitiría disminuir los problemas que se generan, principalmente en la red y en la infraestructura de captación y acumulación. Sin embargo, casi la mitad de las organizaciones señalan que durante los últimos seis meses (del año 2016) se ha cortado el suministro por algún motivo diferente a una catástrofe natural o de fuerza mayor, lo que deja ver que los esfuerzos realizados no son suficientes para asegurar el suministro de agua, que se atribuyen principalmente a fallas de equipos y de matriz, evidenciando un deterioro en la infraestructura existente.

En el caso de la infraestructura sanitaria de aguas servidas los problemas radican principalmente en la falta de organizaciones con este tipo de infraestructura. De los datos recabados por las fichas, un 11% de las organizaciones cuenta con sistema de alcantarillado, y un 9,45% cuenta con un sistema de tratamiento de aguas servidas en funcionamiento, este último no considera los tratamientos de tipo individual. Además, no todas están en operación actualmente y de las que lo están, la mitad ha presentado algún tipo de problema con el sistema, ya sea por rebalse o por presentar mal olor.

El objetivo principal de esta investigación es analizar la gestión pública-comunitaria de los servicios de agua potable rural en Chile, considerando sus características, funciones y contexto, como también los desafíos que enfrenta el actor social, comprendiendo la relevancia que posee en la dotación y buen manejo del recurso hídrico para el país. Para efectos de esta tesis, se trabajará con la Antropología Ambiental, con el fin de comprender cómo influyen en la cultura las variaciones en el medioambiente –en este caso desde el tema del agua, y específicamente, desde las asociaciones públicas comunitarias de agua potable en Chile- y las prácticas culturales en el medioambiente conformándose esta relación de manera bidireccional.

A juicio de su autora, esta tesis se entiende como una acción de interfase, conectando campos aparentemente distanciados como el de la antropología y la gestión pública del agua. La Antropología Ambiental surge como una caja de herramientas para llevar a cabo este proyecto, en el entendido que es complejo el enlazar todo dentro de un gran tejido, conectar lo macro con lo micro, lo global con lo local, lo gubernamental con las organizaciones civiles, así como lo público y lo privado. Además, se precisa de una perspectiva cultural al tema del agua, dado que sus alcances trascienden lo puramente económico o político. Esta tesis propone un giro, en el sentido de entender que el agua es, ante todo, una cuestión de índole socio-cultural.

En su investigación, la autora se propone cinco objetivos específicos: i) describir los factores socio-culturales, así como los marcos institucionales, que regulan la gestión pública del agua en Chile; ii) comprender como funcionan las APR en el marco de políticas nacionales sobre acceso y gestión del recurso hídrico y su rol en la formulación de la política pública del sector; iii) sistematizar información sobre el número, estructura y funciones de las APR  y iv) caracterizar y relevar al actor social (participantes de las APR) en cuanto a sus funciones socioambientales y políticas.

La cultura del agua es un concepto que nos permite acercarnos a la realidad compleja que surge de la relación agua y sociedad. Por lo tanto, al estar dicha relación latente en las APR y en sus actores, es factible decir que éstos se hayan dentro de la cultura del agua, comparten formas organizativas, creencias, esperanzas y desafíos comunes, entre otras cosas.

El trabajo de tesis describe algunos ejemplos de sistemas públicos-comunitarios en la región Latinoamericana destacando que prácticamente en cualquier país del mundo las organizaciones comunitarias han buscado establecer acuerdos vinculantes y leyes que declaran al agua como un derecho humano fundamental. Sin embargo, debido a la falta de voluntad política y capacidad de aplicación, se hace difícil llevarlos a cabo. Las asociaciones comunitarias son claramente la expresión de la voluntad popular que en todo el mundo reclama que no se le puede negar a nadie el agua, elemento vital por excelencia.

Un ejemplo connotado de los sistemas públicos-comunitarios es el caso de Uruguay, cuya gestión pública del agua difiere sustancialmente de la chilena, ha sido sometida a plebiscitos a la ciudadanía respecto al estado y dominio del agua.

La administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) es la empresa estatal uruguaya responsable de brindar el servicio de agua potable en todo el país; y el de saneamiento a través de redes públicas en todos los departamentos del mismo, con excepción de su capital, Montevideo, cuyo servicio es responsabilidad de la Intendencia Municipal

Varias organizaciones sociales nucleadas en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), respaldadas por casi dos terceras partes de la ciudadanía, lograron incluir en la Constitución de Uruguay la consideración del agua como un derecho humano fundamental, sentando las bases para que la gestión de los recursos hídricos sea pública y esté basada en criterios de participación social y sustentabilidad. Este hecho marca un importante precedente internacional, por tratarse de una de las primeras experiencias de incluir un derecho ambiental en la Constitución de un país a través de la democracia directa

En Uruguay, OSE es propietaria y responsable del servicio de agua potable y saneamiento y también aporta en inversión y en respaldo técnico

Actualmente, OSE cuenta con 330 servicios de agua potable en todo el país. Atiende a más de 110 localidades con menos de 150 conexiones cada una que representan casi un 40% del total de servicios, pero en términos de conexiones son menos del 1%. La limitante para el abastecimiento de poblados más pequeños y aislados de parte de OSE no se da fundamentalmente por el monto de las inversiones a asumir, ni por las dificultades técnicas de la operación sino por la falta de disponibilidad y capacidad de horas/hombre para la operación, mantenimiento y supervisión de los sistemas en funcionamiento a posteriori de la implementación del servicio

Otra experiencia interesante son los abundantes sistemas comunitarios de suministro de agua que existen en Bolivia. Si bien estos son reconocidos en cierta medida por las políticas nacionales de descentralización y el gobierno local, todavía no se los consideran suficientemente en las políticas y planes nacionales de agua y saneamiento, especialmente en el dinámico espacio peri-urbano. De acuerdo a un estudio realizado por el Viceministerio de Saneamiento Básico (2004), más de la mitad de los sistemas de suministro de agua en Bolivia (54%) son gestionados por comités y un 25% por cooperativas, mientras que solo el 11% de los sistemas (generalmente más grandes) son operados por las municipalidades.

Los procesos y movimientos sociales en Bolivia cuyos miembros (usuarios, sistemas comunitarios de riego o agua para consumo doméstico, Otis, entre otros) han sido los principales actores en la gestión del agua, se han desarrollado inicialmente en defensa de los derechos consuetudinarios sobre el uso del agua y la prestación de servicios. Las movilizaciones han surgido en defensa de dichos derechos y en contra de la aplicación de políticas que promovían la participación de empresas privadas en detrimento de estos derechos, desapropiando de las fuentes de agua que tradicionalmente estos actores habían gestionado

Después de la guerra del agua, que impidió la incorporación de empresas en la provisión de agua potable en la ciudad de Cochabamba, la mayoría de las comunidades en los barrios pobres de la zona sur de la ciudad iniciaron la construcción de sus propios sistemas autónomos abastecidos por pozos subterráneos y gestionados por cooperativas autónomas, comités informales o consejos vecinales elegidos por los habitantes.

El primer resultado que se destaca en esta investigación es que la participación es clave en la gestión de las APR, contribuyendo a mejorar y democratizar la organización. El segundo resultado es sobre la función del Ministerio de Obras Públicas que apoya, capacita e invierte en las APR y que es fundamental para su funcionamiento. El tercer resultado postula que el problema del agua en Chile es un problema político, lo que repercute invariablemente en las APR, noción que se repite a lo largo de esta tesis. El cuarto resultado aboga que en la funcionalidad de las APR existe una dualidad entre la heterogeneidad y la homogeneidad, dos conceptos contrarios pero que se pueden encontrar en las APR. El quinto resultado es sobre la funcionalidad del sistema APR, describiéndose como positiva. El sexto resultado postula que a pesar de la funcionalidad de las APR, es necesario ampliar la cobertura, pues todavía quedan sectores rurales sin agua potable. El séptimo resultado arguye que la gestión pública del agua en Chile no contribuye a un desarrollo sostenible, pues todavía hay degradación ambiental e inequidad (económica, social, cultural y ambiental). El octavo y último resultado de esta tesis son las propuestas para enfrentar las debilidades y vigorizar las fortalezas de las APR.

Esta tesis apunta a que sin cambio cultural no puede darse un cambio en la gestión del agua, “cambio cultural que avance en la construcción de sociedades democráticas en las que la democracia del agua sea posible.” El cambio cultural del agua se orienta como factor de desarrollo al proporcionar vida, recreación, industria, comercio, sostenibilidad de los asentamientos humanos, insumo básico para la agricultura y por consiguiente elemento indispensable para el combate de la desnutrición, como medicina preventiva, y de preservación ambiental para sostener la cadena alimenticia flora, fauna, ser humano.

Este trabajo corresponde a una tesis para optar al grado académico de Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente presentada a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La investigación intenta responder a la siguiente pregunta: ¿En qué medida el proyecto de ley que crea los “Servicios Sanitarios Rurales” responde a la trayectoria y desafíos del Programa de Agua Potable Rural en Chile?

Para lo anterior, se revisaron documentos, informes, datos proporcionados por la DOH, entrevistas semiestructuradas a seis actores claves durante el mes de noviembre de 2016 en materia de proyecto de ley que crea los SSR para identificar desafíos presentes en la gestión del PAPR y su relación con el presente proyecto. Se identificaron desafíos vinculados con temas de la estructura actual del PAPR, de la institucionalidad, de la normativa, de cobertura del PAPR, en saneamiento, participación, capacitación, información disponible, en infraestructura, en tarifas y subsidios y por último desafíos relacionados con la disponibilidad del agua en contexto de escasez. Finalmente, es que existe un consenso amplio que dice relación con la necesidad de dicha ley y que viene a responder varios de los desafíos planteados, pero existen desafíos que no necesariamente se responden con la promulgación de dicha ley sino que corresponde al accionar de los actores, de las instituciones creadas y también de la modificación de otros cuerpos legales –como el actual Código de Aguas- para que en su implementación tenga éxito para el mundo rural, en el que el agua es declarado por las Naciones Unidas como un derecho humano y como un Objetivo de Desarrollo Sustentable, con la finalidad de que se disminuya la brecha presente entre el mundo rural y urbano en dicha materia.

La investigación parte por reconocer que el PAPR en Chile ha sido exitoso en el abastecimiento de agua potable a localidades rurales concentradas y en su mantención en el tiempo por la gestión comunitaria realizada. Sin embargo, la población rural ha carecido – desde los años 90`- de una institucionalidad que apoye y gestione correctamente dicho programa para enfrentar el abastecimiento a otras localidades no concentradas y el saneamiento. A la fecha, el proyecto de ley que crea los “Servicios Sanitarios Rurales” responde a una necesidad de institucionalidad al igual que la que opera en el sector urbano – con las diferencias mencionadas- y así, disminuir la brecha entre lo urbano y lo rural.

El objetivo general del estudio es analizar el proyecto de ley que crea los “Servicios Sanitarios Rurales” en relación a la trayectoria y desafíos identificados en la ejecución del Programa de Agua Potable Rural en Chile.

En cuanto a los objetivos específicos, la tesis identifica tres:.

1. Analizar la trayectoria del Programa de Agua Potable Rural según su historia, institucionalidad, normativa y cobertura de abastecimiento agua potable.
2. Identificar los desafíos actuales en torno al Programa de Agua Potable Rural en relación a su implementación.
3. Analizar el proyecto de ley que crea los Servicios Sanitarios Rurales según las necesidades identificadas en el Programa de Agua Potable Rural en Chile.

El estudio concluye que el proyecto de ley que crea los SSR viene a dotar de una institucionalidad y una normativa para el sector sanitario rural que –a diferencia del sector urbano- no ha existido particularmente a partir de comienzos de los años 90`, que busca mantener la estructura del exitoso PAPR en el que el Estado aporta la infraestructura y las localidades rurales la administración, operación y mantención de lo que se denominará “SSR”. Lo anterior, con la finalidad de ampliar la cobertura no sólo en agua potable rural, sino que también en materia de saneamiento, siendo uno de los desafíos más importantes en la materia. En este sentido, el proyecto de ley busca satisfacer una necesidad del mundo rural y a la vez reconocer el éxito de la gestión comunitaria por parte de los SAPR, creando mejores condiciones para el mundo rural. En el trabajo de tesis se reconoce que el proyecto de ley tuvo una participación activa por parte de los APR en su elaboración, aunque se requiere un trabajo asociativo y en conjunto por parte de los actores del SSR para que dicho proyecto se ejecute de manera exitosa. Por lo tanto, para el éxito de los SSR no sólo se debe tener en cuenta la institucionalidad y normativa que crea sino que también agregar la voluntad de los actores presentes en su ejecución, considerando además otros cuerpos normativos – como por ejemplo el Código de Aguas y su actual reforma-, otras instituciones como por ejemplo la DGA o SUBDERE y por último, las condiciones en materia de disponibilidad de agua y el escenario de estrés hídrico reconocido por los actores, ya que, según Fenapru,“sin agua, no hay SSR. Por último, el proyecto de ley viene a satisfacer una demanda del mundo rural, que en términos de cobertura en relación al mundo urbano existe una brecha que es necesario abordar.

El objetivo de esta publicación es presentar el marco jurídico del agua potable rural en Chile, destacando el rol protagónico de la gestión comunitaria. Para ello se describe, en primer lugar, la historia del agua potable rural en Chile; luego, se expone el marco institucional y normativo del área comentada; y, finalmente los autores concluyen con algunas reflexiones finales.

Desde el origen del Programa de Agua Potable Rural, la administración y distribución del agua en los territorios que no son abastecidos por las empresas de servicios sanitarios de las áreas urbanas son las cooperativas o comités de agua potable rural. Estas son organizaciones sin fines de lucro, que tienen por objeto el abastecimiento de agua potable en aquellas zonas donde las empresas sanitarias no operan. Se regulan en base a estatutos internos y tienen un actuar auto gestionado; sin perjuicio que en materia de calidad de aguas y distribución deben someterse a la normativa vigente.

En esta medida, los comités y cooperativas de agua potable rural son organizaciones que basan su gestión en la acción colectiva; y, en la experiencia propia y de otras organizaciones del mismo tipo. Al momento de publicarse este artículo el congreso estaba legislando sobre el proyecto de Ley que tenía como principal objetivo de sustituir los actuales sistemas de agua potable rural y crear y regular los Servicios Sanitarios Rurales (Boletín N°6252-09). El proyecto, además, estaba orientado a proporcionar un estatuto jurídico uniforme a estas organizaciones, resguardar la gestión comunitaria, fijar derechos y deberes y robustecer la institucionalidad pública vinculada con la materia.

El trabajo describe con amplio detalle el contexto institucional en que se desenvuelve el Programa de Agua ptable Rural.  Como ya es ampliamente conocido el organismo principal encargado del programa es la Subdirección de Agua Potable Rural, que se encuentra bajo la Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección dependiente del MOP. Sin embargo, existe una serie de instituciones públicas con competencias públicas en la materia. Algunas de ellas tienen también dependencia del MOP, como es el caso de la Dirección General de Aguas. Mientras tanto, otras dependen de otros Ministerios del Gobierno Central, como el caso del

Servicio de Salud o las subsecretarías de Desarrollo Regional. Finalmente, un tercer grupo, de nivel local, en donde se pueden agrupar tanto a los Municipios como a los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural (APR). Los autores describen especialmente el rol que juegan las unidades técnicas que es una organización privada que actúa a nombre del Estado y es responsable de la ejecución, diseño y puesta en marcha de las soluciones de ingeniería, junto con asistir técnica y administrativamente a las organizaciones operadoras del servicio de agua potable. Generalmente, son las Empresas Concesionarias de Servicios Sanitarios (Empresas privadas que operan en los sectores urbanos) que operan como Unidades Técnicas Regionales entregando asesoría y asistencia comunitaria, técnica, administrativa, contable y legal a los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes y llevando a cabo la gestión técnica y administrativa de los proyectos de agua potable rural, cuya ejecución le es encomendada mediante Convenios bienales por la Dirección de Obras Hidráulicas, con los recursos sectoriales asignados por la Ley de Presupuestos.

Después de repasar todo el entramado jurídico y el marco legal en que se desenvuelven las modalidades que permitan operar los sistemas de APR, los autores concluyen con un análisis descriptivo de los alcances del nuevo ordenamiento legal que surge del proyecto que crea los servicios sanitarios rurales. Finalmente concluyen que los sistemas de agua potable rural y el programa que actualmente los rige – que busca ser reformado por el proyecto de ley- han sido exitosos en su ejecución entre los diversos organismos estatales y los actores locales, como lo son las cooperativas y comités de agua potable rural. Tanto éstos como su gestión colectiva han sido claves en la mantención de más de 50 años de Programa de Agua Potable Rural.

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Según Naciones Unidas, la presión sobre el recurso hídrico a nivel global está aumentando considerablemente, por lo que resulta urgente actuar. Esta presión creciente se debe a factores como el aumento de la población, patrones de crecimiento más intensivos en el uso del agua, cambio climático, entre otros. A nivel global, las proyecciones sugieren que el planeta podría enfrentarse a un déficit del 40% en la disponibilidad de agua para el año 2030. Chile, por su parte, enfrenta la sequía de más larga duración desde que existen registros instrumentales y posiblemente una de las peores de los últimos mil años. Desde el año 2010 la zona comprendida entre las regiones de Coquimbo y de La Araucanía ha experimentado un déficit de precipitaciones cercano al 30%. Aparte de la sequía, que está afectando las fuentes para el abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales en diferentes localidades de este territorio, otros eventos relevantes que han afectado la disponibilidad y calidad de agua para consumo humano registrados en el último tiempo incluyen eventos como aluviones, turbiedad, prolongados cortes de suministro por contaminación y la descarga de aguas servidas a cuerpos lacustres en períodos de lluvias intensas, todos los cuales también han afectado a un importante número de habitantes de zonas urbanas.

Durante los últimos 50 años, Chile ha presentado una consolidación de sus sistemas sanitarios, alcanzando en las zonas urbanas concesionadas estándares de cobertura y calidad de servicio de nivel mundial. Sin embargo, el escenario económico, social y ambiental actual es muy distinto al de años atrás, en especial considerando la situación de estrés hídrico y cambio climático; haciendo necesario plantearse una nueva visión para el sector en el mediano y largo plazo. Para ello la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) inició el año 2017 un proceso participativo amplio, en donde se han convocado a más de 700 participantes en nueve regiones del país, representantes del mundo de la sociedad civil, empresarial, académico, sector público y del propio sector sanitario.

Luego de dos años de trabajo, se presenta aquí la Agenda del Sector Sanitario al 2030, la cual condensa las inquietudes y prioridades levantadas durante el proceso de construcción.

En relación a los Servicios Sanitarios Rurales, la Agenda señala lo siguiente: Alrededor de dos millones de habitantes de las áreas rurales del país, se abastecen de agua potable a través de los sistemas de agua potable rural. En este sector también ha habido un avance considerable en las coberturas de agua potable, a través de un programa de inversiones de larga data liderado por el Ministerio de Obras Públicas.

Dicho programa es ejecutado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y ha contado con distintas fuentes de financiamiento a lo largo de su historia.

En cuanto a la gestión y operación de los APR, éstos son entregados a las comunidades para ser auto gestionados, las que se organizan bajo la forma de Comités o Cooperativas, que permiten operar los servicios, recaudar las tarifas y cubrir los costos de operación. Paralelamente, ha habido importantes inversiones en saneamiento (alcantarillado y tratamiento de aguas servidas), sin embargo, no han existido mecanismos eficaces que permitan su adecuada operación y mantención. Las APR muchas veces no cuentan con las competencias técnicas necesarias y el traspaso de subvenciones a los beneficiarios más vulnerables se realiza a través de los municipios los que frecuentemente no gestionan adecuadamente los fondos.

Las normas de calidad de agua potable en muchos casos son difíciles de cumplir cuando se tratan aguas que previamente han sido contaminadas o que su calidad está muy lejos de la norma. Las importantes inversiones que requieren muchos comités de APR que tienen beneficiarios dispersos, y que requieren de una mayor red de distribución y por tanto de mayores costos, no pueden ser abordadas por los usuarios, ocurriendo que los servicios que logran financiar las APR sean precarios, con baja presión y, en varios casos, sin lograr cumplir las normas de calidad.

Además, y quizás lo más difícil de sortear, varios comités de APR no cuentan con derechos de agua efectivos y deben ser abastecidos con camiones aljibes, como consecuencia de la falta de prioridad de uso del agua potable.

En este contexto, recientemente se aprobó la Ley de Servicios Sanitarios Rurales que amplía el programo de agua potable rural incorporando el saneamiento, creando una Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales en la DOH y entregando también responsabilidades a la Superintendencia en materia de fiscalización y tarificación.

Se está a la espera de la dictación del reglamento de la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que entregará un nuevo impulso en materia de agua potable y particularmente en materia de saneamiento a los sistemas rurales.

En este ámbito, el programa del gobierno señala la necesidad de instalar una Política Nacional de Desarrollo Rural a nivel de cada región, asignando responsables e instancias de coordinación con miras a igualar las oportunidades con el mundo urbano al año 2026. El Programa busca así implementar la nueva institucionalidad de los servicios sanitarios rurales y dotar de agua potable, seguridad sanitaria y condiciones básicas de desarrollo a todas las personas que viven en localidades rurales, avanzando progresivamente en un plan a ocho años.

Para abordar este desafío con miras al 2030, se ha concebido el proyecto Estándares de Calidad en Sistemas Rurales. Los servicios sanitarios rurales tienen desafíos muy claros en cuanto a las necesidades de derechos de agua, infraestructura, especialmente de saneamiento, y de fortalecimiento de las capacidades técnicas de las comunidades a cargo de su operación.

En el futuro también se necesitará avanzar en soluciones más resilientes, a través de una mayor interconexión y la consideración de los servicios rurales en los proyectos de infraestructura hídrica del país. Por lo anterior, dentro de las competencias de la SISS:

1. i) Se colaborará activamente en la definición de los estándares de calidad de servicio que deberá alcanzar cada uno de los sistemas.
2. ii) Se apoyará y participará en las iniciativas que busquen fortalecer las capacidades técnicas de las cooperativas y comités de servicios rurales. Ej: horas profesionales para capacitación, boletín de difusión de las mejores prácticas, reconocimiento de buenas prácticas, etc.

iii) Se ayudará a la materialización de soluciones innovadoras para las necesidades de los servicios rurales.

iv) Se colaborará con el MOP y en especial la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, para la implementación de la nueva Ley de SSR y su difusión.

El artículo se inicia con el reconocimiento por parte de Naciones Unidas el año 2010 del derecho humano al agua y saneamiento. La resolución de la Asamblea General   fue suscrito por Chile por lo que satisfacer este derecho requiere de seguridad hídrica, que se entiende como la posibilidad de suplir agua en cantidad, continuidad y calidad adecuada. De acuerdo con Naciones Unidas, esto requiere de una gobernanza con un mandato claro, así como de recursos financieros y humanos. Para ello, según los autores de este trabajo, la institucionalidad y legislación debe considerar las diferencias entre asentamientos urbano y rural, este último considerando al sector concentrado, semiconcentrado y rural disperso.

El documento señala que nuestro país, los sistemas de Agua Potable Rural han sido exitosos en aumentar la cobertura de agua potable en zonas aisladas, y en mejorar los índices de mortandad y morbilidad. El artículo revisa los desafíos actuales del sistema, entre los que se encuentra mejorar aspectos que aún se encuentran débiles a nivel administrativo y financiero, cuidando conservar su característica clave de estos sistemas referida a la autogestión.

Se describe el funcionamiento de Sistemas de Agua Potable Rural y los componentes del programa, esto es: i) proveer infraestructura ii) rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de los sistemas de APR, y iii) fortalecimiento de los Comités y Cooperativas de APR, a través de asesorías técnicas, financieras y de gestión. Los autores describen con detalle el marco institucional y los múltiples beneficios que han generado los sistemas de APR para Chile. También se identifican los principales desafíos en materia de provisión de agua potable y alcantarillado rural, particularmente aquellos que deberán enfrentar los tradicionales APR como resultado de la aprobación e implementación de la Ley 20.889 que regula regular la entrega de los Servicios Sanitarios Rurales.

En el documento se revisa la nueva legislación que regula los servicios sanitarios rurales, la cual, además de ofrecer un marco regulatorio en la materia e incorporar una planificación de largo plazo, intenta obtener un mayor conocimiento y control de la red actual.

Finalmente, el artículo concluye que pese a incorporar aspectos relevantes, quedan otros pendientes, como la seguridad hídrica de los sistemas, previsión de la red ante emergencias climáticas, aspectos ambientales, o elementos de control de extracciones.

En esta presentación realizada por el Sub Director de Agua Potable Rural se abordan distintas áreas de la evolución, la historia institucional del programa de APR, se entregan datos estadísticos de la inversión pública realizada en la última década, se describe la forma en que operan los convenios con las empresas sanitarias que proveen de asistencia técnica y se describen los principales desafíos que enfrentan los sistemas de APR y los que se establecen para la propia institución encargada de administrar la nueva ley 20.998 que crea los Servicios Sanitarios Rurales.

El informe destaca que al inicio de década de los años sesenta sólo el seis por ciento de los habitantes de las localidades rurales contaba con agua potable. El origen del programa lo sitúa en 1964 cuando el Gobierno de la época adopta el Plan Básico de Saneamiento Rural.

Se señala que diferentes organismos estatales han tenido a su cargo el Programa Nacional de Agua Potable Rural Entre otros Dirección de Obras Sanitarias Servicio Nacional de Obras Sanitarias y el Departamento de Programas Sanitarios del Ministerio de Obras Públicas, el cual pertenecía a la Dirección de Planeamiento. A partir del año 2003 pasa a formar parte de la Dirección de Obras Hidráulicas y el 2011 se crea la Subdirección de Agua Potable Rural.

Uno de los aspectos relevantes que se destacan del Programa APR es que ha operado sobre la base de todos los habitantes beneficiados participen de manera responsable y permanente para que sea la propia comunidad organizada, a través del organismo comunitario, quien efectúe la operación, administración y mantención del servicio una vez construido

La comunidad está representada por los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural, que corresponden a las organizaciones de la comunidad que administran y mantienen los Sistemas de Agua Potable Rural construidos por el Gobierno, dentro de un esquema o modelo de autogestión y participación comunitaria.

La infraestructura de agua potable rural se construye con fondos públicos provenientes principalmente del Ministerio de Obras Públicas, pero también se financia con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior y con fondos municipales. Respecto de los cobros asociados con la provisión de agua potable, se explicita que la tarifa sólo cubre los gastos operacionales, administrativos y de mantenimiento y por lo tanto no incluye los costos relacionados con la recuperación de inversión.

Mediante Convenios con las Empresas Sanitarias, las Unidades Técnicas realizan la Gestión de los Proyectos de Inversión y entregan Asesoría y Asistencia a los Comités y Cooperativas para operación, administración y mantención de los sistemas.

También se destaca que el Ministerio de Obras Públicas hoy no tiene las facultades para invertir ni prestar asesoría en saneamiento rural.

Hasta 2018 en el país existían 1.876 Sistemas de APR que beneficiaban a 1.726.319 personas. Con la implementación de la Ley 20.998 los Servicios Sanitarios Rurales deberán enfrentar nuevos desafíos respecto de las dificultades para asegurar la disponibilidad de agua, los efectos del cambio climático y los servicios adicionales que tendrán que proveer a la comunidad, especialmente los relacionados con el tratamiento y recolección y disposición de las aguas servidas.

Este documento, elaborado por la Sub Dirección de Agua Potable Rural el año 2016, mientras la ley que crearía los Servicios Sanitarios Rurales se encontraba en plena discusión en el Congreso, entrega antecedentes sobre el origen, la evolución del programa y el estado en que se encontraban hasta ese año, así como la institucionalidad vigente a esa fecha.

Adicionalmente se describen los distintos formatos y la estructura física de los Sistemas de Agua Potable Rural dependiendo de la topografía del lugar y el tipo de fuente de agua que será utilizada.

En relación al rol y las principales funciones que desempeña la Subdirección de Agua Potable Rural se sintetizan en las siguientes: a) Gestión Técnica y Administrativa para la ejecución de estudios, diseños y obras, cuyo financiamiento proviene de los recursos sectoriales asignados al Programa por Ley de Presupuestos; b) Proveer asesoría y asistencia comunitaria, técnica, administrativa y financiera-contable a las organizaciones que administran, operan y mantienen los sistemas adscritos al Programa.

Respecto del período de transición, el proyecto señalaba que la obligación de las Empresas Sanitarias establecida en el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.549 termina al entrar en vigencia la Ley. De acuerdo al informe de DIPRES, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales entraría completamente en régimen al tercer año de entrada en vigencia de la Ley. En relación a los Convenios vigentes con las empresas sanitarias se señala que estos se deberían ampliar en plazos que permitan a cada región contratar el personal necesario para lograr una adecuada implementación de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.

Finalmente se entregan antecedentes financieros relacionados con la puesta en marcha del nuevo régimen institucional que de acuerdo a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda debería ser implementado gradualmente en un plazo de tres años, posterior a la publicación de la nueva Ley.

Este informe entrega los principales resultados de la evaluación realizada por un panel de expertos del Programa de Agua Potable Rural, específicamente en su componente de infraestructura realizada entre enero y agosto de 2015 por la DIPRES. Esta evaluación se realizó en el marco del Programa de Evaluación de programas e instituciones y como parte del Sistema de Evaluación y Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos que provee información de desempeño para apoyar la toma de decisiones durante el ciclo presupuestario, mejorando la eficiencia en la asignación y en el uso de los recursos públicos, y con ello la calidad del gasto y la gestión de las instituciones públicas.

En el informe se destaca que el objetivo del Programa, a nivel de fin, es “contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población rural”. A nivel de propósito, con la incorporación de la Población Rural Semi-concentrada, es que la “población residente en localidades rurales concentradas y semi-concentradas accede a un sistema de agua potable rural que provee un servicio en cantidad, calidad y continuidad en conformidad a la normativa vigente”. A través del Programa se provee de infraestructura de agua potable rural (APR) a localidades rurales concentradas y semi-concentradas, cumpliendo los requisitos establecidos en la metodología de formulación y evaluación de proyectos de agua potable rural del Ministerio de Desarrollo Social. Dicha infraestructura es entregada para su administración, operación y mantención a los respectivos comités o cooperativas de APR pre-existentes o constituidos al efecto.

el Programa de APR produce los bienes y servicios que entrega, organizándolos en torno a los siguientes tres componentes. El primer componente ha sido formulado como “Infraestructura de agua potable entregada a localidades rurales que no cuentan con un servicio de APR”. A través suyo, se “provee de un sistema de abastecimiento de agua potable de carácter colectivo. Comprende obras de captación, conducción, almacenamiento, desinfección y distribución; con sus respectivas conexiones domiciliarias y medidores, las que reemplazan a los sistemas de abastecimiento artesanal”

El segundo componente es “Mejoramiento, ampliación y conservación de infraestructura de APR”, y cuenta con dos sub-componentes, el (a), de “Infraestructura de agua potable ampliada y/o mejorada parcial o integralmente para población rural con abastecimiento de agua potable”, y el (b), de “Infraestructura de agua potable con obras de conservación o de reposición de equipos para población rural” con abastecimiento de agua potable. El subcomponente (a), en materia de ampliación, consiste en “una infraestructura de ampliación que incrementa la oferta máxima del sistema de abastecimiento de agua potable”, mientras que “el mejoramiento se refiere al aumento en la calidad del servicio (presión, calidad del agua y cantidad) y/o disminuir las pérdidas”. Por su parte, el subcomponente (b), de conservación, “comprende la ejecución de obras menores y/o de reposición de equipos, hasta por un monto máximo de 2.000 UTM10, que permita mantener operativo el sistema, sin que ello implique la renovación total o parcial de las obras existentes y en operación.

El tercer componente es que los Comités y Cooperativas, ambas entidades responsables de la administración, operación y mantención de los Sistemas de APR, son supervisados y asesorados, por medio de sus dirigentes y trabajadores, en aspectos técnicos, administrativos, financieros y comunitarios” (…), “funciones que cumple directamente en la Región una Unidad Técnica, y, constituida al interior de la respectiva empresa sanitaria y subsidiariamente por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, en los casos en que no exista un Convenio entre la Dirección y la empresa sanitaria.

Aun cuando en sus orígenes el programa de APR tuvo como objetivo atender a poblaciones rurales, en los últimos años, al redefinirse el concepto de ruralidad el Programa APR también ha empezado a atender a aquella otra población, ubicada en localidades concentradas que, aunque sean consideradas “urbanas” en otras definiciones; habrían quedado sin atención y provisión de este servicio básico, por encontrarse fuera de las áreas de concesión de las respectivas concesionarias sanitarias. Esto, si bien no fue buscado o planificado por el Programa, tuvo el efecto positivo de llenar un vacío de política que, de no corregirse con otras medidas, habría dejado a miles de familias sin mecanismos institucionalizados de acceso de agua potable.

En dicho sentido, el panel de evaluación concluye que el Programa ha permitido cubrir la brecha que en esta materia se habría producido y, para todos los efectos, el Sistema de APR sigue siendo “rural”, en el sentido amplio de la expresión. En consecuencia, el Programa APR tiene ahora por población potencial, al conjunto de la población rural, o de la población que habita localidades rurales en su sentido amplio, la que es un poco mayor que la considerada “rural” según la definición oficial (INE) generalmente ocupada, entre otros, por el MDS para las encuestas de Caracterización Socio Económica (CASEN), habitualmente usadas para todo tipo de estudios, evaluaciones y diseños de política e instrumentos de política.

La evaluación considera aspectos presupuestarios, en que se destaca el acelerado crecimiento de recursos orientados al programa en los últimos años. Revisa los antecedentes históricos que justifican la existencia del Programa, que surge a partir de la constatación, a inicios de la década de los sesenta, de que gran parte de la población rural no tenía agua potable disponible para consumo, acarreando esto importantes consecuencias en el ámbito de la salud pública.

El informe constata la dispersión en las capacidades técnicas, financieras y de gestión de los comités y cooperativas. A pesar que todos los comités tienen la obligación estatuaria de contar con herramientas de planificación, tales como un balance financiero anual y un plan anual de actividades, la gran mayoría no cuentan con un plan anual de actividades. Al revisar los principales desafíos de sustentabilidad que enfrenta el programa el Panel también analiza la iniciativa legal que estaba en el Parlamento de transformar los sistemas de agua potable rural en Servicios Sanitarios Rurales.

La evaluación del desempeño del Programa contempla aspectos de eficacia y calidad tanto a nivel de resultados intermedios como de los resultados finales, que el panel define como evaluación del cumplimiento de objetivos de propósito y fin. A lo anterior se agrega la evaluación de eficacia a nivel de componentes, esto es, a la producción de bienes o servicios de los cuales el sistema es responsable. También se evalúa la Cobertura y nivel de focalización del programa.

Otro componente de la evaluación se refiere a la calidad del servicio, definida como la satisfacción de los beneficiarios efectivos, la oportunidad del servicio entregado y su comparación respecto a un estándar.

Los aspectos económicos se analizan en función de fuentes y uso de recursos financieros, el nivel de ejecución presupuestaria, aportes de terceros y recuperación de gastos.

La eficiencia del programa se evalúa en función del nivel de resultados intermedios y finales, en el nivel de actividades y/o componentes y en los gastos de administración del programa, que de acuerdo al panel entre los años 2011 y 2014 bordea el 12,5% en promedio

Finalmente, el panel concluye que el Programa ha sido efectivo en reducir el problema que justificó su inicio. A través del Programa APR, la cobertura total de agua potable para la población rural, que el año 1970 era de 31%, había crecido hasta el 53% en el año 2014.

A pesar del logro alcanzado, el panel también observa algunos desafíos que deberán enfrentar los sistemas de APR. Así, por ejemplo, se evidencia un deterioro y envejecimiento de los sistemas de APR, lo que ha incidido negativamente en la capacidad de entregar agua potable en cantidad, calidad y continuidad. Habiéndose prácticamente alcanzado plena cobertura de agua potable para población rural concentrada, y avanzándose para la semi-concentrada, se valora la ampliación de la población objetivo, incorporando a la población rural dispersa al ejercicio del derecho de agua potable en cantidad, calidad y regularidad como el resto de la población del País. Ello supone nuevos desafíos dado que, mientras más dispersa sea la población que se atienda, más pequeños serán los núcleos de población que en cada caso se atiendan, lo que demandará nuevas e innovadores sistemas de agua potable rural.

Para superar las deficiencias observadas se formulan un conjunto de recomendaciones, tanto en el plano de los procedimientos y sistemas de administración, como de las competencias de los encargados de la gestión de los servicios que debe proveer el programa de APR. Específicamente, se propone que las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural y sus respectivos/as dirigentes/as, adquieren las competencias mínimas requeridas para gestionar técnicamente, administrativamente y sustentablemente de manera de asegurar una entrega de agua potable en cantidad, calidad y continuidad.

Este estudio, presentado como un trabajo de tesis en la Universidad Técnica Federico Santa María, surge a partir de las dificultades para  los residentes de las distintas localidades de  la Comuna de San Juan de la Costa ubicada en la X Región de Chile, en relación al limitado acceso al agua potable, el cual se vuelve más complejo año tras año debido a los cambios climáticos y los cambios en la naturaleza de los suelos dado por las plantaciones de especies introducidas, que sin duda han incrementado la sequía de ríos y esteros. Ante esto, los más afectados son quienes viven alejados de las grandes fuentes de agua, y su único acceso a este recurso eran los pequeños esteros que hoy en día se encuentran secos, provocando que se tenga que proveer de agua potable a través de camiones aljibes.

En la zona es posible observar residentes que se abastecen de agua de manera independiente y también mediante Comités de Agua Potable Rural (APR). Se han identificado cuatro APR en la comuna, los cuales están encargados de distribuir agua potable a gran parte de las localidades concentradas y que presentan algunas dificultades a nivel de calidad y continuidad del servicio, llegando a dejar algunos sectores sin acceso a agua potable por varias horas y de manera frecuente.

El propósito del estudio busca proponer mejoras a los APR de la Comuna de San Juan de la Costa, correspondientes a los de Maicolpué, Bahía Mansa, Pucatrihue y Puaucho, para que puedan mantenerse de manera óptima en el largo plazo y responder ante las nuevas exigencias que vayan surgiendo. Para esto, se ha estudiado su funcionamiento actual y se han identificado sus fortalezas y debilidades, para posteriormente relacionarlas a un modelo de gestión óptimo de agua potable rural. Es importante mencionar que estas recomendaciones estarán alineadas con la nueva normativa de Servicios Sanitarios Rurales pronta a entrar en vigencia.

La nueva Ley de SSR trae consigo nuevos retos para los APR, ya que se plantean exigencias que requerirán de un alto nivel organizacional para su cumplimiento, generando inconvenientes en algunos comités. Con el objetivo de enfrentar esta problemática se desarrolla un modelo de gestión para los APR, el cual utiliza como pauta inicial los desafíos establecidos en el manual de las buenas prácticas publicado por la FESAN en 2019 y los relaciona y complementa con el sistema administrativo Balanced Scorecard, Sistemas de Gestión de Calidad, el Cooperativismo, los sistemas de gestión de micro organizaciones rurales de agua en otros países.