Categoría: Bibliografía

El objetivo general de este estudio fue diagnosticar la situación actual de cobertura de agua potable en los sectores rurales, visibilizando un problema que está oculto y que no ha sido evaluado en todas sus dimensiones e impactos.

Para comenzar a entender el problema del agua potable rural de Chile, en las primeras secciones de este informe se explica por qué hay chilenos que viven sin agua, cuál es la relación de esta realidad con la pobreza y cómo estas comunidades sin acceso consiguen abastecimiento. Luego se profundiza en el diagnóstico en las zonas rurales, se detallan cuáles son los principales problemas de abastecimiento y cuál es la visión que tienen los propios comités de APR sobre estos problemas. Más adelante se incorporan al análisis los efectos del cambio climático y su relación con el funcionamiento de los APR, para finalizar con las proyecciones futuras en relación al agua rural, considerando el cambio climático y las proyecciones de crecimiento de los APR que tiene el Estado

Este documento busca mostrar la realidad en forma detallada de las condiciones del agua potable del Chile rural. La inquietud nace de una pregunta muy básica: ¿Cuántas personas en Chile no tienen agua? El análisis de la información del Censo 2017 concluye que 383.204 viviendas en Chile son carentes de agua potable. En el mundo rural, el 47,2% de la población se abastece de pozos, ríos, vertientes, esteros o camiones aljibes. Adicionalmente, la encuesta Casen 2017 presenta un aumento en la carencia de servicios básicos desde el año 2015 al 2017.

El objetivo general de este estudio es diagnosticar la situación actual de cobertura de agua potable en los sectores rurales, visibilizando un problema que está oculto y que no ha sido evaluado en todas sus dimensiones e impactos.

Uno de los objetivos específicos que se plantearon para este estudio fue priorizar y planificar futuras intervenciones en agua potable rural de la Fundación Amulén.

El informe de la Fundación destaca también las consecuencias que tiene para una comunidad no tener acceso al agua en cantidad y calidad adecuada. Informes internacionales han señalado que las comunidades carentes de servicios básicos ven afectado su desarrollo en múltiples dimensiones: en lo económico, educación, salud y equidad de género. La primera es quizás la más clara: la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que por cada dólar invertido en suministro de agua potable se ahorran entre tres y 34 en sanidad. En relación a la educación, los menores pasan largas horas transportando este recurso básico en vez de asistir a sus establecimientos educacionales.

Finalmente, la equidad de género se ve afectada, pues son las mujeres las que suelen cargar con el peso de proveer a sus comunidades, tras interminables recorridos en busca de pozos o ríos. Por ende, sin acceso al agua potable no hay desarrollo ni salida de la pobreza.

El documento permite cuantificar de manera muy desagregada la situación del agua potable rural en Chile, y establece la estrecha correlación que se observa en muchas localidades rurales en el país entre niveles de pobreza y dificultades o carencias en el suministro y acceso al agua potable.

Utilizando el Indicador de Falkenmark, que establece que una disponibilidad hídrica per cápita por debajo de los 1.700 m3/hab/año se considera como situación de estrés hídrico, con fallas frecuentes en el abastecimiento de agua para las diversas actividades, sobre todo en zonas con altas probabilidades de sufrir sequías, como es el caso de la zona norte de Chile. Más aún cuando este indicador de disponibilidad está por debajo de 1.000 m3/hab/año las consecuencias pueden ser más severas y comprometer la disponibilidad de agua para consumo humano, producción de alimentos y la superación de la pobreza.

El 47,2% de la población rural que no cuenta con un abastecimiento formal de agua potable se concentra principalmente en la macrozona sur, siendo las regiones que poseen una mayor proporción de población rural con fuentes informales: La Araucanía (71%), Biobío (68%), Los Lagos (64%) y Los Ríos (62%). La población rural sin abastecimiento formal tiene acceso a agua a través de las siguientes fuentes informales: agua superficial (río, vertiente, estero o lago), subterránea (pozos) y camiones aljibes, en aquellos casos en los cuales no hay fuentes superficiales o subterráneas disponibles.

Muchas de las localidades concentradas y semiconcentradas se abastecen por los tradicionales sistemas de agua potable rural (APR). Este programa, que se inició en 1960, ha sido exitoso en proveer de infraestructura de agua potable rural (APR) a localidades rurales concentradas  y semiconcentradas, logrando aumentar la cobertura de la población rural con agua potable rural desde un 6% el año 1960 a un 53% el año 2018, que para ese año representaba 1.787.916 beneficiarios, con positivos impactos en el ámbito de la salud pública y la superación de la pobreza.

El informe señala que, dado que la población rural “concentrada” alcanzó cobertura universal, a partir del 2010 se agrega también la población semiconcentrada al Programa APR del MOP. A la fecha de término del informe, las localidades semiconcentradas cuentan con un 41% de cobertura. El Programa de Agua Potable Rural tiene un plan de inversión para los próximos 10 años, con el cual se estima alcanzar una cobertura universal en las localidades semiconcentradas. Es importante señalar que existen dificultades para aumentar las localidades semiconcentradas en un periodo más breve, debido a los requisitos metodológicos que impone el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) puesto que mientras más dispersa sea la población que se atienda, mayores serán los costos de estas soluciones, lo que demandará propuestas innovadoras que vayan más allá de las tradicionales soluciones aplicadas a poblaciones concentradas o semiconcentradas.

Sin embargo, el porcentaje de cobertura de abastecimiento de agua potable en zonas rurales es heterogéneo en todo el territorio nacional, variando desde un mínimo de 28,8% en la Región de La Araucanía a un máximo de 86,2% en la Región de O’Higgins.

La macro-región central presenta la cobertura promedio más alta, con 69,5%, seguida por la macro-región norte, con 53,8%. La macro-región sur presenta la menor cobertura promedio de agua, alcanzando un 39,4%. Cabe destacar que las regiones con las menores coberturas, como La Araucanía, presentan, además, menores densidades poblacionales. Esto implica que aumentar las coberturas en estas regiones requerirá de soluciones innovadoras, ya que los sistemas tradicionales no son viables por costo.

El Programa APR estableció normas técnicas que todos los sistemas nuevos deben cumplir para que, al menos en sus inicios, se proporcione agua potable en cantidad, calidad y continuidad de acuerdo con las regulaciones actuales. En términos generales,

las organizaciones de APR funcionan si se evalúa su capacidad para entregar con éxito el agua a los usuarios. A nivel nacional, un 80% de los APR cuentan con una alta continuidad en el servicio, cumpliendo así con el objetivo de suministrar agua potable en continuidad. Por ende, el programa ha logrado en un alto porcentaje su objetivo de suministrar agua potable en cantidad y continuidad a la población rural de localidades concentradas y semiconcentradas.

No obstante, con el tiempo los APR han presentado interrupciones en el suministro de agua, afectando a aproximadamente 350.000 personas. La gran mayoría de estos son cortes no programados, debido, principalmente, a razones operacionales, tanto por gestión interna como por razones externas, como cortes de electricidad. En cinco regiones se presentan cortes no programados en más de un 40% de los APR: Valparaíso (60%), Tarapacá (51%), Arica-Parinacota (46%), Antofagasta (40%) y Atacama (40%).

Se ha evidenciado que los problemas de continuidad del suministro de agua potable se deben mayoritariamente a fallas operativas, provocadas por la falta de mantenimiento y mejoras, derivados de problemas de financiamiento y falta de planes de mediano y largo plazo. Este problema de subfinanciamiento está directamente relacionado con la escala de operación; la capacidad de los APR para financiar sus gastos recurrentes y no operacionales. Esto representa un importante desafío, ya que, en la actualidad, aproximadamente un 63% de los sistemas de APR son pequeños sistemas de APR, cuya escala no permite recabar los recursos suficientes.

El documento destaca que las debilidades de los servicios de abastecimiento de agua potable están más relacionadas a la gestión propia de los comités o cooperativas que a los factores directos de producción de agua o de su calidad. Por lo anterior, para asegurar la sustentabilidad de los beneficios del Programa es preciso abordar las debilidades de gestión de estas organizaciones; es decir, se requiere aumentar la competencia en gestión y administración de los comités y cooperativas.

Adicionalmente, del estudio en terreno realizado se desprende que sí existe una asociación entre la cantidad de tiempo en que se encuentra un APR en condición de sequía con la cantidad de fallas que presenta. Podemos destacar el alto número de cortes por sequía en relación con el número total de cortes por razones climáticas en las regiones de Valparaíso, Biobío, Maule y La Araucanía.

Frente a las proyecciones de cambio climático, es de interés evaluar cuál es la situación esperada respecto del abastecimiento de agua potable en las localidades rurales para un periodo futuro cercano. Con este fin, se realizó un análisis de sequías utilizando como periodo histórico el intervalo de años 1985-2015 y como periodo futuro 2030-2060. Se evidencia que la mayoría de los modelos proyectan reducciones en las precipitaciones prácticamente en todo el territorio chileno (con excepción de algunas zonas del Norte Grande); además, para la temperatura también, prácticamente en todo Chile (con excepción de la zona austral), los modelos prevén aumentos de temperatura de al menos 1°C. Por ende, el pronóstico respecto de la disponibilidad hídrica impone importantes desafíos al suministro de agua potable. Finalmente, en este estudio se puede evidenciar que la escasez hídrica agrava y afecta la situación del agua potable rural, pues un número importante de sistemas de APR han presentado fallas por condición de sequía. Asimismo, se observa cómo el mundo rural y, principalmente, comunidades dispersas carecen de infraestructura para contar con el acceso al agua potable en sus viviendas y, por lo mismo, les resulta cada vez más difícil y lejano disponer de este recurso básico, lo que genera altos costos para estas familias.

El objetivo de este manual es poner a disposición de líderes comunitarios, directivos y operadores de los SSR (Servicios Sanitarios Rurales) una guía para la capacitación e implementación de un método de evaluación y selección de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, PTAS. apropiada para una localidad rural, basado en las recomendaciones y métodos de trabajo presentados en los talleres de capacitación realizados por FESAN.

Bajo la premisa que todos los tipos de plantas de tratamiento cumplen su objetivo de depurar las aguas servidas, cumpliendo las normas de descarga a cuerpos de agua superficial y subterránea, en la medida que se opera y mantiene de forma adecuada, no siempre se elige la tecnología apropiada para una zona rural.

La historia ha demostrado que por lo general las soluciones de saneamiento y la selección del tipo de PTAS están basadas solo en consideraciones técnicas y de costos. Sin embargo, se dejan fuera del análisis otros aspectos de evaluación que para una comunidad rural si son de importancia, como aspectos sociales, culturales y territoriales, propias de cada localidad. Consecuencia de ello es que existe un gran porcentaje de PTAS, en Chile 49%, que funcionan mal o simplemente no funcionan.

El objetivo del presente manual es poner a disposición de líderes comunitarios, directivos y operadores de los SSR una guía para la capacitación e implementación de un Sistema de Gestión comunitaria de agua potable y saneamiento rural que permita y culmine con la elaboración de un Plan de Desarrollo de un SSR, basado en las recomendaciones y métodos de trabajo presentados en los talleres participativos de capacitación, que son parte del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de FESAN

La capacitación participativa se sustenta en 2 pilares básicos:  i) Gobernanza adecuada basada en una estructura como empresa social sin fines de lucro y una gestión de calidad y ii) avanzar hacia una gestión de conocimiento de necesidades del cliente

El Manual está orientado principalmente a cambios en la gestión para lo cual se identifican los siguientes desafíos:

1. Satisfacer las necesidades de los clientes.
2. Gestión de procesos y estándares operacionales y de servicio.
3. Rol y capacidades comerciales.
4. Rol y capacidades de las instalaciones operacionales.
5. Comportamiento de las instalaciones operacionales.
6. Grado de vulnerabilidad de las instalaciones.
7. Optimización de la operación

Para cada uno de estos desafíos, el Manual, que los autores definen como una guía para capacitar tanto para el estamento directivo, gerencia, administrativos y operarios de los SSR, desde el punto de vista metodológico, se ejecuta proponiendo un conjunto de respuestas que resuelven tres preguntas básicas: 1. ¿Qué hacer?  2. ¿Cómo hacer?  y 3. El material de apoyo que ayuda a resolver las preguntas.

Los autores concluyen que el manual tiene como principal objetivo enfrentar lo que sería el principal desafío (“el reto) para los SSR y es que cómo “lograr una organización (empresa) social autosustentable, sin fines de lucro y que en forma permanente satisfaga las necesidades de los clientes, socios o vecinos”. Este reto es un proceso que requiere de un acuerdo de todos los involucrados en una organización. Requiere de tiempo de planificación y de ejecución. Son procesos constantes y que requieren de un tiempo prolongado de ejecución.

De acuerdo a sus autores, este documento de trabajo “es un instrumento que identifica los desafíos vigentes, analiza literatura nacional e internacional, resalta las lecciones aprendidas y mejores prácticas de los últimos años, y establece directrices y líneas de acción para el desarrollo del sector en los próximos cuatro años”. Está organizado en dos capítulos de los cuales el primero se orienta a describir cómo, históricamente, se ha organizado la provisión del agua potable y saneamiento en el mundo rural en Chile, cuáles son los desafíos que deberá enfrentar esta forma de gestión comunitaria del agua, especialmente respecto de la sostenibilidad y cómo debería ser el proceso de desarrollo del saneamiento bajo la nueva ley SSR. Especialmente se mencionan los desafíos de gestión interna, que para los autores están estrechamente asociados con la permanencia de los principios sociales y asegurar una gestión eficiente para lo cual necesariamente deberán adaptarse a los cambios externos, tales como los efectos del cambio climático y las exigencias que les impone la nueva ley de Servicios Sanitarios Rurales.

El segundo capítulo, que los autores identifican con “la acción” y para ello sostienen que el principal y más eficiente medio de acción es el fortalecimiento de las capacidades de sus dirigentes y trabajadores. Para lograrlo, se propone un Programa Nacional de Capacitación en Agua y Saneamiento Rural, PNFC cuyo principal objetivo es fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias, preservando fundamentalmente su carácter social y participativo. En síntesis, “capacitar para asegurar una gestión comunitaria mejorada junto al Estado, capacitar para prosperar”

La propuesta reafirma la convicción de sus autores de que el programa nacional entregará conocimientos, experiencias y herramientas que potencien capacidades técnicas, legales, operativas, administrativas, financieras y habilidades conductuales y sociales; y concluye con la siguiente afirmación:” Así, todas estas organizaciones contaran con planes a corto, mediano y largo plazo de desarrollo de infraestructura, inversión, y proyectos de recolección y tratamiento de aguas residuales.”

En el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) vigente al año 2014, que entre otros objetivos estaba orientada a disminuir la vulnerabilidad hídrica y de infraestructura para el desarrollo integral de las localidades aisladas de la RMS,  el Gobierno Regional encargó la elaboración de este extenso estudio (233 páginas) cuyo objetivo principal fue generar un diagnóstico y propuestas de solución para la definición de un plan de inversión regional en saneamiento sanitario, agua potable y alcantarillado, para las localidades rurales de la Región Metropolitana de Santiago. Adicionalmente se plantearon los siguientes objetivos específicos: 1) Actualizar y completar la información del déficit en materia de agua potable y alcantarillado en las localidades rurales de la región, y estimar los requerimientos futuros acorde a las proyecciones de población y económicas con horizonte al año 2020; 2) Relacionar la información del déficit de saneamiento sanitario con diversas variables de carácter socioeconómico, psicosocial, comunitario (entorno organizacional, por ejemplo), e institucional (municipios, empresas concesionarias, etc.) que pudiesen incidir en la formulación y ejecución de las inversiones, como también en la futura gestión y mantención de las soluciones propuestas. 3) Proponer escenarios y alternativas de inversión en las localidades de estudio, considerando aspectos jurídicos y normativos, técnicos, sociales, económicos, así como estimaciones sobre el tiempo y costos para las etapas pre y post inversión.

La etapa de diagnóstico, se realizó con los stakeholders involucrados: municipios, fiscalizadores, usuarios, operadores y la unidad técnica y concluyó con que los sistemas de APR en la RMS funcionan de manera adecuada, independiente de los problemas que pudieron detectarse.

Respecto de la infraestructura sanitaria existente en el sector rural, así como el nivel de cobertura tanto en agua potable como en alcantarillado y saneamiento, este estudio concluye que dista de los niveles alcanzados por los operadores que actúan en las zonas urbanas de la Región Metropolitana. Con el objeto de revertir o al menos mitigar este efecto, el trabajo entrega un diagnóstico de la situación actual de los comités y cooperativas de agua potable rural de la región Metropolitana de Santiago con el fin de identificar y dimensionar los requerimientos de inversión para los próximos 20 años.

Durante la etapa de diagnóstico se consultó información disponible en el INE, DOH, Municipalidades, DGA, GORE RMS, SUBDERE y la Unidad Técnica de Aguas Andinas. También se levantó información en terreno, lo que permitió caracterizar el funcionamiento operativo, administrativo, financiero, social y cultural de los comités y cooperativas de APR. Se visitaron 49 de los 104 APR existentes en la RMS, distribuidos en 20 comunas rurales. Junto con lo anterior, se efectuaron 150 encuestas a usuarios, cinco entrevistas a municipalidades además de entrevistas en profundidad a la UT de AA, DOH, DGA, SEREMI de Salud, GORE RMS y la directiva nacional de APR.

Entre algunos aspectos relevantes se observó que la situación de los derechos de agua en la RMS es delicada, pues gran parte de los acuíferos se encuentra sin disponibilidad para solicitar nuevos derechos. Un 28,6% de los sistemas de APR en la RMS no cuenta con derechos de agua constituidos. Esto refleja una situación precaria en términos de la seguridad en la explotación de la infraestructura de producción de los sistemas. El estudio propone avanzar con celeridad en el proceso de constitución de los derechos de agua.

En general los sistemas de APR cumplen con las normas de calidad del agua, siendo bastante riguroso en éste ámbito. Los problemas de calidad del agua informados están asociados con presencia de arsénico en Colina y Lampa, nitratos en Pudahuel, agua dura en María Pinto y Colina y turbiedad en San José de Maipo.

Uno de los principales problemas detectados es la incertidumbre sobre la continuidad del servicio, seguido de problemas de presión y en tercer término la disponibilidad de agua cruda.

Los sistemas de APR de la RMS en su mayoría cubren sus costos operaciones no dejando margen para el financiamiento de la reposición de la inversión, esto genera en problemas de rezago de inversiones y compromete la calidad de servicio.

El financiamiento de las inversiones de los sistemas de APR descansa en los subsidios a la oferta provenientes del Estado, con los rezagos propios del proceso de generación y ejecución de la cartera de proyectos que en este ámbito se dan.

Se detectó que existen comités y cooperativas que desconocen los programas de financiamiento para la reposición de equipos y ampliación de infraestructura, ni tampoco cómo postular a ellos.

Los bajos márgenes de operación dan cuenta entre otros aspectos, de un bajo nivel tarifario, junto con problemas de manejo de la cartera de cobranza y eficiencia en la administración.

El nivel de profesionalización del recurso humano en los sistemas rurales de la RMS es bajo, requiriéndose entre otros aspectos un plan de capacitación activo para las labores básicas que requiere una administración adecuada.

La política de corte de suministro por no pago maneja un rango de 60 días, por lo cual esto obliga a un mayor capital de trabajo para la operación.

Los sistemas carecen de un plan de mantenimiento estructurado y programado, lo que afecta el estado de conservación de la infraestructura y por tanto el nivel de servicio.

La planificación de las inversiones en los sistemas rurales es limitada y escasa. En el ámbito de la generación, éstos responden a un horizonte de mediano plazo no permitiendo absorber requerimientos de largo plazo, lo que implica que en el corto y mediano plazo no haya factibilidad técnica para absorber el crecimiento.

La DOH, a través de la UT de AA, cumple un rol de apoyo técnico operacional y de gestión a los sistemas de APR mediante visitas anuales o bianuales de profesionales que instruyen a la directiva en aspectos técnicos, facturación, contabilidad, prevención de riesgos y asistencia social y legal. Existen opiniones divididas en cuanto a la efectividad de la UT de AA, pues algunos de los sistemas manifestaron disconformidad con el servicio y el objetivo de la visita.

Del punto de vista de los APR los requerimientos más frecuentes en términos de infraestructura y equipamiento, dice relación con el cambio y ampliación de matrices, construcción de pozos, derechos de agua, bombas impulsoras, regularización y disponibilidad de terrenos, estanques, válvulas de corte, ampliación y cambios de redes.

A nivel de usuarios, el principal requerimiento está enfocado en la necesidad de disponer un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas de aguas servidas, lo que, desde el punto de vista técnico de los APR, es un requerimiento poco factible de entregar.

De total de los sistemas visitados, sólo seis tienen alcantarillado y soluciones de tratamiento de aguas servidas. En todo caso estas soluciones abarcan una porción mínima de la población abastecida en estos sistemas y respondieron a desarrollos inmobiliarios de viviendas sociales que fueron construidos con redes de alcantarillado y soluciones particulares de tratamiento, las cuales fueron entregadas como aportes de terceros a los sistemas rurales para su operación y mantenimiento.

En términos generales la relación de los comités de APR con la comunidad es buena pero distante, por ello su calificación de regular. La gente no asiste a las reuniones organizadas por la directiva sino se le aplican multas.

Los APR como comités y cooperativas son organizaciones autónomas que no dependen del municipio, sin embargo, pertenecen a la comunidad. Esta misma independencia hace que en general no existan puntos importantes de fricción. Sin embargo, esta misma independencia, hace que la relación sea más lejana.

La unidad técnica de Aguas Andinas, contrata por la DOH, están constantemente en contacto con los comités y cooperativas de APR. Sin embargo, la experiencia en general es clasificada como regular. Está internalizada la sensación de que Aguas Andinas, al ser un operador consolidado, quiere absorberlos para que sean parte del área operacional de la empresa, y así lucrar de ello.

La relación con la DOH se da básicamente por la financiación de los planes de inversión requeridos por los comités de APR, los cuales constituyen un subsidio directo a la inversión. Es por esta razón que la relación es particularmente positiva. No obstante, existe una queja generalizada en cuanto a la lentitud con que la DOH adjudica los fondos necesarios para ejecutar los planes de obras de mejoramiento y ampliación de los sistemas de APR, con los consecuentes efectos adversos en la calidad de servicio para con los usuarios.

A diferencia de la DOH, el GORE RM canaliza los recursos a través de los municipios, en este contexto se ha podido detectar que es una identidad desconocida por parte de los comités de APR.

En lo referente a los resultados de la encuesta efectuada a los usuarios de los sistemas de APR de la RMS, se puede concluir lo siguiente:

La mayor parte de los usurarios no percibe problemas de continuidad de servicio. En términos de las obras de infraestructura más necesarias y urgentes, la comunidad considera que en primer lugar es necesario la incorporación de alcantarillado y saneamiento, en segundo lugar, pavimentación y vialidad y en tercera mención obras de agua potable.

Los usuarios no perciben problemas relevantes de corte o suspensión periódica del suministro. Cerca del 90% de los usuarios considera que la calidad del agua potable es regular o buena. En general la población tiene una percepción aceptable de las gestión de los sistemas de APR. La encuesta revela que en términos de pecios cobrados el agua es más cara donde es más difícil obtenerla y los precios disminuyen donde es más fácil captarlas, lo que ocurre en las partes más bajas de la cuenca.

El total de las inversiones requeridas para satisfacer las necesidades de recursos de los sistemas de APR de la RMS, alcanza a $376.441 millones. Este monto incluye necesidades de adquisición de derechos agua; inversiones pertinentes para absorber las necesidades de capacidad instalada requeridas para el crecimiento de la demanda en infraestructura de producción y distribución de agua potable; reposición de instalaciones y equipos existentes por vida útil; y recursos para el desarrollo de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en un período de previsión de 20 años. Cabe hacer notar que esta cifra corresponde a la suma lineal de requerimientos de inversión para dicho período y no está expresada en valor presente.

Los montos de inversión abarcan las necesidades de ampliación y mejoramiento para los 104 sistemas rurales constituidos en la RMS más los recursos necesarios para constituir 34 nuevos sistemas de APR para localidades semiconcentradas y 52 caseríos. En los APR no constituidos asociados a las localidades rurales semiconcentradas y caseríos, se estima una inversión necesaria de $29.745 millones.

Un valor del orden de $2.000 millones se requieren para adquirir nuevos derechos para afrontar las necesidades actuales y futuras de los sistemas rurales.

21 de los 104 sistemas de APR existentes, cuentan con proyectos de mejoramiento y habilitación de infraestructura en proceso de desarrollo por parte de la UT de AA por un monto de $15.975 millones.

Para 83 de los 104 sistemas de APR existentes en la RMS, se estima un volumen de inversión de $45.384 millones para los próximos 20 años en infraestructura asociada a la capacidad de los sistemas, tales como, construcción de estanques, redes de distribución y arranques de agua potable. Está inversión permite abordar las necesidades de actuales por conexión de la red de agua potable y las previstas en el futuro por los aumentos de población.

La inversión en reposición de infraestructura asciende a $56.297 millones y considera el reemplazo de instalaciones, tales como, pozos, bombas, estanques y redes por vida útil técnica agotada por un período de 20 años. Estas inversiones junto con una política de mantenimiento preventivo, permitirá mantener la correcta operación de los sistemas y la calidad del servicio.

Las inversiones en alcantarillado y tratamiento de aguas servidas se estiman en $211.299 millones, considerando un esquema no colectivo de tratamiento de las aguas. Se reconoce que la no existencia de tratamiento de las aguas servidas tiene un impacto negativo sobre la salud pública, pues conlleva una multiplicidad de enfermedades en la población, particularmente a niños menores de 5 años y adultos mayores, así como también efectos negativos en el desarrollo agrícola. Esto plantea la necesidad de la actuación del Estado para mitigar los efectos de mantener una provisión de estos servicios por debajo del aceptable socialmente

Finalmente se considera un total estimado de $7.843 millones para inversiones no operacionales, asociadas a vehículos, sedes, sistemas de información, computadores, capacitación y otros elementos esenciales para la adecuada operación de los sistemas rurales por un período de 20 años.

Para los efectos de la priorización de las inversiones, se percibe particularmente prioritaria la constitución de nuevos APR debido a que se trata de comunidades semiconcentradas que no cuentan con acceso a agua potable, siendo esta la principal urgencia. En segundo orden se encuentra la inversión en adquisición y regularización de derechos de aguas para dotar de mayor capacidad de agua a los APR existentes. En tercer orden se encuentra el déficit de capacidad instalada, pues se refiere al aprovisionamiento de agua de las nuevas familias que se van adhiriendo al sistema. Este problema deriva en una menor calidad, cortes de suministro y problemas de presión, sin embargo, a pesar de ello, se dispone del recurso para lo básico.

En cuarto orden está el equipamiento operacional, pues el existente, a pesar de su antigüedad, funciona y además los APR aplican mecanismos de operación y gestión para poder financiar un plan de reposición básico. En quinto orden se encuentra el equipamiento administrativo como apoyo a la gestión. En sexto lugar aparece la inversión en reposición de infraestructura y obras civiles.

En último orden se encuentra la inversión en sistema de saneamiento y alcantarillado. Que si bien es cierto, se trata de un aspecto fundamental en el cuidado del medio ambiente y salud de la población, no es menos cierto que del punto de vista técnico, la viabilidad de su implementación es prácticamente nulo, pues por una parte, en casi la totalidad de los casos, no existe el conocimiento técnico por parte de las directiva de los APR para poder administrar y operar esta fase del proceso, y por otro lado el tamaño de los sistemas no justificaría una solución a priori por las des economías de escala bajo el esquema de plantas de tratamiento y disposición.

Es importante destacar los recursos complementarios para una gestión óptima del sistema de APR de la RMS, indicados en la fila inferior del esquema anterior. Cada proyecto requiere recursos para estudios y diseños de mínimo $25 millones cada uno, que según las características del proyecto y las condiciones específicas aborda un promedio de 3 a 4 años. Por otra parte se debe considerar que cada proyecto de APR y la Operación misma del APR involucra asesorías por parte de la unidad técnica, lo que alcanza aproximadamente a 15,8% de la inversión.

Se mencionó que los sistemas de APR están concebidos como sistemas que abastecen de agua potable a las comunidades rurales, pero no han sido proyectados con capacidad para solucionar planes de emergencia de incendio, en cuanto a infraestructura de redes y capacidad de los estanques para abastecer grifos. A su vez se conoce de un proyecto especial orientado a la zona norte de la RMS que daría la opción de trasladar agua desde Llay Llay a Til Til, y que no necesariamente es parte del sistema de APR.

Por último, es necesario mencionar que el GORE RMS debiera asumir un rol más activo en la gestión cotidiana de los APR, particularmente en la orientación para postular a programas de subsidio estatal complementarios a los existentes y en la capacitación y orientación en áreas y temáticas que pudieran mejorar la gestión individual, tanto de los APR constituidos como en vías de constitución.

El estudio detectó la fuerte necesidad de los diversos comités y cooperativas, así como también de localidades aisladas, en contar con asesorías transversales en diversos aspectos de gestión y operacionales, como para postular los proyectos en cuestión, y que si bien son apoyados por los diversos municipios, estos apoyos en general son limitados, precisamente por la escases de los recursos involucrados. Lo anterior se ejemplifica con la necesidad de apoyar y asesorar en la regularización y fiscalización de derechos de agua, que constituye uno de los elementos prioritarios de viabilidad en el largo plazo de los sistemas de APR de la RMS.

Los Centros de Atención Integral (CAI) para la sostenibilidad de las OCSAS se definen como un emprendimiento social, sin fines de lucro, que ofrece servicios a un grupo de organizaciones comunitarias afiliadas para contribuir a mejorar y mantener el nivel de gestión de las mismas, a través de una oferta de servicios que incluye al menos capacitación y asistencia técnica en áreas priorizadas

En todo el continente americano existen Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) que han asumido, de una manera voluntaria, la tarea de mejorar la calidad de vida de sus comunidades a partir de la gestión comunitaria de los servicios públicos de agua y saneamiento, trabajo continuo que requiere de aprendizaje y capacitación constante.

Las comunidades organizadas alrededor de la gestión, administración, operación y mantenimiento de sus sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento básico han demostrado que tienen la capacidad de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios que prestan, ser sostenibles y aumentar su visibilidad e incidencia. Esto lo han logrado a partir de estrategias de trabajo colaborativo, mediante el cual varias OCSAS de una misma región se asocian para fortalecer su gestión, compartiendo conocimientos y oportunidades de aprendizaje, con beneficios para todas las organizaciones en igual medida, lo que subraya los principios de solidaridad y equidad en los cuales están basadas.

En este documento, la Fundación Avina describe seis experiencias de CAI para OCSAS que han logrado altos niveles de gestión y acompañamiento a sus organizaciones asociadas. Estos seis casos se refieren a i) La Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua, de la República de Honduras; ii) Asociación de Organizaciones Comunitarias prestadoras de servicios públicos de Agua y Saneamiento de Colombia; iii) Centro de Apoyo a la Gestión Rural de Agua Potable , CENAGRAP  de Ecuador; iv)  Sistema Integrado de Saneamiento Rural SISAR, CEARÁ de Brasil; v ) New Mexico Rural Water Association,  NMRWA, de Estados Unidos y vi) Water Service Facility Trust, WSFT. de Tanzania

El estudio de la Fundación revela que estos centros de Atención Integral tienen varios componentes en común, los que se sintetizan en los siguientes:

1. Nacieron como respuesta a las debilidades en la prestación de los servicios de agua y saneamiento con calidad que enfrentaban las OCSAS
2. Fueron creados con el objetivo principal de contribuir a la sostenibilidad de las OCSAS
3. Funcionan con una base de afiliación o pertenencia, y en la mayoría de los casos las afiliadas contribuyen financieramente al Centro de Atención Integral.
4. Ofrecen una lista de servicios a sus OCSAS afiliadas, siendo los más básicos la capacitación, la asistencia técnica y el acompañamiento integral, que pueden ser complementados con otros que varían de acuerdo con el contexto y la demanda local, como: reparaciones, apoyo para análisis de calidad del agua, almacenes de insumos, generación y alimentación de sistemas de información (medición de impacto), diseño e implementación de estrategias para la adaptación al cambio climático, entre otros.
5. Han implementado estrategias orientadas a la sostenibilidad de los Centros
6. Su público meta está enfocado a una región geográfica específica, sin que esto represente una limitante para ofrecer asesorías a OCSAS no afiliadas o mostrarse como ejemplo para comunidades de otras regiones.

Además de los aspectos comunes en las experiencias de estos CAI para OCSAS, se encuentran diferencias en otros elementos tales como su génesis, figura jurídica, el tipo de aliados que los apoyan, el nivel de asociatividad entre las OCSAS afiliadas, las fuentes de financiamiento y el nivel de sostenibilidad logrado.

Todas estas diferencias están ligadas a los contextos históricos y político-institucionales que han rodeado el surgimiento y crecimiento de las experiencias, así como a los tipos de alianzas y los actores involucrados en las mismas, generando procesos que han alcanzado grandes fortalezas en asistencia técnica, gestión comunitaria de los sistemas y gestión administrativa de las organizaciones.

Después de conocer las experiencias de estos seis modelos de Centro de Atención Integral para OCSAS, es posible recuperar una serie de aprendizajes basados en las similitudes y diferencias existentes entre una y otra experiencia, que parten del reconocimiento de factores de éxito y factores limitantes.

– Los CAI más exitosos en cuanto a cobertura de servicios y a sostenibilidad social y financiera son aquellos que están fundamentados en alianzas público-comunitarias,

– Las alianzas de los CAI con otras organizaciones como las universidades, ONG y agencias de cooperación permiten generar lazos colaborativos que aportan a la sostenibilidad financiera, al fortalecimiento de capacidades tanto de las OCSAS afiliadas como de los CAI, y a la construcción participativa de conocimiento para el registro, expansión y escalamiento del modelo.

– Los CAI deben tener un grupo destinatario definido y suficientemente amplio, que les permita alcanzar su punto de equilibrio técnico-financiero.

– La capacitación constante de los miembros de los CAI hace que los procesos de gestión y administración sean más productivos y estén siempre orientados al mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios, así como a la sostenibilidad de las OCSAS.

– Motivar el diálogo de saberes entre las comunidades, así como el compartir conocimiento entre pares, aporta sustancialmente al aprendizaje, la participación y a procesos de comunicación más efectivos y duraderos.

– Las OCSAS que reciben acompañamiento, asistencia técnica y capacitación están preparadas para brindar servicios con eficacia y así contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de sus usuarios.

– Generan estrategias que permiten el fortalecimiento de la cadena asociativa, desde las OCSAS hasta sus instancias mayores.

– Las estrategias emprendidas para prestar servicios a OCSAS afiliadas y no afiliadas (laboratorios, almacenes, etc.) aportan significativamente a la sostenibilidad financiera de los CAI.

– La asociación de CAI en instancias de mayor nivel (federaciones, confederaciones) las dotan de mayores aprendizajes, más visibilidad y, por ende, mayor capacidad de incidir en escenarios compartidos con organismos de gobiernos locales, nacionales y regionales.

– La visión de emprendimiento empresarial aporta a la sostenibilidad de los CAI. Ampliar la matriz de servicios con una oferta diversificada, como almacenes de insumos, servicios de calidad de agua y/o asesorías especializadas, reduce la dependencia en las cuotas de afiliación para sostener los servicios básicos del Centro.

– Desarrollar y mantener sistemas de información sobre el nivel de gestión de las OCSAS afiliadas es fundamental para que el CAI mida su nivel de eficacia. Estos sistemas además representan un aporte a las instituciones públicas encargadas de hacer acompañamiento a las OCSAS.

– Valores como el compromiso, la solidaridad y buena vecindad entre OCSAS, que se generan en las dinámicas locales, permiten sobrellevar y hacer frente a los limitados recursos financieros.

– Los CAI que identifican claramente las necesidades de sus asociados y gestionan eficiente y oportunamente los intereses para brindar respuestas concretas, oportunas y que cualifican el servicio interno.

 Uno de las principales limitantes para estas organizaciones está en que en muy pocos países existen políticas y normativa que permita el apoyo técnico y/o financiero de parte de los gobiernos a las OCSAS y sus instancias asociativas, situación que debe ser resuelta para el escalamiento del modelo.

– La poca disponibilidad de tiempo es una limitante para algunos directivos de los Centros que realizan sus labores ad-honorem, pues deben combinarla con actividades personales para obtener los recursos económicos para su subsistencia.

– La ubicación geográfica de las comunidades a veces no permite llegar a todos los rincones.

– La ausencia de estrategias alternas que permitan mejorar la sostenibilidad de los CAI debilitan su capacidad de acción.

– Concentrar el quehacer de los CAI a una zona específica reducida no permite el crecimiento, el fortalecimiento de sus acciones ni el aprovechamiento de economías de escala.

– Se debe trabajar con los gobiernos locales y nacionales para buscar alternativas que permitan establecer las alianzas público-comunitarias sólidas necesarias para mejorar la capacidad de los CAI de prestar acompañamiento a sus OCSAS afiliadas, así como escalar el modelo.

– La normativa debe ser construida desde procesos participativos que permitan el apoyo constante, reglamentado, sea financiero o técnico, a los CAI.

– Los CAI deben aportar a la autonomía de las OCSAS, su fortalecimiento e independencia financiera, para que no se entiendan estos esfuerzos como acciones que generen dependencia.

– Es importante fortalecer la voluntad de los usuarios para con sus organizaciones de base, que permita el reconocimiento de la labor de quienes trabajan en pro de la gestión comunitaria y de ellos, los usuarios, como actores activos en dicho proceso.

– A su vez, las OCSAS y sus asociaciones deben respetar y hacer valer la participación de los usuarios como portadores de saberes y conocimientos indispensables para la convivencia alrededor de los sistemas.

– Los miembros de los CAI deben capacitarse constantemente en los temas que se requieren para prestar un adecuado servicio a sus comunidades. Estas capacitaciones deben estar orientadas por el lenguaje sencillo y considerar los diversos niveles de educación alcanzados por los miembros.

– La capacitación constante de los miembros de los CAI potencializa su capacidad de reconocer las necesidades más sentidas por las comunidades y sus OCSAS.

– Realizar controles administrativos que apunten a la sostenibilidad de los CAI, repensando procesos y construyendo estrategias para garantizar su financiamiento.

– Establecer unas tarifas adecuadas de cuotas de afiliación y sostenimiento como un aporte más a la sostenibilidad.

– Ampliar la cobertura y radio de acción para que más OCSAS se afilien, y así fortalecer la acción de los CAI, mejorar procesos de incidencia y visibilidad, y lograr el punto de equilibrio financiero.

– Formalizar más el proceso de administración y de alianzas con otras organizaciones.

– Incorporar a las universidades y sus centros de investigación como aliados importantes para la gestión de conocimiento.

– Fomentar que en los países se creen organizaciones de segundo, tercer y cuarto nivel, de manera que cada nivel pueda trabajar por sus necesidades y objetivos. Para esto, es importante el papel que desempeña la CLOCSAS como elemento articulador, además a través de sus encuentros latinoamericanos.

– Construir planes estratégicos e indicadores de gestión que sean evaluados y monitoreados para verificar el cumplimiento de metas de los CAI.

– Documentar el proceso desde sus inicios para fortalecer las bases desde donde se construyen las estrategias, así como el escalamiento del modelo.

– Generar amplios portafolios que permitan a los CAI ofrecer servicios a las OCSAS y otras organizaciones relacionadas con el tema de agua y saneamiento

– La necesidad de bonificar a aquellas personas que realizan acciones en los CAI, para compensar su poca disponibilidad de tiempo, debe ser analizada a detalle entre los miembros de la alianza público comunitaria.

Sin duda alguna, el mayor aprendizaje después de conocer estas seis experiencias exitosas está en identificar la necesidad de construir modelos de CAI que permitan dar respuesta a los requerimientos que surgen en comunidades y países donde aún no se conciben este tipo de estrategias para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento por parte de actores comunitarios en las zonas rurales y periurbanas.

Entonces, un modelo de atención integral será la abstracción genérica de los distintos componentes básicos que se requieren para la conformación de un Centro de Atención Integral para OCSAS. Un modelo público-comunitario de atención integral para estas organizaciones tiene tres componentes básicos: la alianza social -que le da estructura y legalidad-, la oferta de servicios a sus afiliadas, y la población meta a la cual atiende, que puede estar conformada por sus afiliadas más otras OCSAS no afiliadas que también se benefician de sus acciones. Cada localidad, región o país, debería entonces adaptar los componentes del modelo de acuerdo con su propio contexto legal, con las necesidades a ser atendidas y las oportunidades identificadas.

Este libro tiene como objetivo sistematizar y analizar experiencias generadas en las dos últimas décadas y que están vinculadas primordialmente al desarrollo de programas nacionales dirigidos a la inversión en servicios de agua potable y saneamiento rural. Para ello se revisa la abundante documentación existente para integrarla en una visión regional que es, al mismo tiempo, estratégica y práctica y se apoya en la experiencia de países donde la proporción de población que vive en territorios rurales es significativa, como Colombia, Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, México o los países de Centroamérica.

De acuerdo con las definiciones censales comúnmente utilizadas2, más del 20% de la población de los países de América Latina y el Caribe son habitantes rurales; ese porcentaje suponía más de 127 millones de personas de acuerdo a estimaciones elaboradas por la CEPAL para el año 2015. Sin embargo, la población rural podría sobrepasar el 40% de la población total de América Latina si se utilizaran definiciones de la ruralidad menos convencionales, como, por ejemplo, las que describen a la población rural como aquella que vive en territorios con baja densidad y con tiempos de viaje a centros urbanos, que tienen un determinado nivel de servicios, inferiores a hora y media.

La evidencia empírica confirma que las comunidades rurales que aún no cuentan con servicios de agua y saneamiento son poblaciones que tienen mayores desventajas, sobre todo en lo que respecta al nivel de pobreza, su grado de dispersión y las vías de acceso a las comunidades; para llegar a ellas con servicios básicos, será necesario desplegar mayores esfuerzos en cuanto a financiamiento y definición de estrategias de intervención. Los países de América Latina necesitarán asignar recursos de origen fiscal para cumplir con las nuevas metas de desarrollo sostenible; esos recursos, generalmente, se complementan con recursos de financiamiento de las agencias de cooperación multilateral y bilateral para poder acelerar los programas de inversión dentro de una óptica integral del desarrollo rural. La efectividad, la eficiencia, los resultados y el impacto de las inversiones dependerán en gran parte del marco de políticas públicas que se adopten de manera específica para afrontar la problemática rural de los países, así como del marco institucional y de las capacidades de los Gobiernos, a todos los niveles de la Administración, para formular e implementar proyectos y programas de inversión y de asistencia técnica.

Los programas y proyectos en agua y saneamiento rural desarrollados en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), previstos para el año 2015, han movilizado cuantiosas inversiones para elevar las coberturas de acceso.

Esas intervenciones dejan un balance de lecciones aprendidas y desafíos pendientes para el próximo decenio, para el que se han establecido metas e indicadores que incluyen: i) la sostenibilidad de los servicios, ii) perfeccionar el enfoque en base a la demanda promoviendo una mayor inclusión, iii) optimizar los procesos de descentralización municipal para apoyar los servicios en áreas rurales, iv) desarrollar políticas sectoriales y financieras específicamente para el agua y el saneamiento rural, y v) evaluar la sostenibilidad con sistemas de monitoreo.

El libro está estructurado en 10 Capítulos cuya síntesis se expone a continuación:

Capítulo 1. Presenta brevemente los objetivos del libro y la audiencia a la que está dirigido, indicando que se trata de una guía de referencia para los tomadores de decisiones, profesionales y técnicos involucrados en la planificación, elaboración, diseño y ejecución de proyectos de agua y saneamiento rural.

Capítulo 2. Está dedicado a la nueva ruralidad y resume conceptos clave para comprender los cambios sociales, económicos y políticos ocurridos en el área rural en las tres últimas décadas, que han modificado el tradicional modelo de vida rural. Se analizan las diferencias entre lo urbano y lo rural en el contexto de la globalización y se presenta un resumen de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en el sector, así como una síntesis de las “diez ideas fijas” o conceptos muy arraigados que impiden un mejor desempeño en la provisión de servicios de agua y saneamiento rural. Finalmente, se enuncian algunos lineamientos para promover un “Nuevo Pacto Social” por el agua y saneamiento rural.

Capítulo 3. Se analizan los temas relacionados con la gestión de los recursos hídricos, el enfoque de cuencas y algunos impactos del cambio climático en el área rural. Se describen los temas referidos a la conservación, mejoramiento y recuperación de las microcuencas, así como los temas de vulnerabilidad y los costos de la adaptación y la resiliencia ante los desastres en la naturaleza como elementos a tener en cuenta en los procesos de planificación de proyectos de agua y saneamiento en el área rural.

Capítulo 4. Dedicado al análisis de las políticas públicas y su impacto en el cambio social y en el desarrollo socioeconómico. Se discuten las diferencias entre lo rural y lo urbano, y se revisa el marco legal e institucional de algunos países, asumiendo que las políticas públicas cubren un amplio espectro de procesos relacionados con los derechos económicos y sociales, y que pueden adoptar la forma de leyes, programas, reglamentos, prácticas administrativas y determinadas decisiones legales.

Capítulo 5. Identifica la secuencia a considerar cuando se formulan políticas públicas sobre agua y saneamiento rural. En ese sentido, se presentan algunas herramientas e instrumentos para elaborar las políticas públicas, tales como los estudios sectoriales, la asignación de prioridades (focalización), el fortalecimiento de las capacidades locales y la descentralización.

Capítulo 6. Describe las distintas fases o etapas por las que pasa una demanda comunitaria de servicios de agua y saneamiento hasta convertirse en una realidad. Comenta los principales elementos de las etapas de pre-inversión, inversión y post-inversión en sus componentes técnico y social, con experiencias que pueden servir de referencia para el diseño o ajuste del ciclo de proyecto de su propia institución o programa de desarrollo.

Capítulo 7. Contiene una sistematización que facilita la formulación de inversiones sectoriales en agua potable y saneamiento rural para su consideración por parte de organizaciones internacionales de financiamiento al desarrollo; en ese sentido, se analiza el ciclo de un proyecto de inversión (antes, durante y después) en el marco de la estrategia de un país; se analizan las etapas de preparación y ejecución de un programa o un proyecto (perfil, prefactibilidad, factibilidad, etc.) y los pasos de la evaluación técnica, económica y ambiental. Un tema de especial interés es el de los “stakeholders”, considerados como participantes, socios, aliados y/o actores en el diseño e implementación de un proyecto, cuya participación se debe establecer de manera clara y oportuna. Los stakeholders son esenciales para el éxito de un proyecto; por ello, se deben buscar los medios necesarios para contar con su apoyo a través de campañas de información y promoviendo activamente su participación. Para lograrlo, se sugieren los pasos que ayudan a elaborar un mapa de los stakeholders en función de sus intereses y eventual poder e impacto en la concepción, planificación y ejecución del proyecto.

Capítulo 8. Presenta un resumen de los temas claves para el diseño de una guía técnica en la preparación de proyectos de agua potable y saneamiento rural. Se describen algunos parámetros básicos de diseño, las fórmulas para calcular la demanda, algunos rangos de consumo de países, así como el control de calidad de las fuentes y el control y operación de las redes según las tecnologías usadas, entre otros aspectos.

Capítulo 9. Expone un conjunto de asuntos esenciales para asegurar la calidad y permanencia de los servicios asociados a un proyecto de agua y saneamiento rural; se evalúan las barreras que obstaculizan el logro de la sostenibilidad y las herramientas para superarlas, las cuales deben ser parte integral de todo el ciclo del proyecto. Entre los temas tratados están el papel de los Gobiernos locales y el control de la calidad del agua, la administración, operación y mantenimiento que se deberán considerar en los expedientes técnicos, así como la participación comunitaria, la educación en salud e higiene y la importancia crucial del lavado de manos. Un tema clave en la elaboración de los proyectos es el llamado “enfoque basado en la demanda”, el cual, aunque sigue siendo conceptualmente válido, deberá ajustarse a una nueva realidad rural que se expresa con renovadas aspiraciones sociales y creciente protagonismo político. Finalmente, se analizan diversos modelos de gestión comunitaria, sus limitaciones y su potencialidad, destacando la importancia de promover la asociatividad de los operadores rurales como parte de una política pública para el medio rural.

Capítulo 10. El último capítulo describe un grupo acotado de casos que resumen buenas prácticas y lecciones aprendidas en programas y proyectos de agua y saneamiento rural de distintos países.  Perú (el enfoque basado en la demanda), Honduras y Nicaragua (proyectos ejecutados por la comunidad), Colombia (las políticas sectoriales), Estado Plurinacional de Bolivia (participación comunitaria y municipal), Ecuador (saneamiento rural sostenible) y México (coordinación institucional).

Este artículo publicado en la Revista Polis parte señalando que, a diferencia de las grandes ciudades cuya demanda por agua es normalmente abastecida por empresas públicas o privadas, en las poblaciones rurales latinoamericanas se han creado sistemas de abastecimientos autónomos a partir de organizaciones comunitarias, algunas ya existentes, y otras creadas específicamente con ese propósito. En la actualidad, estas organizaciones comunitarias de agua potable rural se encargan de la administración y del mantenimiento de los sistemas de agua potable rurales y/o del saneamiento. Citando registros de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento el autor destaca la existencia de más de 80 000 organizaciones formales quienes entregan agua potable a más de 40 millones de personas

Especialmente se mencionan las Juntas de Agua y Comités de Desarrollo Comunitario de El Salvador, las Juntas Administradores de Acueductos Rurales de Panamá, las Asociaciones de Acueductos Comunales de Costa-Rica, las Juntas administradoras de Agua Potable de Ecuador, o las comunidades de agua de Venezuela forman una alternativa a sistemas municipales y públicos. En México, Honduras, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y República Dominicana los sistemas comunitarios, coexisten con sistemas privados, públicos o municipales. En Chile, los comités y cooperativas de Agua Potable Rural (APR) representan una alternativa a la privatización de zonas urbanas y demuestra en qué aspectos los sistemas comunitarios constituyen una alternativa de producción del agua potable con respecto a los sistemas públicos, municipales o privados.

A partir del caso chileno, el artículo intenta demostrar que los sistemas comunitarios rurales se fundamentan en una economía substantiva que genera una territorialización y patrimonialización del agua. En un contexto de privatización y mercantilización, los comités se ven afectados o transformados, asimilándose a modos de administración capitalistas privados. Sin embargo, estrategias y campañas de solidaridad impulsadas por organizaciones locales, nacionales y transnacionales, emergen para defender su forma alternativa de producir el agua potable.

Las organizaciones comunitarias son organizaciones sin fines de lucro, conformadas por los habitantes de una localidad rural concentrada, cuyo objetivo es abastecer en agua potable a sus miembros, respectando los criterios de calidad, continuidad y asequibilidad del servicio. La directiva de las organizaciones tiene que captar, potabilizar y administrar el servicio de distribución, y en algunos casos recaudar y tratar las aguas servidas -aunque es mayoritario el uso de un pozo negro o fosas sépticas-. Su particularidad reside en el funcionamiento democrático interno: las decisiones se toman en asamblea, la cual elige a un directorio por un mandato anual. La tarifa del agua, fijada por la asamblea o la directiva, permite cubrir los gastos en inversiones de mantenimiento y extensión de redes. Poseen una concesión de uso de los recursos hídricos, respetando los códigos de agua o leyes de agua nacionales. Los sistemas son creados bajo una iniciativa colectiva local, un programa nacional o una Organización No Gubernamental (ONG). Las formas de gestión son muy variables en función de las capacidades de funcionamiento internas, las realidades sociales y culturales de la comunidad y sus condiciones de formalidad o informalidad.

La economía substantiva esta empotrada en las reglas sociales, culturales y políticas que rigen ciertas formas de producción y de circulación de los bienes y servicios. Este acoplamiento se diluye cuando se produce un proceso de excesiva mercantilización de la economía.

En la esfera del agua los procesos de mercantilización y de privatización son el producto de la aplicación de una definición formal de la economía . El artículo analiza el caso chileno, el cual ilustra el proceso de privatización llevado a cabo en la mayoría de las ciudades latinoamericanas en los años 1990 y un proceso de mercantilización de los más extremos del continente.

Para el autor, la constitución del agua como una mercancía ficticia comienza en 1977 y alcanza su paroxismo con la proclamación del código de aguas de 1981

Este informe tiene, entre otros objetivos, conocer cómo están organizadas y recorrer la reciente historia, logros y desafíos a futuro de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS). La CLOCSAS, es una organización que promueve la asociatividad de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS), como estrategia para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua (GCA) para consumo humano en Latinoamérica y el Caribe.

Aunque la decisión de fundar una Confederación que agrupara a todas las organizaciones comunitarias de agua había sido adoptada en el año 2011, en el Segundo Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua, en Cusco, Perú, fue durante el III Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua, que se realiza en Cuenca, Ecuador, en septiembre del 2012, la CLOCSAS donde la CLOCSAS sostiene su Asamblea Fundacional y aprueban sus estatutos

Esta publicación incluye, además, reflexiones sobre la importancia de la asociatividad en la gestión comunitaria del agua, la realidad de la nueva ruralidad latinoamericana -de un modelo de sociedad agraria con actividades primarias aisladas a una sociedad rural más diversificada y conectada- marcada por una mayor conectividad física y virtual y unas mayores demandas de servicios básicos de calidad, la generación y desarrollo del conocimiento e incidencia de la CLOCSAS, la urgencia de priorizar el saneamiento o la necesidad de responder a las exigencias de la adaptación al cambio climático. De acuerdo a este informe, en Latinoamérica existen más de 145.000 OCSAS que dan acceso a agua a más de 70 millones de personas.

El fortalecimiento institucional y la necesidad de lograr visibilidad y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua son elementos clave a los que dar respuesta en este momento para lograr un mejor desempeño de esta labor. Identificar bien los desafíos es crucial para empezar a enfrentarlos y afrontarlos con éxito.

Según la Fundación Avina, “las OCSAS son estructuras sociales creadas por grupos de vecinos donde generalmente no llega el servicio de los operadores públicos, privados o mixtos que atienden a las grandes ciudades. Por medio de estatutos de autogobierno, trabajo mancomunado y elección de líderes de manera democrática, dirigen sus esfuerzos a establecer un sistema de captación, potabilización, distribución y pago por el servicio del agua y algunas veces del saneamiento. Sus líderes normalmente no reciben remuneración por su trabajo, sino que lo hacen por vocación y compromiso social”.

Hoy en día, aunque algunas de esas OCSAS son fuertes y capaces de proveer agua a sus comunidades de manera sostenible, lamentablemente eso no es la norma. De manera general, se trata de organizaciones débiles, con poco apoyo institucional, limitados recursos, pocas oportunidades de fortalecer sus capacidades, poca cohesión entre ellas y limitada representación a nivel nacional que les permita ser visibles y tomadas en cuenta.

Esta situación repercute directamente en las condiciones actuales de funcionalidad y en la respuesta que estas organizaciones dan a los grandes desafíos del sector de agua y saneamiento rural que presenta la región.

En conclusión, la problemática de las OCSAS es muy heterogénea y compleja, no solo entre un país y otro, sino incluso dentro de un mismo país, considerando los diferentes modelos de organización, la calidad del servicio y los niveles de sostenibilidad de los sistemas. Existe una gran variabilidad en el tamaño y servicios ofrecidos por la OCSAS. Las más pequeñas y generalmente las más débiles atienden a unas 50 familias, pero las más grandes pueden incluso llegar a abarcar varios miles de familias. El foco de servicio de la mayoría de las OCSAS es el agua, pero algunas más sofisticadas han ampliado sus servicios al saneamiento de aguas residuales e incluso a la gestión de sólidos. Además de su rol primordial de provisión de agua, las OCSAS promueven en sus comunidades valores democráticos, generan cohesión por un objetivo común y permiten el desarrollo de liderazgos. Para beneficiarse de economías de escala, pero sobre todo para poder ejercer mejor y con más peso su participación en la sociedad, las OCSAS en varios países de la región han empezado a organizarse en asociaciones de segundo nivel y en muchos casos hasta en federaciones nacionales de OCSAS.

Este documento, publicado el año 2012, entrega antecedentes sobre las Asociaciones Comunitarias de Agua Potable Rural en Chile, su desarrollo histórico y los desafíos futuros de su labor. De igual modo, recoge parte importante de los planteamientos gremiales del sector, y las propuestas de marco normativo que de manera autónoma y colectiva en la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), han desarrollado durante la última década.

Fue elaborado en base a información recopilada en instituciones públicas, gremiales, académicas y comunitarias. En terreno, mediante entrevistas a actores claves, así como durante talleres y encuentros realizados en colaboración con dirigentes y socios de las APR, quienes trabajan en las localidades rurales a cargo de la gestión y abastecimiento del agua. También aportaron a este trabajo la Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Obras Sanitarias (FENATRAOS) y la Asociación de Funcionarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (SMAPA).

En este estudio se señala que los Comités de Agua Potable Rural, son “organizaciones comunitarias de base funcional” regidas por la Ley de Juntas de Vecinos, bajo el Decreto Nº 58, de 1997, y La ley Nª 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias del Ministerio del Interior. Los Comités no persiguen fines de lucro, gozan de personalidad jurídica y sus socios ingresan y participan de forma voluntaria, personal e indelegable, por lo cual nadie puede ser obligado a pertenecer a ella, ni impedido de retirarse de la misma.

Se describe el modelo asociativo y de operación de los Servicios de Agua Potable Rural el cual es ejercido por cuenta de cada asociación, con aportes en mano de obra y donde las propias comunidades han sido operadoras y gestionadoras de sus servicios. Son ellas las que, a la fecha en que se elabora el documento, administran los recursos, realizan la mantención de los equipos, e incluso han asumido responsabilidades en torno al diseño y la ejecución de obras menores de mejoramiento con recursos propios.

La asistencia técnica en el caso de los Comités y Cooperativas de APR, son realizadas por empresas externas a través de Unidades Técnicas, que son contratadas para apoyar a los sistemas comunitarios en diversas labores técnico-administrativas y de capacitación. Sobre esta asistencia técnica pesan numerosos reclamos desde las organizaciones de base, relativas al no cumplimiento de las tareas de asistencia técnica y de capacitación que realmente requieren las organizaciones de agua potable rural. A esto se suman las denuncias por falta de fiscalización a estas empresas en muchas regiones y ausencia de colaboración directa con las organizaciones y sus dirigentes.

Las asistencias técnicas son adjudicadas principalmente a las empresas sanitarias privadas que operan en cada una de las regiones del país. La excepción a esta regla, se encuentra en la región de Antofagasta donde la Unidad Técnica no corresponde a una empresa sanitaria, y la División de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (DOH-MOP) otorga la supervisión y asesoría a los APR.

La calidad del agua exigida a los Comités y Cooperativas de agua potable rural, se rige por la Norma Chilena N° 409. La toma de muestras para el análisis de calidad, se contrata a empresas y laboratorios privados que se encargan de controlar el estado bacteriológico y físico-químico del agua que se suministra, bajo supervisión del Servicio de Salud de cada región. En general, los laboratorios certificados en cada región para estos fines, son propiedad de las empresas sanitarias urbanas.

El hecho que las empresas sanitarias concesionarias de las zonas urbanas de cada región sean las principales asesoras de las organizaciones de agua potable rural, resulta un hecho contradictorio y riesgoso según los representantes y dirigentes sociales del sector.

Al respecto, señalan que en la eventualidad de generarse mediante la futura Ley de SSR las condiciones legales que permitan la intromisión de actores privados en sus áreas de concesión, serían estas mismas empresas las interesadas en solicitar la concesión de los servicios rurales más grandes (con mayor cantidad de arranques y clientes) de cada región, pues cuentan con información estratégica y de gran valor económico, social y legal sobre los Comités y Cooperativas a lo largo de Chile. Esta situación le otorga al sector sanitario privado, una ventaja comparativa en relación al acceso de información estratégica y clave sobre cada sistema (APR), por sobre la sociedad civil y el sector público.

Para los autores del estudio, es urgente avanzar en un marco normativo específico para el Agua Potable Rural que contemple criterios básicos, como:

1. Velar por el resguardo del territorio operacional de los APR.
2. Respaldar la formación de sus dirigentes y socios desde una perspectiva de desarrollo estratégico y sustentable para las zonas rurales donde se desenvuelven, asegurando la permanencia del carácter asociativo y solidario que prima en las asociaciones comunitarias. De esta forma, se despejan las ambigüedades que hasta el día de hoy priman en el proceso operativo entre el estado y las asociaciones de Agua Potable Rural, contribuyendo a “blindar” a este sector ante la inminente incursión del sector privado.

Se describe el rol que distintas instituciones del sector público juegan respecto de los sistemas de agua potable rural.

Instituciones públicas vinculadas al sector sanitario rural: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Código Sanitario, Ministerio de Vivienda, Gobiernos Regionales y Municipalidades.

En este estudio también se identifican las objeciones que las organizaciones de APR plantearon desde que se conoció el proyecto que crearía los Servicios Sanitarios Rurales, entre los más relevantes estaban los siguientes:

1. El texto está más orientado a una institucionalidad empresarial, lo cual es contrario al espíritu que anima a los APR y FENAPRU.
2. El ámbito de aplicación (Art.N°1) deja abierta la puerta para que “otras personas”

distintas a Comités y/o Cooperativas, en casos fundados, y que tan sólo figuren inscritas en registro público que deberá llevar la SISS, puedan optar a prestar el SSR. A juicio de FENAPRU la prestación de los SSR sólo debe ser de competencia de los Comités y/o Cooperativas.

3. El texto no considera la realidad de los pequeños y medianos Comités y/o Cooperativas, los cuales en su operación y gestión no pueden equipararse a los Comités de APR que cuentan con más de 500 arranques. En el texto actual se eliminan los permisionarios y licenciatarios, que expresaba un criterio diferenciador importante según FENAPRU, atendida las distintas realidades.
4. El rol que desempeña la SISS en el texto como organismo rector y fiscalizador debiera ser revisado en detalle atendida la ruralidad de los comités. Sin embargo, se le reconoce un rol técnico importante en cuanto al procedimiento de fijación de tarifas. Respecto a la fiscalización, requerimientos de información y sanciones, debe existir educación prevención y luego la sanción.
5. El texto permite que los actuales operadores (Comités y Cooperativas) puedan subcontratar el tratamiento y disposición de las aguas servidas u optar por no dar algún servicio (captación y distribución de aguas y recolección y tratamiento de aguas servidas), lo cual constituye una amenaza y deja la puerta abierta a que inversionistas privados ingresen a los servicios de saneamiento con fines de lucro. Esta situación es muy grave, ya que desvirtúa el propósito inicial que han tenido las organizaciones de APR al demandar una institucionalidad pública para su sector.
6. El texto plantea permitir que el operador suministre el servicio con fines distintos al consumo doméstico cuyo precio puede ser pactado libremente. Esto no es aceptable ya que, la idea es alcanzar un orden de prelación para el agua y la distinción explicita de uso doméstico para los SSR, con el fin de (1) salvaguardar el consumo humano, (2) propiciar pequeña actividad comercial, agrícola y turística, otorgado únicamente cuando el consumo humano este asegurado.
7. En relación con el área urbana sobreviniente (Art. N°20), se da la opción de seguir rigiéndose por la nueva Ley rural u optar por regirse a través del DFL N°382 (operar como empresa sanitaria en dicha área urbana), dentro de un año, en cuyo caso opera el periodo de ajuste gradual (Art. 21. Esto constituye la puerta de entrada para la concesionaria urbana privada más cercana, ya que posibilita la apertura de procedimientos de licitación por parte de la SISS.

Finalmente, el documento recoge las objeciones que específicamente fueron formuladas por FENAPRU, las que se sintetizan en las siguientes

a) Se propone que los convenios de asistencia técnica vuelvan a ser atendidos por la DOH, y que se posibilite la entrega de estos servicios por parte de las asociaciones de APR y/o FENAPRU.

b) Se considera que pocos Comités APR están en condiciones de cumplir con las nuevas exigencias de operación de los servicios. Para suplir lo anterior se requiere un programa de capacitación a los dirigentes, y poner a disposición de los mismos, técnicos y profesionales con experiencia en temas sanitarios. Además, debe primar el principio de gradualidad en su implementación.

c) Se valora y destaca que el texto actual establezca con claridad la normativa relacionada con derechos y obligaciones del operador, sin embargo, hace notar que falta similar claridad respecto de las obligaciones de los usuarios de los SSR. Igualmente reconoce que se mantenga el mérito ejecutivo respecto de boletas y facturas, como también que la deuda radique en el inmueble en el cual se presta el servicio.

d) Se considera como aspiración satisfecha la incorporación en el texto, del derecho a usar bienes nacionales de uso público para instalar infraestructura sanitaria, como también que se permita imponer servidumbres. Lo anterior facilitará la operatoria de los SSR, y fortalece el carácter prioritario que debe tener la dotación de agua para consumo humano y doméstico.

e) Propone que para que la operatoria de la subdirección de desarrollo y fomento de SSR sea eficiente y eficaz a nivel nacional, debiera ser dotada e implementada con personal y equipos técnicos en número suficiente para prestar una adecuada cobertura en cada región, priorizando aquellas con un mayor número de comités APR.

f) Valora positivamente la incorporación de la regularización de los activos de los APR, en cuanto al traspaso de los derechos de aguas. Se evalúa que la forma propuesta en el articulado del proyecto de ley, cumple con una sentida aspiración de la asociación.

g) Evalúa que la eliminación de 25 artículos previamente consensuados por las Asociaciones Comunitarias de Agua Potable Rural (Comités y Cooperativas) y que fueron aprobados por unanimidad en su primer tramite legislativo (Senado), es un retroceso.

h) Demanda restituir la existencia de un consejo asesor o consultivo por ley, para apoyar la participación de las Asociaciones Comunitarias de Agua Potable Rural y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos futuros que regulen el que hacer del sector.

i) Demanda la incorporación de las Asociaciones Comunitarias de Agua Potable Rural en el proceso de implementación de la ley, y la elaboración del Reglamento, cuestión acordada con los gobiernos anteriores.